La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería intervenir de oficio. Por lo pronto, tendría que solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) medidas cautelares, cuya finalidad —precisa la ley de la CNDH— es “evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación”.

El comunicado mismo de la SEP, vergonzantemente difundido la tarde del viernes, como calculando que el ambiente de fin de semana atenuaría su impacto, parece redactado con el rubor de lo indefendible. Dice: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Ese rubor explica que no se diga una palabra acerca de esos nuevos elementos a considerar, aunque todo el país sabe cuáles son, y que se informe que quedan suspendidas no las evaluaciones, sino las fechas publicadas para su realización. Es obvio que las fechas no pueden suspenderse, pues el tiempo transcurre incesante, sin que haya decreto que pueda suspenderlo. Cronos tiene oídos sordos a ruegos como el del Fausto de Goethe: “Detente, instante, eres tan hermoso”.

No es facultativo de la autoridad, sino obligatorio, el cumplimiento de la ley, y la ley suprema es la Constitución de la República. El artículo 3º constitucional establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y media superior—, calidad que requiere, entre otras cosas, la idoneidad de los docentes.

El mismo numeral ordena “la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”. Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo la evaluación que les corresponda.

La decisión de suspender la evaluación de docentes y aspirantes es violatoria del artículo 3º de la Constitución y atropella la razón de ser del INEE. Pero lo más grave es que se está eliminando, en perjuicio de la mayoría de los niños y los adolescentes de hoy y de mañana, la posibilidad de que en algún momento se haga realidad su derecho a recibir una educación de nivel aceptable, que les permita desarrollar armónicamente todas sus facultades, busque el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, y les sirva, además de para ser útiles a la sociedad, como instrumento de supervivencia y movilidad social.

Los hijos de padres económicamente favorecidos seguirán teniendo en las escuelas privadas a los mejores profesores y los mejores medios, en tanto que los niños y los muchachos pobres —los que más necesitan una educación de calidad, advierte Federico Reyes Heroles en su punzante artículo “Lluvia de regresiones”—en muchos casos estarán condenados a que sus maestros no sean los que demuestren más aptitud, lo que les quitará las mejores oportunidades en la vida: la escuela pública continuará siendo tristemente reproductora de la injusticia social.

De todas las reformas que el gobierno federal logró introducir en la Constitución, ninguna es tan importante como la educativa, que no era, en realidad, más que la base para la necesaria transformación de lo que Gilberto Guevara Niebla denominó memorablemente una “catástrofe silenciosa”.

El más notable efecto de la buena educación —enseña Savater— es “despertar el apetito de más educación, de nuevos aprendizajes y enseñanzas”. Es por eso que Montaigne, varios siglos atrás, dictaminó que “el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender”. Para lograr encenderlo se requieren profesores que día a día se actualicen y sean mejores, lo que una evaluación adecuada puede certificar.

La CNDH tiene poderosas razones para intervenir con urgencia en defensa del interés superior de los niños y los adolescentes. Ω