Son alarmantes los asesinatos de líderes
y lideresas sociales y personas
defensoras de derechos humanos
en Colombia, se saludan las medidas
adoptadas por el gobierno
para enfrentarlos y se proponen medidas
para prevenirlos y perseguirlos

(Resumen)

15 de enero de 2019
Comunicado 008/19

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia del 27 al 30 de noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación de personas defensoras de derechos humanos. La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e integrada por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Jefa del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Situación de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos

La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, en particular los serios desafíos para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectan. En marzo de 2018, alertó en un comunicado de prensa que los asesinatos de personas defensoras y líderes sociales aumentaron sostenidamente en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y advirtió que la mayoría de estos asesinatos se perpetran contra personas defensoras en situación de especial vulnerabilidad en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

            Cabe recordar que en octubre de 2016, la CIDH saludó la firma del Acuerdo Final de Paz y destacó la importancia de su implementación, pues la construcción de la paz es indispensable para la garantía efectiva de los derechos humanos. El Acuerdo de Paz incorporó secciones sobre la prevención del riesgo y la protección de personas defensoras de derechos humanos y previó el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan estas personas, en particular las que trabajan en contextos rurales, mediante la elaboración de manera concertada con las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de protocolos para su protección integral. Además, el Acuerdo dispuso la promoción de medidas integrales de seguridad y protección contra la estigmatización, mecanismos de difusión amplia, campañas de legitimación y reconocimiento de las personas defensoras, tanto en áreas rurales como urbanas, así como la creación y difusión de medios de comunicación comunitarios y de interés público para el impulso de los derechos humanos y la convivencia y que se esté avanzando en hacer efectivos estos compromisos.

            Asimismo, la CIDH ha otorgado 10 medidas cautelares desde 2016 a la fecha para la protección de líderes sociales, comunidades y defensoras de derechos humanos. En el 2017 la Comisión publicó dos casos relacionados con esta materia, en los que recomendó, entre otros, fortalecer la capacidad institucional para combatir lo que identificó como patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de investigación que teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, permitan un desarrollo exhaustivo de la investigación bajo esta hipótesis. Asimismo recomendó fortalecer los mecanismos para la protección de personas cuyas declaraciones tengan un impacto relevante en las investigaciones y que se encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a la misma; así como desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo.

            Durante la visita de trabajo, las autoridades, organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en señalar que existe un grave problema de violencia contra las personas que defienden derechos humanos y aquellas con liderazgo social y comunal, que se ha incrementado a partir de la firma e implementación de los Acuerdos de Paz. Según la información recibida por la Comisión, dicha violencia se manifiesta en altos niveles de asesinatos, y también en graves amenazas, estigmatización y actos de criminalización. Asimismo, tanto el Estado y las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que se requiere adoptar medidas integrales que garanticen la seguridad de esta personas, y prevenir los ataques, garantizar los derechos de las personas agredidas, así como el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el liderazgo social y comunitario, e investigar las acciones en su contra. De acuerdo con la información recibida, la violencia tiene causales múltiples, entre ellas, el control del territorio, el aumento de cultivos ilícitos, la presencia de actores armados ilegales, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico, todo lo cual expone a los líderes sociales a formas brutales de violencia por representar formas de resistencia y denuncia de la criminalidad.

            La Comisión felicita el compromiso del Gobierno de Colombia de mantener el diálogo con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, así como la expresión de compromiso con la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Durante diversas reuniones sostenidas durante la visita, las autoridades informaron a la Comisión sobre acciones de coordinación interna para lograr estructurar una política pública de protección integral a personas defensoras y líderes sociales a través del Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO). Este contiene tres ejes de acción: articulación institucional, a través del cual dará respuesta a múltiples espacios y normas ya existentes; actuación estratégica en el territorio, para focalizar la problemática en ciertos municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la ausencia de respuesta institucional; y una estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, el Estado informó que en Apartadó se firmó el Pacto por la Vida que contiene acciones oportunas para la protección de líderes sociales y que será socializada con las comunidades. El Estado también informó sobre medidas adoptadas en materia de investigación para abordar esta situación.

            Al terminar la visita, la Comisión reafirma su preocupación por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. La CIDH toma nota de las acciones del Estado colombiano y saluda que se tomen medidas para hacer frente a esta situación. Asimismo, y reafirmando la importancia de la labor de las personas defensoras en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, la Comisión ofrece al Estado colombiano su acompañamiento en estas iniciativas para abordar esta problemática.

Defensoras y defensores de derechos humanos en especial riesgo

El 27 de marzo de 2018 la Comisión advirtió que muchas de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas desempeñaban acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz relativos a la tierra. Durante su visita al país, la CIDH recibió información consistente en este sentido y que apunta a un patrón de violencia contra líderes y lideresas sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción Comunales, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos armados ilegales que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que reclaman la restitución de tierras. En Antioquia, por ejemplo, la CIDH recibió documentación sobre un alto número de agresiones contra personas defensoras en el departamento, que se concentran especialmente sobre líderes de paz, sustitución de cultivos, ambientalistas y reclamantes de tierras.

            Asimismo, la Comisión fue informada sobre la situación de agresiones contra firmantes del Acuerdo de Paz, quienes afirmaron que varios ex guerrilleros y familiares en proceso de reincorporación han sido asesinados y agredidos. Sobre este asunto, la Comisión recuerda sus recomendaciones para implementar mecanismos de no repetición y disponer mecanismos para asegurar la protección de su vida e integridad que han firmado acuerdos de paz y su reincorporación a la vida política.

            Por otra parte, la CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación sobre la situación de vulnerabilidad a la violencia que enfrenta la población afrocolombiana. En su visita a Quibdó, la delegación de la CIDH fue informada sobre la persistencia de la minería ilegal y de cultivos ilícitos, megaproyectos así como de diferentes actores armados en sus territorios. Los índices elevados de pobreza en uno de los departamentos más multiétnicos como El Chocó, requiere la adopción de medidas urgentes. Las organizaciones refirieron a la existencia de una grave situación humanitaria en el departamento y a la falta de programas sociales en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En particular describieron los altos índices de homicidios de algunos centros urbanos del departamento que superarían el promedio nacional, así como las restricciones a la movilidad por parte de actores armados ilegales que han llegado al territorio después de las FARC y que han afectado procesos colectivos étnicos. Igualmente, informaron sobre amenazas recibidas en contra de líderes y lideresas así como la grave situación de mujeres afrocolombianas para quienes “seguía la guerra” por la persistencia de violencia en su contra, el reclutamiento de niñas y niños y el desplazamiento forzado.

            La información recibida por las autoridades indígenas con las que la Comisión se reunió en Quibdó apunta a la persistencia de amenazas en su contra y a la imposición de reglas en sus territorios por parte de actores armados. Asimismo señalaron que debido a esta situación el 95% de las comunidades indígenas en el Chocó se encuentra confinada en sus comunidades, y que hay un incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También refirieron a la falta de programas sociales para los pueblos indígenas así como para el disfrute de los DESCA, enfatizando preocupación por los altos niveles de desnutrición. La Comisión conoció de la creación de una Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó que tiene como objetivo su fortalecimiento institucional, y escuchó a las organizaciones sobre la necesidad de implementar dicha Comisión Intersectorial para avanzar en medidas estructurales para el departamento, que a su vez sirvan para permitir la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas. La CIDH insta al Gobierno a tomar medidas para materializar la paz en este territorio desde un enfoque de derechos humanos y étnico así como para adoptar políticas sociales que aborden las necesidades particulares en materia de DESCA en este departamento.

            Las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados por motivos de género relacionados a su condición de mujer que a su vez se exacerban de acuerdo con los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de género, su origen étnico, su ubicación territorial. En el caso particular de Colombia, en reiteradas ocasiones la CIDH ha manifestado además la afectación particular del conflicto sobre las mujeres. Durante su visita, la CIDH fue informada que cada vez se constata más y mayores signos de violencia contra las mujeres defensoras como un factor de desprecio hacia la defensora por ser mujer, tales como la violencia contra los cuerpos de las mujeres cuando la violación y abuso sexual preceden los asesinatos y las agresiones. Asimismo recibió varias denuncias sobre agresiones específicas a mujeres defensoras de derechos humanos pertenecientes a grupos étnicos. Respecto a las investigaciones sobre estos casos, indicaron la falta de profundización de la investigación por razones de género. Las organizaciones de mujeres señalaron algunos avances normativos que contemplan el impacto desproporcionado que enfrentan y que incluyen medidas diferenciadas para su protección que de ser implementados garantizarían el ejercicio libre y seguro de sus liderazgos, de manera particular, la creación de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (Decreto 1314 del 10 de agosto del 2016) y la adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras junto con su plan de acción 2018 y la aprobación de la construcción participativa del plan de Acción cuatrienal 2019-2022 del mencionado Programa (Resolución 0845 del 14 de junio de 2018). En particular enfatizaron la importancia de que las iniciativas estatales para establecer estrategias de coordinación y articulación recojan el enfoque ya establecido en estos programas en materia de garantías para mujeres.

            Asimismo, en reuniones con sociedad civil la Comisión fue informada sobre el riesgo agravado que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos LGBTI, habiéndose registrado un aumento significativo de los asesinatos y amenazas. Las organizaciones señalaron que esto se debe al doble riesgo que enfrentan, tanto por su trabajo como defensores de una población históricamente discriminada como por los prejuicios hacia su orientación sexual o identidad de género y la ausencia de medidas diferenciales de prevención, protección y garantías para la defensa de los derechos de esta población. La delegación de la CIDH también fue informada sobre el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que tiene dentro de sus funciones identificar escenarios de riesgo de violaciones de derechos humanos, monitorear tales situaciones y reportarlas a las autoridades, con el propósito de que se tomen medidas de prevención eficaces. Al respecto, la Comisión destaca la labor de este mecanismo para la detección de amenazas de agresiones contra personas defensoras y lideresas sociales, resalta su labor en los lugares rurales e insta al Estado a fortalecer el mecanismo como medida de prevención de violencia contra esta población.

Las políticas públicas sobre defensores y los espacios de diálogo

La Comisión toma nota de la apertura del Gobierno de Colombia al escrutinio internacional, así como la expresión de su compromiso con la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las autoridades hicieron referencia a una coordinación de la política pública y la adopción de nuevos planes de prevención y protección como el PAO mencionado anteriormente. La CIDH toma nota de estas acciones y saluda que se tomen medidas para hacer frente a los graves fenómenos de violencia contra esta población. Asimismo, llama al Estado a convocar a las organizaciones de la sociedad civil para que participen de estas iniciativas en todo el proceso, desde su construcción, implementación y evaluación.

            En las diversas reuniones, las organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre la existencia de espacios de diálogo creados anteriormente con el Estado en los que se han realizado acuerdos previos, como la Mesa Nacional de Garantías, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,.. La CIDH llama al Estado de Colombia a convocar a estos dos espacios de diálogo y a la construcción conjunta con la sociedad civil de acuerdos que garanticen una implementación de políticas integrales de prevención y protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

            Además, celebra que en la audiencia pública en el 170 período de sesiones de la CIDH realizada el 6 de diciembre de 2018 en Washington D.C., las autoridades del Estado hayan aceptado la petición de la sociedad civil para participar de los planes de prevención y promoción a personas defensoras. La Comisión dará seguimiento junto al Estado sobre dichas medidas.

Recomendaciones

La CIDH reitera el rol esencial que defensores y defensoras de derechos humanos tienen en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia. Es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.

            A la luz de las anteriores observaciones, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia:

  1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades;
  2. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente;
  3. Crear un registro completo de todas las agresiones -en sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente construidos;
  4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección;
  5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes;
  6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y Universal;
  7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas;
  8. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad;
  9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales;
  10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos;
  11. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos.

            La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp
(28/011/2019)