• Pese a las declaraciones públicas efectuadas por el presidente del país y otras autoridades reconociendo el importante papel de los defensores de derechos humanos, Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de activistas de las garantías fundamentales. Además, se han disparado las amenazas en su contra en un contexto de altos índices de impunidad.

Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.

            El informe señala que “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques”.

            Pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha experimentado el país desde 2011 -que sigue siendo alta-, , los asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según los datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la sociedad civil.

            El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios afectados tras la llegada al poder del presidente Iván Duque; sin embargo,el relator destaca que el índice de esos crímenessigue siendo muy elevado, con 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera mitad de 2019.

La impunidad perpetúa la violencia

Forst indica que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%.

            Sin embargo, recuerda que desde 2016, la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, con 302 casos.

            De ellos, la Fiscalía detalla que a fecha de agosto de 2019 “33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”.

            Estas cifras conllevan un 11 % de casos esclarecidos, frente a un 89 % pendientes de determinar la culpabilidad, “si bien en el 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación”, apunta Forst.

            No obstante, agrega que “esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz”.

            El relator advierte que “cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”

Grupos específicos

El experto indica que los defensores de derechos humanos “más expuestos” tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y “sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra”.

            Forst subraya la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente “en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.

            El relator fue informado de cómo estas personas se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y criminales y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión.

            Los activistas también plantearon a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes “se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras”.

            Pese a una pequeña disminución en 2018, el número de mujeres defensoras asesinadas aumentó desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2019, representando entre un 20% y un 17% del total de defensores abatidos.

            El experto lamentó asimismo la muerte de seis personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) defensoras de los derechos humanos en 2017 y denunció la situación de riesgo que corren los abogados que representan a las víctimas de violaciones graves de las garantías fundamentales durante el conflicto, así como los abogados de derechos humanos.

            Por último, resaltó un incremento de los ataques contra la libertad de prensa el año pasado. “Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, y quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector”, apuntó.

            Durante el pasado fin de semana, Forst informó que el Gobierno colombiano no le había autorizado entrar al país para finalizar el informe que presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos.

Recomendaciones

Pese a constatar la voluntad política e importantes iniciativas de las autoridades de Colombia para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos, y tras analizar la información proporcionada por el Gobierno, la sociedad civil y otros actores, Forst concluyó que la gran mayoría de las personas defensoras en ese país no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.

“Carecen de un reconocimiento social y público positivos, son deslegitimados y criminalizados en relación con su labor de defensa de los derechos humanos por actores estatales y no estatales”.

Recomendaciones al Gobierno:

Entre otras recomendaciones, Forst propone:

• Reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras.
• Reconocer pública y regularmente, incluso mediante campañas en los medios de comunicación y sociales, el papel fundamental de las personas defensoras en la sociedad y condenar las violaciones e intentos de deslegitimarlos y criminalizarlos, apoyando a la Procuraduría y a la Fiscalía en la toma de medidas disciplinarias contra funcionarios y autoridades que actúen en contra de las personas defensoras.
• Continuar priorizando la lucha contra la impunidad por los asesinatos contra las personas defensoras, comprometiéndose a avanzar en la investigación de todos los asesinatos, amenazas y otras violaciones anteriores al Acuerdo de Paz, más allá de los asesinatos y casos documentados por la , dotando a la Fiscalía de los recursos y apoyos necesarios para ello.
• Revisar o evitar la adopción de instrumentos legislativos que restrinjan el espacio cívico y los derechos de reunión pacífica, la libertad de expresión y de participación en asuntos públicos y los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, en particular, el derecho a la consulta previa y consultiva, asegurando su concordancia con los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto;
• Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, reconozca el procedimiento de comunicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y firme la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Fuente:
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470571
(18/03/2020)