Roxana Kreimer

Más de cincuenta estudios^vii señalan que la violencia es más común en sociedades en las que hay mayor inequidad, es decir, allí donde hay mayor desigualdad de ingresos y, por tanto, de posibilidades de desarrollo social. Desigualdad y desventajas comparativas resultan clave para entender el concepto de inequidad. En los estudios señalados la llamada “inseguridad” correlaciona mucho más con la inequidad que con la pobreza, el desempleo, el PBI per cápita, el consumo de energía per cápita y la participación en los niveles medios de la educación. También en la Argentina los estudios de Pompei (1999)^viii  y Cerro y Meloni (1999)^ix atribuyen un peso explicativo mayor al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Los dos últimos sostienen que un incremento del 10 por ciento en la desigualdad estaría asociado a un aumento del 3 por ciento en la tasa de criminalidad.

El primer estudio fue realizado por tres economistas para el Banco Mundial en base a las tasas mundiales de delito suministradas por las Naciones Unidas. Abarca el seguimiento de 39 países entre 1965 y 1995 y otros 37 países entre 1970 y 1994, entre otros, Estados Unidos, países de Europa del este, de África, Latinoamérica y el Caribe. El estudio está disponible en internet (en inglés).^x

El otro estudio mencionado, también disponible en internet (en español) fue realizado por dos economistas argentinos, Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, y mereció en 1999 el premio sobre investigación en economía Fulvio Salvador Pagani. Los investigadores trabajaron en quince provincias de la Argentina con datos anuales para el período 1990-1997^xi y observaron una significativa correlación entre el aumento de la inequidad y el desempleo por un lado, y el del delito por el otro.

Durante la década del noventa la desocupación creció en la Argentina, alcanzando los dos dígitos. El desempleo creció también entre los jóvenes^xii. A fines del 2005 se calcula que uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos estaba en situación de exclusión. En la Argentina la tasa de desocupación juvenil creció de 15,2% en 1990 a 26,4 en 1999. En la Capital Federal, entre 1990 y 1998 los delitos crecieron un 51%. En la provincia de Buenos Aires, en 1999 el 44% de los jóvenes entre 15 y 24 años (6.337.000) estaba fuera del sistema educativo y la mitad no tenía trabajo.

Actualmente en la Argentina hay más de 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Tienen entre 16 y 24 años y están en situación de vulnerabilidad social, no saben qué hacer o para qué esforzarse ni suelen formar parte de ningún programa de inclusión juvenil, y cuando ingresan temporariamente al mundo laboral lo hacen en tareas de baja calificación y no mediante un trabajo enriquecedor que pueda brindarles un sueldo digno. Cerro y Meloni señalan que las tasas de desempleo de los jóvenes con niveles de educación formal incompleta (primaria, secundaria y universitaria incompleta) son sistemáticamente más altas que el promedio. Lo mismo ocurre con los adultos mayores de 50 años con baja calificación. También es significativo que la tecnología reemplaza tanto el trabajo de jóvenes como de adultos de baja calificación. Las variables analizadas -inequidad, desempleo, pobreza e indigencia- son factores que los economistas, desde Adam Smith en adelante, han juzgado importantes en la explicación de la delincuencia. Adam Smith ya había observado que la inequidad era una fuente de violencia social cuando escribió: “La abundancia del rico excita la indignación del pobre imprudente, y la necesidad y la codicia le impelen a invadir las posesiones del otro”.^xiii

Cerro y Meloni sostienen que es posible que, como sucedió en la década del 90 en Argentina, un crecimiento del producto bruto sostenido e importante sea acompañado por un deterioro en la distribución del ingreso, ante lo cual es de esperar un aumento en la tasa de delincuencia. Evaluaron también que entre 1980 y 1997, hubo un crecimiento anual de la tasa de delincuencia de 6%, y un crecimiento anual de inculpados menores de 21 años por cada 10.000 habitantes del 13,5% en el período 1995-97. Mientras el estudio señala que un aumento en el desempleo del 10% aumenta la tasa de delito en 1,9%, un aumento del 10% en la desigualdad de ingresos aumenta la delincuencia en un 3%. Es decir que según este estudio el aumento de la desigualdad acrecienta considerablemente más el delito que el desempleo.

La variable desigualdad fue medida como el cociente entre la participación del ingreso del 20% superior de la población respecto del 40% inferior. Estos hallazgos coinciden con los obtenidos por Zhang para el caso de Estados Unidos^xiv, donde un fuerte impacto de la tasa de desempleo y de la desigualdad de ingresos repercute en los delitos contra la propiedad. La investigación tiene un enorme significado para el diseño de políticas destinadas a combatir la delincuencia. “Si las variables que caracterizan el entorno socioeconómico no tuvieran significación —señalan Cerro y Meloni— las políticas para luchar contra la delincuencia deberían concentrarse en las áreas de seguridad y justicia. En cambio, si el desempleo y la desigualdad de ingresos tienen importancia (como ocurre en nuestro modelo), las políticas deberían tener un alcance más amplio que incluyera las áreas de educación y trabajo. Con estos resultados, los programas sociales destinados a aliviar el desempleo cobran más fuerza, al tener un impacto adicional sobre la delincuencia. Sin embargo, esto no implica que deba implementarse `cualquier´ programa social. El estudio de Zhang, previamente mencionado, muestra que no todos los programas sociales tienen un fuerte impacto sobre las actividades ilegales”.

Como es sabido, la mayor parte de los delitos afectan a la propiedad privada. En promedio, en Argentina, para el año 1993 el 70% de los delitos fueron atentados contra la propiedad. Este valor fluctúa entre el 50% y el 80% de acuerdo a las provincias, pero en todas ellas es el delito más frecuente.

Durante la segunda mitad de los años 80, en el país se incrementaron los atentados contra la vida humana y hasta comienzos del 2000 se mantuvieron entre ocho y diez homicidios cada cien mil personas por año. Con la recuperación económica entre el 2001 y el 2005, la tasa descendió a seis homicidios cada cien mil habitantes, casi en el mismo nivel que la estadounidense, y tres veces superior a la de Canadá.^xv

La inequidad es el factor que más correlaciona con los asesinatos y los delitos contra la propiedad privada. El trabajo citado de Pablo Fanjnzylber, que incluye tasas de Latinoamérica y de muchos otros países, se propuso identificar los determinantes de las tasas de criminalidad a través de los países y del tiempo, y coincide también con el de Daly, Wilson y Vasdev^xvi, que atribuye a la inequidad —y no a la pobreza— el 50% de los asesinatos y delitos contra la propiedad privada. Por ejemplo, la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) correlaciona con el homicidio en 50 Estados de EEUU y en 125 ciudades del mismo país. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1 (a veces se expresa en porcentaje, multiplicando el coeficiente por cien, y se denomina índice de Gini) en el que el cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el 1 con la perfecta desigualdad (un grupo tiene todos los ingresos y todas las demás personas ninguno).

Cambios temporales en el coeficiente de Gini predicen cambios en las tasas de homicidio. Fleisher^xvii fue pionero en la visión que tomó en cuenta el papel que juega el ingreso en la cantidad de crímenes y delitos. En 1960 este autor observó que a medida que subían los ingresos bajaban las tasas de crímenes y robos cometidos por hombres jóvenes. También encontró que la inequidad (es decir, la desigual distribución de la riqueza) jugaba un papel importante en relación a la violencia social. En 1973 Erlinch^xviii siguió investigando en esta línea y comprobó que influían las oportunidades brindadas por las potenciales víctimas. En este estudio se planteó la hipótesis de que la inequidad sería la principal causa de la delincuencia por obra del llamado “efecto envidia”, que encuentro más apropiado denominar “justa indignación”, en virtud de la imposibilidad de cumplir con los fines que una sociedad democrática propone para el ciudadano medio, sumado a la disponibilidad de personas con recursos económicos a las que es posible robar (cuando la mayoría es pobre, hay menos ocasión de que un robo resulte lucrativo). Ambos autores vieron que la tasa de desocupación tenía menos incidencia en el delito que el nivel de ingresos y la distribución del ingreso en una sociedad que considera a la riqueza como el objetivo socialmente más valioso.

En la teoría de la tensión de Merton^xix el delito aparece explicado como una tensión entre los objetivos propuestos por la sociedad y los medios legítimos para alcanzarlos. Esta teoría podría ser complementada también con la propuesta por Short y Strodbeck en base a un estudio de seis bandas de adolescentes en Chicago. Los autores entienden que el delito es más probable allí donde los jóvenes perciben como más limitadas sus oportunidades de éxito escolar o profesional.^xx

Cuanto más elevado es el coeficiente de Gini, es decir cuanto mayor es la desigualdad, mayor suele ser la tasa de homicidios y, en general, mayores son los niveles de violencia en una sociedad. En la mayoría de los estudios se prefiere tomar como referencia la tasa de homicidios y no la de robos porque se reportan más los homicidios y, por tanto, se la considera una tasa más fiable. Para la Organización Panamericana de la Salud, un índice normal de criminalidad es el que oscila entre 0 y 5 homicidios cada 100,000 habitantes por año. Cuando se ubica entre 5 y 8 se lo juzga “delicado”, y cuando excede los 8 se lo considera un cuadro de criminalidad “epidémica”. En América Latina y el Caribe, en 1980 fue de 12,5, en 1991 de 21,3 y en el 2006 de 25,1. Esto significa que en el 2006 triplicó el nivel de la epidémica. El promedio de homicidios supera el doble del promedio mundial, haciendo que esta región sea una de las más violentas del planeta. Hacia finales del 2005 se calcula que uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos estaba en situación de exclusión, fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. Se estima además que el 14% del PBI de la región se pierde por la violencia, en contraste con las pérdidas por violencia menores al 5% en muchos países desarrollados.^xxi

Tomemos los datos correspondientes al 2004 de algunos países con bajos coeficientes de desigualdad:

• Finlandia: Gini 0,25 – Tasa de homicidios 2,75 c/10.000 por día

• Suiza: Gini 0,33 – Tasa de homicidios 2,94 c/10.000 por día

• Alemania: Gini 0,30 – Tasa de homicidios 0,98 c/10.000 por día

Veamos ahora los datos de países con mayor inseguridad:

• El Salvador: Gini 0,53 – Tasa de homicidios 43,4 c/10.000 por día

• Venezuela: Gini 0,49 – Tasa de homicidios 34 c/10.000 por día

• Paraguay: Gini 0,57 – Tasa de homicidios 18 c/10.000 por día

A mayor desigualdad social, mayor violencia.

• Argentina: Gini 0,51 – Tasa de homicidios 6,8 c/10.000 por día

• Estados Unidos: Gini 0,40 – Tasa de homicidios 5,5 c/10.000 por día²²

Como vemos, la violencia es el precio de la desigualdad social. Y lo es en contextos democráticos, allí donde la sociedad propugna el ideal de que todos mediante su esfuerzo y su talento tienen las mismas posibilidades de ascenso social, sin que muchos de sus miembros encuentren un ámbito propicio para lograrlo.

En sociedades que tradicionalmente han sido pobres no hay un índice elevado de delitos, ya que no hay una gran distancia entre lo que una persona posee y lo que desea. Como no conocen ni aspiran a llevar otro tipo de vida, no los tienta la posibilidad de delinquir. También en países tradicionalmente jarárquicos como la India, donde la religión juega un rol pacificador, los índices de delitos han sido bajos, ya que la sociedad no propone las mismas metas para todos. Las personas ubicadas en la escala más baja de la sociedad no aspiran a obtener los bienes de los que disfrutan los sectores más privilegiados.

En contextos formalmente democráticos como el de la Argentina, en cambio, se promueven, al menos como ideal, metas comunes de consumo y bienestar para el conjunto de los habitantes. Esta situación se agrava aún más si han mejorado su nivel social durante un tiempo y una crisis económica les quita lo poco que poseen (pauperización). La correlación inequidad-violencia atañe fundamentalmente a los Estados modernos. Se duda de que exista en sociedades sin Estado, especialmente en las cazadoras-recolectoras, en principio porque algunas de ellas son más igualitarias, y además porque la ausencia de un sistema judicial medianamente efectivo, que represente a una tercera perspectiva imparcial, es lo que hace que muchos teóricos atribuyan la mayoría de las muertes a venganzas familiares y personales.

Otros estudios encuentran mayor correlación entre el nivel de delitos y la tasa de desempleo. Al aumentar el desempleo se espera que disminuya el ingreso de las actividades legales en relación a las ilegales, y aumente la tasa de delincuencia. Chiricos realizó en 1987 una revisión de la evidencia empírica y demostró que tal relación era cuestionable.²³ Sullivan no propone una relación directa entre falta de oportunidades y crimen, pero sí entre desempleo, desestructuración familiar, falta de control comunitario y delincuencia juvenil. A su modo de ver la necesidad económica no genera por sí sola el delito, pero crea las condiciones de debilitamiento familiar y la pérdida de lazos comunitarios, tornando más probable la participación en delitos. No se trataría de variables de un valor explicativo total sino de factores de riesgo.^xxiv

Se roba para obtener pequeños o grandes botines y también para participar de una aventura o combatir el aburrimiento (como señala Daniel Miguez en su libro Los pibes chorros, donde se describe cómo jóvenes que no estudian ni trabajan aprenden a robar contactándose con otros jóvenes en la calle^xxv) y se roba por justa indignación, en virtud de que todos los días esos jóvenes ven desfilar ante sus ojos la vida que la sociedad les dice que podrían disfrutar pero que esa misma sociedad les niega. Muchos de los que roban también trabajan y/o estudian. El dinero robado, a diferencia del que se gana mediante el trabajo, a veces es utilizado para “darse un gusto” mediante gastos extraordinarios, como gastaría un miembro de la clase media la plata ganada en el casino. En el acto delictivo están presentes el resentimiento contra la cultura convencional y el deseo de alcanzar estándares de consumo, reconocimiento y poder. Es en este sentido que puede sostenerse que el llamado fenómeno de la “inseguridad” es propio de las sociedades democráticas, es decir, de contextos en donde se produce una brecha entre las expectativas y objetivos que genera la sociedad y las posibilidades reales de lograrlos.

Dentro y fuera de la cárcel, las bandas de jóvenes que se dedican a tareas delictivas responden a esquemas jerárquicos y alternativos de poder y reconocimiento. Miguez muestra muy bien cómo las subculturas del delito no sólo permiten a sus integrantes proveerse de bienes materiales sino también consagrar el orden ético de una vida marginal, con un sistema de regulaciones sociales en las que se puede llegar a posiciones de prestigio y poder que son negadas en la sociedad mayor.

En contextos tradicionalmente pobres, la miseria no genera delitos, ya que no hay una gran distancia entre lo que una persona desea y lo que posee. No podrían aspirar a otra forma de vida porque no la conocen, o por tratarse de sociedades jerárquicas en las que no se plantean las mismas posibilidades (ideales) para todos los ciudadanos. En una sociedad estamentaria, no se ambicionan horizontes correspondientes a otras jerarquías sociales. Decía párrafos atrás que en la India conviven sectores privilegiados junto a otros que pasan privaciones. Es un país con mucha pobreza pero con niveles de desigualdad relativamente bajos (el coeficiente de Gini del 2004 fue de 0,36, aunque ha crecido algo últimamente), las tasas de delito son bajas, así como los niveles de inequidad. El elemento religioso no puede ser soslayado, ya que explica en parte las bajas tasas de delitos, pero también juega un papel importante el hecho de que la sociedad no proponga las mismas metas para todos sus ciudadanos. En la Argentina y en muchos otros países occidentales, en cambio, se postulan metas comunes de consumo y bienestar, mientras que grupos sociales con crecientes restricciones no tienen ni mínimamente la ocasión de alcanzarlas. Como se señaló anteriormente, esto es más grave si la situación económica hace que pierdan lo poco que lograron reunir. Si no obtienen lo que la sociedad les propone por una vía tradicional, podría volverse tentadora la posibilidad de obtenerlo mediante la transgresión.

Es significativo que sea muy común el arrebato de zapatillas de marca cuyo precio representa entre un tercio y un cincuenta por ciento de un sueldo mínimo. Con frecuencia las zapatillas de marca son lo primero que compra un adolescente que acaba de robar. Cuenta Daniel Míguez que en la bailanta, donde se construyen muchos de los rasgos de pertenencia grupal, los músicos de cumbia villera llevan al escenario el estilo clásico de los pibes chorros, y las zapatillas ostentosas son parte fundamental de ese atuendo. No se trata de acceder simplemente a un calzado, sino a una porción de prestigio social y a un sofisticado objeto de consumo que la publicidad insta cotidianamente a adquirir.^xxvi El razonamiento de un joven que está en conflicto con la ley podría ser: “¿Por qué voy a respetar al que me está perjudicando o al que acumula una riqueza descomunal, y tiene la posibilidad de comprarse esas zapatillas, mientras mis oportunidades de progreso social son casi nulas?”. En una entrevista, una mujer que roba en negocios para revender en la villa (se las conoce como “mecheras”) cuenta que su hija ahora tiene las mismas zapatillas que la hija de la princesa argentina de Holanda, y que Wanda Nara, la esposa de un futbolista de primera división.^xxvii

Episodios como éste también revelan la ruptura del lazo social, la desaparición del compromiso cívico y el incremento del comportamiento antisocial. A medida que disminuye la inequidad, aumenta el sentido de pertenencia a la comunidad. En cambio si la inequidad se eleva, el prójimo pasa a ser objeto de envidia, odio, resentimiento e indiferencia, y esos son los primeros pasos que operan como condición de posibilidad para la violencia social.

La desigualdad vuelve mucho más probable la violencia social, parece ser el factor que más correlaciona con el delito, pero se trata de una relación probabilística y compleja, vinculada con otras variables que inciden en menor proporción. De otra manera cometeríamos el error de afirmar que todos los pobres son delincuentes, y contribuiríamos a reproducir el consiguiente estigma que deriva de esta consideración. La inequidad brinda más oportunidades de que una persona cometa actos delictivos, pero no lo determina. Un problema que se observa en algunos investigadores es que tratan de desvincular a la violencia social de la pobreza porque no quieren que los pobres sean estigmatizados mediante una operación por la cual se los consideraría a todos —o a la mayoría— delincuentes, abriendo la puerta para que los policías los repriman todavía más, allanando ferozmente las villas, o cercándolas. También es muy común oír en los medios de difusión el siguiente argumento: “Si las condiciones socioeconómicas tuvieran que ver con el problema de la ´inseguridad´, todos los desempleados en situación de pobreza robarían.”. Después se aduce que como esto no ocurre, es evidente que la causa del conflicto es exclusiva o preponderantemente  ética y no socioeconómica. ¿Cuál es error de este razonamiento? La desigualdad (el factor que más correlaciona con el problema, que es multicausal) y la necesidad económica no generan por sí solas el delito, pero acentúan sus condiciones de posibilidad mediante el debilitamiento familiar, la pérdida de lazos comunitarios y el atractivo de un camino trasgresor para acceder a los bienes que la sociedad promueve pero escatima. No se trataría de variables de un valor explicativo total sino de factores de riesgo. La desigualdad vuelve más probable la violencia social, crea las condiciones para que aumente la cantidad de delitos, lo que no equivale a afirmar que cada sujeto en situación de desigualdad social corre directo a delinquir. La existencia de determinados contextos vuelve más probable una consecuencia, pero no la determina. La relación entre la desigualdad y la violencia social es probabilística.

Otros factores no económicos correlacionan en mucha menor medida con la violencia social: la edad (es más probable que cometan delitos jóvenes entre 15 y 29 años, una edad en la que la mayoría siente que tiene muy poco para perder), la religión (contrariamente a lo que pueda suponerse, los países cristianos tienen altos índices de homicidio comparados con los musulmanes), el género (la inmensa mayoría de los delitos son perpetrados por varones), la facilidad para obtener armas, la densidad poblacional (a mayor densidad, más violentos suelen ser los crímenes). El sur y el este de Asia tienen tasas de crímenes menores que la media, y Latinoamérica tiene tasas superiores a la media. Como decíamos, la relación entre la inequidad, el desempleo y el delito no es directa ni inmediata, porque para que la inequidad conduzca a la delincuencia es necesario que se haya producido una socialización conflictiva en relación a los valores de la honestidad, el trabajo y la familia, que dejan de ordenar la vida de las personas. Como señala Míguez^xxviii, difícilmente una persona se quede sin trabajo y salga a robar de la noche a la mañana, “para que ese descalabro se produzca se debería perder o relativizar sustantivamente la escala de valores”; el desempleo produce un clima anómico y una pérdida de las rutinas que estructuran la existencia.

En nuestra sociedad el trabajo otorga identidad a las personas, las integra socialmente, organiza su vida en etapas (cuando primero se estudia) y su cotidianeidad en rutinas. La falta de trabajo y de normas implica con frecuencia una pérdida de los estímulos que organizan la vida, la disolución de los lazos de contención y la pérdida del sentido global que se le da a la vida, vinculado con la generación de proyectos a largo plazo. Esta posibilidad se incrementa si se producen fenómenos como el alcoholismo y la disolución de lazos de contención. En las entrevistas realizadas por Míguez a jóvenes que han delinquido, se observa la dificultad que tienen para recordar de qué trabajó su padre, ya que lo más común, si lo conocieron, es que hiciera changas en distintos rubros. Algunos saben que sólo una vida de estudio y trabajo los “rescataría” (esa es la palabra que usan) del mundo del delito, pero no dejan de vivir de manera ambigua esta consideración, emprendiendo a menudo acciones que van en dirección contraria.

En algunas entrevistas televisivas realizadas a jóvenes en conflicto con la ley, se observa un marcado desprecio por el mundo del trabajo, y en particular por los “giles que trabajan”, tal vez en la consideración de que el trabajo a menudo exige, al menos para ellos, un excesivo sacrificio en función del bien- estar económico que procura, y que los que obtienen mucho dinero rara vez lo hacen a través del trabajo.

El desempleo permanente o la falta de estabilidad laboral contribuyen que se pierda progresivamente la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones valores vinculados con el trabajo, la educación y la familia. Durante la década del noventa, en la Argentina el salario de los sectores de baja calificación disminuyó en un 40%. Pocos años después, más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de pobreza. Los jóvenes que hoy delinquen crecieron en la década del noventa y no conocieron el modelo de estabilidad laboral de las generaciones anteriores ni la dignidad personal que esto conllevaba para sus abuelos, encarnada en la máxima “Del trabajo a casa y de casa al trabajo”, que definió a los sectores populares durante décadas. En este ámbito el varón dejó de ser el principal proveedor económico del hogar y fue sustituido en esa tarea por mujeres y niños. La mayoría de los jóvenes que delinquen nacieron en familias monoparentales, vivieron privaciones en la infancia, mientras observaban el ascenso de otros grupos sociales. Si la familia, el colegio, el trabajo o la casa dejan de ser vistos como espacios propios, tal como testimonia Míguez, para los marginados y los desempleados, el grupo de pares en la calle y sin ocupación específica es constituido como ámbito de referencia. Estos grupos generan sistemas de creencias y jerarquías alternativas. La violencia se convierte en (1) una fuente de ingresos alternativa, (2) una acción aventurera y una expresión de coraje y de fuerza física y (3) un canal de resentimiento. La vida es el espacio de la absoluta inmediatez.

En el siguiente testimonio se observa cómo la violencia a menudo está relacionada con la falta de acceso a formas de consumo básicas: “Estábamos solos, con mis hermanitos y con mi vieja en la casa, era el cumpleaños de mi vieja y no teníamos nada para festejar. Ni una torta ni nada. Y yo le dije a mi vieja ´Quedáte tranquila que hoy vamos a festejar´. Tenía bronca, mi vieja laburaba y había laburado toda la vida y ni el cumpleaños podía festejar. Y salí… esa noche mi vieja tuvo cumpleaños con todos los vecinos, sí o sí”.^xxix

El conjunto de rap “Fuerte Apache”, cuyos integrantes pertenecen a la villa que da nombre al grupo, escribió en una de las estrofas de su tema “El mundo al revés”: “Nos marginan a todos / a nadie le importamos / sólo nos nombran / cuando mal actuamos / cuando nos drogamos / robamos o matamos / En mi barrio se tendrían que formar profesionales / en lugar de que los chicos sean criminales”. No se habla de “inseguridad” para referir a las víctimas de la exclusión. Sólo se las considera “un peligro”, en lugar de subrayar que están “en peligro”.

Es importante tener en cuenta que las personas en situación de pobreza también son víctimas de robos y arrebatos. Décadas atrás era común que en las villas los vecinos dejaran su ropa colgada en la calle, o que sus gallinas circularan por los pasillos comunes. Hoy estos hábitos han desaparecido por la frecuencia de los hurtos. Desde la década del noventa se han exacerbado las pequeñas diferencias de ingresos en el interior mismo de los sectores populares. La distribución de los programas sociales en los barrios profundiza muchas de esas diferencias, ya que no todos son sus beneficiarios, promoviendo la ruptura de solidaridades que antes proporcionaba el mundo del trabajo.

Gabriel Kessler señala también que un elemento a tener en cuenta es la ruptura de reciprocidades y la desaparición de nociones compartidas de justicia entre distintos sectores sociales. La tradicional figura del “buen patrón” cumplía expectativas básicas ligadas a una idea de justicia, asociada a su preocupación por los subordinados, según formas tradicionales de gestión de la desigualdad.^xxx

Según el citado trabajo de Cerro y Meloni, otros factores que probaron su participación en el fuerte aumento observado en la tasa de delincuencia, fueron los cambios producidos en la legislación argentina en materia penal y procesal penal a partir de 1984. “La reducción de penas y la incorporación de beneficios para los condenados —escriben— disminuyeron el efecto disuasivo de las penas. El mismo efecto tuvieron los recortes en las facultades de la policía, y en menor medida, la liberación de delincuentes comunes. En 1997 la probabilidad de condena por delitos contra la propiedad era de sólo 0,44%”.

Los resultados econométricos confirmaron la importancia del efecto de disuasión. Un aumento en la probabilidad de arresto de un 10% disminuiría la tasa de delito en un 1.3 % de acuerdo al modelo considerado, en tanto que un aumento en la probabilidad de sentencia también del 10% disminuiría la tasa de delito de un 1,9 a un 2,2%. Cerro y Meloni subrayan que las bajas probabilidades de arresto y sentencia no obedecen a la escasez de recursos sino a un uso ineficiente de los mismos. Durante el lapso que aborda su estudio, tanto el gasto en Justicia como en Seguridad aumentaron y, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. En el caso de las fuerzas de seguridad, detectaron también problemas de incentivos que, en el mejor de los casos, favorecen la represión en detrimento de la prevención del delito. Los autores evalúan que el sistema judicial en Argentina es caro e ineficiente, por lo cual a su modo de ver difícilmente pueda ser un instrumento eficaz en la disuasión del delito. Ambos sostienen que el efecto de mejorar los cuadros policiales y de actuar sobre los incentivos tendrá un impacto limitado en la medida en que no se implementen planes eficaces en los ámbitos social, legislativo y judicial.

También es conocido que la mayor parte de los actos delictivos son protagonizados por hombres (sobre el total de inculpados en el país en el período 1991-97, el 88,7% son hombres)^xxxi. Los estudios coinciden en señalar que los delitos son más frecuentes entre los 17 y 23 años, y que a medida que crecen los jóvenes tienden a abandonar en una alta proporción los actos delictivos.^xxxii Convendría aclarar que, aunque por lo general los sectores más favorecidos no lo perciban, la llamada “inseguridad” no causa más daño que la pobreza, la inequidad, los accidentes automovilísticos, las estafas millonarias al Estado, las estafas de los funcionarios públicos o las del pequeño ventajismo de los sectores medios. El fenómeno del que estamos hablando no es el único que supone la transgresión de las normas.^xxxiii

Otro factor bien conocido pero que conviene tener en cuenta es que aproximadamente la mitad de la población de las grandes ciudades de los países capitalistas suele ser víctima de algún tipo de delito^xxxiv. Cuanto más grande es una ciudad en la Argentina, más violentos son los delitos, aunque su número no sea mayor que en las ciudades no tan pobladas. En la medida en que no hay futuro, el presente se devalúa y se juega al todo o nada.

NOTAS

vii. Fanjnzylber, Pablo, Lederman, Daniel y Loayza, Norman, “Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: An Empirical Assessment”. Disponible en World Bank:

http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/ Resources/491519-1199818447826/multi_page.pdf

viii. Pompei, E., “Las consecuencias sociales de la distribución”, Enoikos, abril 1999, pp. 69-79.

ix. Cerro, A. y Meloni, O, “Análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina”, Eudecor, Córdoba, 1999. http://www.face.unt.edu.ar/inveco/profesores/97/Premio%20ARCOR%2099.pdf

x. Fanjnzylber, Pablo. Ibid.

xi. La tasa de delincuencia y las probabilidades de arresto y sentencia fueron computadas a partir de series obtenidas del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. La tasa de desempleo fue extraída de la Encuesta Permanente de Hogares que publicó el INDEC durante esos años. De este organismo también se lograron los datos de población y educación que se utilizaron en la construcción de la variable desigualdad de ingreso. Las series de gasto en justicia y seguridad se obtuvieron de la Secretaría de Programación Económica y Regional del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y las estimaciones del PBI per cápita de Mirabella y Nanni (1998). Las variables utilizadas y su definición se especifican a continuación:

• Delincuencia: Tasa de Delincuencia medida como el número de delitos con intervención policial cada 10.000 habitantes. La población fue estimada utilizando los datos del censo de 1980 y 1991.

• Prob. Arresto: Probabilidad de arresto medida como número total de arrestos relativo al número de delitos totales.

• Prob. Sentencia: Probabilidad de sentencia calculada como el número de sentencias relativo al número de arrestos.

• Sentencia por Habitante: Número de Sentencias condenatorias por habitante.

• Gasto en Seguridad: Gasto público per cápita en seguridad.

• Gasto en Justicia: Gasto público per cápita en justicia.

• Desempleo: Tasa de desempleo anual, calculada como promedio.

• PBIpc: PBI per cápita. Las estimaciones del PBI están expresadas en precios constantes de 1993.

• Desigualdad: Un aumento en la probabilidad de arresto, por ejemplo de un

10%, disminuiría la tasa de delito en un 1,26% a 1,32% de acuerdo al modelo considerado. En tanto que un aumento en la probabilidad de sentencia también del 10%, disminuiría la tasa de delito en 1,98% a 2,2%.

xii. Kliksberg, Bernardo, Sen, Amartya, Primero la gente, Deusto, Barcelona, 2007, p. 249.

xiii. Smith, Adam. La Riqueza de las Naciones, Ediciones Orbis, 1983, Libro V, Cap. I, Parte II, pp. 24.

xiv. Zhang, Junsen, “The Effect of Welfare Programs on Criminal Behavior: A Theoretical and Empirical Analysis. Economic Inquiry”. Vol. 35. enero 1997.

xv. Míguez, Daniel. Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. Biblos, Buenos Aires, 2008. pp. 37.

xvi. Daly, Wilson, & Vasdev, “Income Inequality and Homicide rates in Canada and the United States”, Canadian Journal of Criminology, Canadá, abril 2001.

xvii. Fleisher, Belton M. “The Effect of Income on Delinquency.” American Economic Review 56, 1966: pp. 118-37.

xiii. Ehrlinch, Isaac. “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Em- pirical Investigation.” Journal of Political Economy 81, 1973, pp. 521-65.

xix. Merton, R.K.. “Social estructure and anomie”, en R.K.Merton, Social Theory and Social Structure, Nueva York, The Free Press, 1938.

xx. Short, J.F., Strodbeck, F. I. Group Process and Gang Delinquency, Chicago, Chicago University Press, 1965.

xxi. Kliksberg, B., y Sen, A., Ibid.

xxii. United Nations Human Development Report.

xxiii. Chiricos, T. G.. “Rates of crime and unemployment: an analysis of aggregate research evidence”. Social Problems. 34. pp. 187-212.

xxiv. Sullivan, M. Getting Paid: Youth Crime and Work in the Inner City. Ithaca. Cornell University Press, 1989.

xxv. Miguez, Daniel, Los pibes chorros, estigma y marginación Buenos Aires, Capi- tal Intelectual, 2004.

xvi. Míguez, Daniel, Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. Biblos, Buenos Aires, 2008, pp. 112 En esa página se describe un arrebato de zapatillas. Kessler (2004. pp. 177) también reproduce un diálogo en el que lo primero que compra un joven después de robar es un par de zapatillas marca Nike. Otro testimonio en torno a la obtención de zapatillas caras fue suministrado por un joven de dieciséis años que, con un revólver en la mano, en la emisión del 1 de julio del 2009 en el programa de televisión “Vidas Paralelas” (América TV, 22.15hs) contó que apenas obtuvo el botín en uno de sus robos, se compró por $480 -unos U$S 130- las zapatillas que llevaba puestas.

xxvii. Zoom, Canal 13, julio de 2009.

xxviii. Míguez, Daniel, Ibid. pp. 44.

xxix. Ibid., pp. 52.

xxx. Kessler, Gabriel, Sociología del delito amateur, Paidós, Buenos Aires, 2004, pp.264.

xxxi.  Cerro y Meloni, Ibid.

xxxii. Freeman, S. Grogger, J. and Sonstelie, J. “The Spatial concentration of Crime. Journal of Urban Economics” Vol. 40 number 2, September, 1996. Gabriel Kessler, Sociología del delito amateur. Paidós. 2004, pp. 282

xxxiii. Míguez, Daniel, Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. Biblos. Buenos Aires. 2008, pp. 23

xxxiv. Míguez, Ibid., pp. 36