Solamente desde la demagogia más pedestre y desde la postura más fundamentalista se puede anunciar, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en su reaparición pública tras el infarto que lo puso temporalmente fuera de combate, que se presentará, en el país y las instancias internacionales correspondientes, una denuncia contra el Presidente Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria, cometido, según el líder de Morena, por haber promovido la reforma energética.

El puro anuncio, como advierte Julián Andrade (La Razón, 8 de enero), es “un verdadero disparate por la ausencia de fundamentos jurídicos” y “lanza un tufillo de intolerancia que por lo visto será la esencia de la narrativa de la izquierda radical”. Los artículos 123 a 125 del Código Penal Federal incluyen 20 supuestos distintos de traición a la patria, en ninguno de los cuales encuadra la apertura del sector de los hidrocarburos a la inversión privada nacional y extranjera.

La iniciativa del Presidente no constituye delito alguno —sigue la tendencia de todos los países que cuentan con petróleo—, pero pega en el corazón de un tabú del sector de la izquierda mexicana que se alimenta ideológicamente de dogmas y prejuicios, los cuales no pueden ser defendidos con argumentos sino tan sólo con arengas y lugares comunes que no resisten el menor análisis.

Pero si el político tabasqueño considera que la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana configura un delito, su denuncia tendría que presentarla no únicamente contra el titular del Poder Ejecutivo federal sino contra todos los legisladores, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos de las entidades federativas, que la votaron favorablemente.

Más todavía: en su campaña por la presidencia el candidato Enrique Peña Nieto presentó como una de sus propuestas esa reforma, y ese candidato obtuvo la mayoría de votos de los ciudadanos mexicanos. El sufragio es secreto, pero en congruencia con su posición El Peje debe considerar a esos millones de mexicanos como cómplices de traición a la patria. O quizá no: en su delirante discurso todo está movido en el país por una pequeña mafia en el poder, que puede manipular las cosas de tal manera que incluso las acciones que parecen tener respaldo mayoritario son obra de ese grupúsculo. En consecuencia, habría que denunciar a los integrantes de esa minoría, pero como éstos nunca han sido identificados con sus nombres y apellidos, el denunciable es tan sólo el hombre que desde la Presidencia sirve a los intereses del clan.

El demagogo no solamente confía en su habilidad para mover a las masas sino también en el fanatismo o la irreflexión de sus adeptos en virtud de los cuales atienden sus proclamas y se movilizan a partir de ellas. De ahí que el reaparecido líder llame a derrocar al gobierno de forma pacífica con una revolución de las conciencias. Parece olvidar que la vía democrática para acceder al poder no es derrocando al gobierno sino alcanzando la mayoría de los sufragios.

En la elección presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador estuvo a un milímetro de la victoria. Sólo en la recta final fue rebasado por Felipe Calderón. De haber triunfado, ¿hubiera tratado como traidores a la patria a los disidentes como ocurre en Cuba y Venezuela?