De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gobierno de Irlanda deberá pagar una multa de 30 mil euros, por haber fallado en la debida protección de los menores que fueron víctimas de abuso sexual por parte de personal que laboraba en escuelas religiosas y que eran subsidiadas con fondos públicos.

Asimismo, el Estado irlandés deberá pagar, además de la multa, alrededor de 85 mil euros erogados por la demandante Louise O’keefe por concepto de gastos de demanda. En el año 1973, O’keefe, quien en ese entonces contaba con 6 años, señaló ante la autoridad que fue objeto de abuso sexual en repetidas ocasiones por el director de la escuela católica a la que asistía a clases. El centro, al igual que varios otros donde se presentaron denuncias similares por abuso sexual, eran parte de la red estatal educativa, pues se encontraban fondeados con recursos económicos.

Es por esta razón primaria que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el gobierno de ese país no protegió los derechos humanos de los demandantes, pues a pesar de ser consciente de los abusos cometidos por varios religiosos, continuó sufragando la educación primaria en el sistema escolar nacional sin promover ningún cambio ni llevar a cabo controles reales que protegieran a los estudiantes.

Antes de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, O’keefe tuvo que pasar por todo un proceso legal en los tribunales nacionales de Irlanda, por el cual en 2006 se emitió un resolutivo en el que se condenaba al agresor a pagar una indemnización de daños por más de 300 mil euros, de los cuales la demandante sólo ha recibido a la fecha 30 mil. Sin embargo, la responsabilidad del Estado porque las agresiones se sucedieron en instalaciones educativas, no prosperó. De ahí que O’keefe recurriera como última instancia a la instancia internacional.

La sentencia, sin duda alguna, significa un fuerte golpe al clero irlandés, toda vez que se hacen evidentes los repetidos abusos sexuales de miembros de la jerarquía católica en la red educativa de ese país.

“No debe haber ninguna madre ni padre que envíe a sus niños al colegio con el temor, mientras están en casa o en el trabajo, de que estos no estén protegidos”, expresó la demandante Louise O’keefe a una radiodifusora irlandesa luego de conocer del fallo favorable, soportado por 11 de los 17 jueces. Ω