15 mayo 2020
Las autoridades de todos los Estados de las Américas deben evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para “proteger” a la población del COVID-19; dijo Amnistía Internacional, después de que su proyecto Evidence Lab y especialistas regionales verificaron casi 60 casos en la región en las últimas siete semanas que apuntan al uso de tácticas arbitrarias, represivas y punitivas por los gobiernos.
“Las imágenes grabadas en todo el continente americano que hemos verificado desde finales de marzo contienen indicios preocupantes de que los gobiernos están volviendo a recurrir a formas de represión que documentamos en 2019 y anteriormente; esta vez para hacer cumplir las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.
Personal de investigación de Amnistía y su proyecto Evidence Lab verificaron vídeos en los que se observa el uso de la detención como primera medida y no como último recurso, el uso de fuerza innecesaria y excesiva para hacer cumplir el confinamiento por el COVID-19, y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas. Los vídeos parecen indicar que quienes viven en la pobreza, las personas sin hogar y la población refugiada y migrante tienen mayores probabilidades de sufrir estas medidas punitivas.
“El COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero no de la misma forma. Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas y sometidas a malos tratos. Los gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a la gente de esta enfermedad”, dijo Erika Guevara Rosas.
La detención como primera medida para hacer cumplir el confinamiento
Desde principios de abril, muchos países de las Américas han declarado estados de excepción y han impuesto cuarentenas y/o toques de queda con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Aunque las restricciones varían, algunos países están adoptando enfoques coercitivos para hacer respetar las restricciones, que incluyen el uso de la detención y otras medidas punitivas como primera medida y no como último recurso.
Cuerpos castrenses apresan a quienes circulan sin guantes ni mascarillas. pic.twitter.com/CWh6QAP2pV
— Somos Pueblo (@RDSomosPueblo) April 18, 2020
Por ejemplo, las autoridades de República Dominicana declararon el estado de excepción e impusieron el toque de queda en marzo. Según informes de la Policía Nacional, las autoridades han practicado unas 27.000 detenciones del 8 de abril al 7 de mayo, al parecer por incumplimiento del toque de queda nocturno. A Amnistía Internacional le preocupa la decisión de las autoridades de detener a personas sólo por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19, sobre todo porque hay muy poca información pública y accesible respecto a las condiciones de detención de estas personas. Tampoco está claro si las personas detenidas tienen acceso a representación legal y otras garantías del debido proceso. Escribimos a las autoridades para solicitar más información.
Los vídeos verificados apuntan a que la policía dominicana está deteniendo y recluyendo rutinariamente a personas por no llevar mascarilla, sin guardar un distanciamiento físico por no llevar mascarilla. Las autoridades recurren con frecuencia al uso de fuerza innecesaria en las detenciones, tendencia que Amnistía Internacional ya ha documentado al investigar las reiteradas detenciones arbitrarias de trabajadoras sexuales y de jóvenes en informes anteriores sobre el país.
Igualmente, las autoridades de El Salvador han detenido a miles de personas por presunta violación de la cuarentena en sus casas y las han recluido en “centros de contención” del gobierno. Amnistía Internacional ha examinado documentos jurídicos presentados para impugnar estas detenciones, en los que se afirma que algunas personas han sido detenidas sólo por salir de casa a comprar comida o medicamentos.
Amnistía Internacional ha verificado más vídeos grabados en Puerto Rico, México y República Dominicana en los que la policía parece estar interceptando o deteniendo a personas que se dirigen a comprar alimentos y otros artículos básicos.
Los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones por incumplir las restricciones dirigidas a combatir el COVID-19 deben imponerse como último recurso y proporcionales a la protección de la salud pública. En lugar de imponer sanciones para hacer respetar las restricciones, los gobiernos deberían priorizar aquellas medidas que capacitan y apoyan a las personas para poder cumplirlas, incluidas políticas que garanticen el acceso general a la alimentación y a otras necesidades básicas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas personas en estos países viven al día y no pueden evitar incumplir las restricciones. En anteriores emergencias de salud pública se ha demostrado que los enfoques coercitivos para hacer cumplir las normas, incluida la imposición de sanciones, pueden ser contraproducentes y tienen efectos desproporcionados en los grupos marginados.
Para leer el comunicado completo:
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/