El gobierno de Venezuela arremete
contra críticos mientras la crisis
se profundiza

  • Son necesarias medidas urgentes para abordar la escasez de medicinas y comida

(Washington, D.C.) – El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional. Sigue leyendo

Es discriminatorio restringir el acceso
de jóvenes transgénero a baños
y vestuarios en escuelas de EE. UU.

Durante el último año, el acceso de las personas transgénero a baños, vestuarios y otras instalaciones se convirtió en un tema que ha despertado opiniones encontradas en debates políticos, legislaturas, tribunales y comunidades en todo Estados Unidos, y que ha estado marcado por un fuerte sensacionalismo. Los intentos de limitar la posibilidad de las personas transgénero de acceder a instalaciones que corresponden a su identidad de género se han producido especialmente en escuelas y universidades públicas, y por lo general se han justificado aduciendo que el propósito era proteger a menores.

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Obama debería perdonar a Edward Snowden, quien debe regresar a EE. UU. sano y salvo

(Nueva York) – El presidente de Estados Unidos Barack Obama debería perdonar a Edward Snowden, el ex informante que expuso el programa de vigilancia de masas de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), dijo hoy una coalición de organizaciones y figuras prominentes.

       La campaña “Pardon Snowden” (“Perdonen a Snowden”), respaldada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, durará hasta el final de la presidencia de Obama y defiende que el acto de denuncia de irregularidades de Snowden benefició al país y enriqueció el debate democrático en todo el mundo. La campaña insta a los ciudadanos de todo el mundo a escribir al presidente por medio del sitio pardonsnowden.org, a pocos días de que se estrene la película “Snowden”, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Sigue leyendo

Miles de niños detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados en zonas de guerra

New York) – Miles de menores en países afectados por conflictos han sido detenidos durante meses o incluso años sin que se presentaran cargos, alegando que representan amenazas a la seguridad nacional, señaló Human Rights Watch en un informe. Muchos de ellos han sido torturados o murieron mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades. Los gobiernos deberían desistir inmediatamente de la práctica de detención de menores contra los cuales no levantan cargos, y sancionar a quienes los maltratan. Sigue leyendo

Colombia: el acuerdo de paz
es una oportunidad histórica
para reducir abusos, pero contiene
graves defectos que podrían
rustrar sus propósitos

(Washington, D.C., 25 de agosto de 2016) – El acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciado el 24 de agosto de 2016 para concluir sus 52 años de conflicto armado es una oportunidad sin precedentes de reducir las violaciones de derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Sin embargo, el acuerdo contiene graves defectos que pueden frustrar ese propósito: el cuestionado acuerdo de víctimas, alcanzado en diciembre de 2015, que podría garantizar la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Sigue leyendo

Deben prohibirse en todo el mundo los exámenes anales forzados 

 Ginebra – En al menos ocho países, durante los últimos cinco años se han practicado exámenes anales forzados a mujeres transgénero y a hombres acusados de mantener relaciones consentidas con personas del mismo sexo, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Estos exámenes carecen de valor probatorio y son una forma de trato cruel, inhumano y degradante que, en algunos casos, puede constituir tortura.

      El informe de 82 páginas, “Ultraje a la dignidad: Exámenes anales forzados en procesos penales por homosexualidad”, se preparó a partir de entrevistas efectuadas a 32 hombres y mujeres transgénero que fueron sometidos a revisiones anales forzadas en Camerún, Egipto, Kenia, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia. En estos exámenes, cuyo supuesto objetivo es encontrar “pruebas” de conducta homosexual, los médicos y otro personal de salud a menudo introducen de manera forzada sus dedos, o a veces otros objetos, en el ano de las personas acusadas. Diversas víctimas de pruebas anales forzadas dijeron a Human Rights Watch que los exámenes fueron dolorosos y degradantes, y para algunas la experiencia había sido vivida como una forma de violencia sexual. Sigue leyendo

EE.UU.: Muertes en los centros
de detención migratoria

(Washington, DC) – Documentos del gobierno de Estados Unidos que acaban de salir a la luz pública y que resumen las investigaciones sobre la muerte de 18 migrantes que se encontraban bajo la custodia de las autoridades inmigratorias estadounidenses respaldan una conclusión de que deficiencias en la atención médica contribuyeron al menos a siete de las muertes, dijo hoy Human Rights Watch.

      La evaluación de las muertes, que se llevó a cabo desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, revela una atención médica deficiente y violaciones de las normas de detención vigentes. Dos expertos médicos independientes consultados por Human Rights Watch concluyeron que estas fallas probablemente contribuyeron a la muerte de siete de los 18 detenidos y pusieron en peligro a muchos otros. Los documentos también muestran evidencias del uso indebido del régimen de aislamiento para personas con discapacidades mentales, evaluaciones de salud mental y tratamiento deficientes y otros problemas más generales con el cuidado médico. Sigue leyendo

Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas

(Resumen)

(Buenos Aires) – La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.

      Desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno. La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. En varios casos, aunque el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia. En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. Sigue leyendo

Los estados de la OEA deben apoyar 
a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para que supere
la crisis financiera, que pone en riesgo 
las posibilidades de justicia
y protección para las víctimas de abusos

Junio 2, 2016

 (Washington, D.C.) – Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían asegurar prontamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato, señaló hoy Human Rights Watch. La comisión, que ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en las Américas, atraviesa por una crisis financiera que pone en riesgo las posibilidades de justicia y protección para las víctimas de abusos a lo largo del continente.

El 23 de mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que enfrenta una crisis financiera que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año. El financiamiento que recibe la CIDH procede de la OEA y de donaciones voluntarias de distintos países, incluidos miembros y no miembros de la OEA.

“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.

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EE.UU.: La sentencia del Tribunal Supremo que bloquea la acción ejecutiva migratoria del presidente Obama pone en peligro a inmigrantes
de sufrir violaciones a sus derechos humanos

Junio 24, 2016

 (Washington, DC) – El empate en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que se ha producido hoy en el caso de Estados Unidos vs. Texas deja a millones de inmigrantes indocumentados en el limbo y ante un riesgo persistente de sufrir abusos de derechos humanos, dijo hoy Human Rights Watch.

      En la práctica, el fallo bloquea la acción ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama proclamó en 2014 –que habría provisto de estatus legal de manera temporal a millones de inmigrantes indocumentados—, al menos hasta que las reclamaciones judiciales interpuestas por los gobiernos estatales opuestos a la acción estén completamente resueltas.

“La acción ejecutiva habría marcado una diferencia concreta y diaria en la vida de millones de familias, a pesar de que también habría excluido a muchos otros inmigrantes que también son víctimas de leyes injustas e inhumanas”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La sentencia del Tribunal Supremo en este caso subraya la urgencia para que el próximo presidente y el Congreso tomen medidas claras sobre la reforma migratoria”.

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Violados y luego castigados
en las fuerzas armadas estadounidenses

Miles de integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses que vieron truncada su carrera militar tras denunciar una agresión sexual recibieron documentación de baja de contenido estigmatizante que impide que puedan obtener empleos y beneficios, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El informe se elaboró luego de 28 meses de investigación a cargo de Human Rights Watch, con colaboración de Protect Our Defenders, una organización de derechos humanos que apoya y defiende a sobrevivientes de agresiones sexuales en el ámbito militar. Ante la presión de la opinión pública y del Congreso, en los últimos años las Fuerzas Armadas de EE. UU. implementaron algunas medidas de protección para miembros de las fuerzas que denuncien agresiones sexuales, pero no se han realizado acciones para reparar el perjuicio causado a quienes fueron injustamente dados de baja. Sigue leyendo

Venezuela debe revocar decreto
de emergencia dictado por Maduro

(Nueva York, NY) – La Organización de los Estados Americanos debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional —actualmente con mayoría opositora— y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno, manifestó hoy Human Rights Watch.

      Al declarar un “estado de excepción” el 13 de mayo de 2016, el Presidente Maduro se ha arrogado la facultad de restringir derechos garantizados en la Constitución venezolana. El decreto de emergencia, que tiene una vigencia de 60 días, además le permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus poderes constitucionales para sancionar a funcionarios públicos, y autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender el financiamiento internacional que reciben organizaciones no gubernamentales. Sigue leyendo

Es necesario acabar con los abusos sexuales cometidos por las tropas de paz de la ONU

Nuevo informe revela ausencia de justicia y protección para las víctimas

Marzo 8, 2016

(New York) – Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberían tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human Rights Watch. En su informe anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU más estrictos e investigaciones más rápidas.

Por primera vez, el Secretario General publicó formalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotaron o abusaron sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajaban para el Organismo mundial. Previamente, la relación de la ONU con los países cuyas tropas de paz eran acusadas de abusos había sido siempre privada. Este informe se realizó después de que una investigación independiente se centrara en el abuso por parte de soldados de la ONU en la República Centroafricana y recomendara mejoras al sistema de respuesta de Naciones Unidas a las denuncias de abuso por parte de su personal.

“La reputación de la ONU para proteger a la población civil está en juego”, señaló Sarah Taylor, defensora de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El informe del Secretario General pone en evidencia los abusos de los soldados, pero los países que contribuyen tropas de paz deberán cumplir con el enjuiciamiento de estos delitos”. Sigue leyendo

En Estados Unidos, los niños migrantes defienden solos sus casos de deportación sin asistencia de abogados

Marzo 15, 2016

(San Francisco) – Al no designar a abogados para representar a menores migrantes que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional, señaló hoy Human Rights Watch en un memorial de amicus (“amigos del tribunal”) presentado ante la justicia federal de apelación. El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y el estudio de abogados Covington and Burling LLP intervinieron como asesores letrados en el memorial. A su vez, alumnos de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia colaboraron con la investigación para el informe y con su redacción.

El memorial de amicus se presentó en la causa J.E.F.M. v Lynch, un juicio iniciado a nivel nacional en representación de miles de menores que impugnan la actuación del gobierno federal, el cual no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación. En los procesos inmigratorios, a diferencia de los penales, no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan afrontar ese costo.

“En audiencias de deportación en EE. UU., miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”, informó Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de Human Rights Watch. “Estas audiencias son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”. Sigue leyendo

Marcas famosas de ropa
utilizan trabajo esclavo

  • HRW denuncia las condiciones laborales en fábricas de Camboya que producen para marcas como H&M, Gap, Marks and Spencer, Adidas o Armani

El supervisor le dijo a Phan Sarim (nombre ficticio): “Debes aprender a usar esa máquina más rápido. De lo contrario, puedes irte. ¿Entiendes lo que te digo?”. Phan veía entonces cómo le tiraba lo que tenían que coser sobre la máquina, golpeaba la mesa y le gritaba a centímetros del rostro. “Es muy severo”, le contó esta trabajadora de una fábrica textil de Phnom Penh a los investigadores de Human Rights Watch (HRW). La ONG vuelve ahora a sacar los colores a marcas internacionales como H&M, Gap, Marks and Spencer, Adidas, Joe Fresh o Armani con un informe sobre las condiciones laborales y violaciones de sus derechos que padecen los trabajadores —principalmente mujeres— del sector textil en Camboya.

El extenso documento “Trabaja más rápido o vete” constata prácticas abusivas como las horas extra obligatorias, despidos o discriminación a mujeres embarazadas, Sigue leyendo

Colombia/Estados Unidos: Obama debería exigirle a Santos justicia
para las víctimas del conflicto

  • Una paz sostenible requiere una genuina rendición de cuentas

(Washington, DC) – El Presidente de Estados Unidos Barack Obama debería exhortar al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos a abordar los graves problemas del acuerdo sobre víctimas recientemente anunciado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), señaló hoy Human Rights Watch. Está previsto que Obama reciba a Santos en la Casa Blanca el 4 de febrero de 2016.

Human Rights Watch ha concluido que el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto contiene numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que permitirían que los máximos responsables de las atrocidades cometidas por ambas partes del conflicto eviten cualquier forma de castigo genuino. Sigue leyendo

El desafío de erradicar
el matrimonio infantil

  • Cómo cumplir las promesas y los objetivos de desarrollo sostenible a las jóvenes

El matrimonio de Sharon J. a los 14 años en Tanzania arruinó sus esperanzas para el futuro: “mi sueño era estudiar para ser periodista. Todavía hoy, cuando veo los informativos o escucho la radio y alguien está leyendo las noticias, me causa mucho dolor porque me gustaría que fuera yo”.

      En todo el mundo, el matrimonio es a menudo idealizado como una manera de inaugurar el amor, la felicidad y la seguridad. Pero para Sharon y otras adolescentes, casarse es a menudo una de las peores cosas que pueden pasarles. Aproximadamente una de cada tres niñas en el mundo en vías de desarrollo se casa antes de los 18 años; una de cada nueve se casa antes de cumplir los 15.

      Las investigaciones de Human Rights Watch en Afganistán, Bangladesh, Malawi, Nepal, Sudán del Sur, Tanzania, Yemen y Zimbabue descubrieron que el matrimonio precoz tiene consecuencias nefastas para toda la vida, que a menudo son completamente devastadoras o que paralizan la capacidad de una niña para disfrutar de una amplia gama de derechos humanos. El abandono escolar prematuro contribuye, y es a la vez también, un resultado del matrimonio precoz. Otros impactos incluyen la violación marital, un mayor riesgo de violencia doméstica, la falta de acceso a un trabajo digno, la explotación por medio del trabajo no remunerado, el riesgo de transmisión del VIH y un abanico de problemas de salud debido a la maternidad temprana.

      En la actualidad, se está prestando una atención sin precedentes al matrimonio infantil en todo el mundo. Voces prominentes dentro y fuera de los gobiernos, incluyendo las de Sheikh Hasina, la primera ministra de Bangladesh, y Joyce Banda, la ex presidenta de Malawi, se han comprometido públicamente a luchar contra el matrimonio infantil en sus países.

      Pero el cambio es a menudo progresivo y las promesas no siempre conducen a una acción eficaz. A pesar de fijar la meta de acabar con el matrimonio infantil en Bangladesh para 2041, Sheikh Hasina también ha propuesto una ley para reducir la edad en que las niñas pueden contraer matrimonio a 16 años, en lugar de los actuales 18. En abril de 2015, Malawi aprobó una nueva ley que establecía la edad mínima del matrimonio a los 18 años; sin embargo, la ley no anula la Constitución, que no prohíbe explícitamente el matrimonio de niños menores de 15 años, y permite casarse a jóvenes de 15 a 18 años con el consentimiento de los padres.

      Los donantes internacionales, organismos de las Naciones Unidas y grupos de la sociedad civil, incluyendo a Niñas, no Novias (Girls Not Brides, por su nombre en inglés), una coalición de más de 500 organizaciones en todo el mundo, también se han unido en favor de esta causa. Los retos son enormes. El matrimonio infantil, alimentado por la pobreza y normas profundamente arraigadas que infravaloran y discriminan a las niñas, no desaparecerá si la atención concertada de la que ahora disfruta disminuye en favor del siguiente tema candente.

      Un reciente avance puede ayudar a sostener esta atención: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados en septiembre de 2015, incluyen la eliminación del matrimonio infantil como una meta clave para 2030 para promover la igualdad de género.

      El cumplimiento de este objetivo requiere una combinación de enfoques que se ha demostrado que son difíciles de alcanzar para otras cuestiones de derechos de las mujeres: el compromiso de la voluntad política y recursos durante muchos años; la voluntad de reconocer la sexualidad de las adolescentes y brindarles información y opciones; y la verdadera coordinación entre diversos sectores, entre ellos la educación, la salud, la justicia y el desarrollo económico.

Abordar las raíces del matrimonio infantil

Me enfrenté a muchos problemas en el matrimonio. Era joven y no sabía cómo ser una esposa. Estaba embarazada, tenía que cuidar de mi marido, hacer las tareas domésticas, tratar con mis suegros y trabajar en la granja. Mi peor momento fue cuando estaba embarazada; tenía que hacer todo esto y lidiar con mi embarazo mientras que yo seguía siendo una niña.

—Elina V., casada a los 15 años, Malawi

      Las principales causas del matrimonio infantil varían según las regiones y las comunidades, pero a menudo se centran en el control sobre la sexualidad de las niñas.

      En algunos países, como Tanzania, Human Rights Watch entrevistó a muchas jóvenes que dijeron que se sintieron obligadas a casarse después de quedar embarazadas. En otros países, como Bangladesh, los padres precipitan el matrimonio de una hija para evitar el riesgo de que sea acosada sexualmente, que mantenga una relación sentimental o simplemente que se perciba que mantiene una relación antes del matrimonio.

      Un denominador común es que la mayoría de las niñas, económicamente dependientes, con poca autonomía o apoyo y presionadas por las normas sociales, comparten la sensación de que no tienen más remedio que cumplir con los deseos de sus padres.

      Normas de género discriminatorias existentes en muchos lugares, incluyendo tradiciones que dictan que una niña debe vivir con la familia de su marido, mientras que un niño permanece con sus padres y les mantiene económicamente, contribuyen a la percepción de que las hijas suponen una carga económica mientras que los hijos son una inversión a largo plazo.

      La falta de acceso a educación de calidad es otro factor influyente. Cuando las escuelas están demasiado lejos, son demasiado caras, o el viaje es muy peligroso, las familias a menudo sacan a sus hijas de las escuelas, o las jóvenes abandonan los estudios por su propia iniciativa, lo que las hace mucho más propensas a casarse.

      Incluso cuando las escuelas son accesibles, el ausentismo de los maestros y una educación de mala calidad puede significar que ni las niñas ni sus padres sientan que valga la pena el tiempo o el gasto necesario. También hay casos en los que las niñas no acuden a la escuela porque se espera que trabajen, ya sea en el hogar, o a veces como mano de obra remunerada desde edades tempranas. Estas mismas desventajas, combinadas con la falta de apoyo de los administradores de las escuelas o de los maridos y familiares políticos, a menudo impiden que las niñas casadas puedan continuar su educación.

      Muchas niñas y sus familias citan la pobreza y la dote como otro factor que las empuja al matrimonio. El estrés que supone tener “otra boca que alimentar” acelera las decisiones de algunos padres de casar a sus hijas cuando éstas son todavía muy jóvenes. En Bangladesh, donde los padres de una joven pagan una dote al novio, cuanto más joven es ella, menor es la dote, lo que significa que algunas familias pobres creen que si no casan a sus hijas temprano no serán capaces de hacerlo nunca.

      En cambio, en Sudán del Sur, es la familia de la novia la que recibe una dote del novio, ya sea en forma de ganado, un importante activo económico, o de dinero. Por ejemplo, Ayen C., del condado de Bor, dijo: “Mi marido pagó 75 vacas como dote por mí. Nunca habíamos hablado ni cortejado antes de casarnos. Cuando me enteré del matrimonio, sentí una gran amargura. Le dije a mi padre: ‘no quiero ir con este hombre’. Él dijo: ‘Me gusta el ganado que tiene este hombre, así que te casarás con él’”.

      Muchas niñas tienen un acceso miserablemente escaso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea sobre la forma en la que una mujer queda embarazada, los métodos anticonceptivos fiables, la protección contra las infecciones de transmisión sexual, los servicios prenatales, o la atención obstétrica de emergencia.

      Como resultado, el matrimonio infantil está estrechamente vinculado a la maternidad temprana y de riesgo. Las consecuencias pueden ser letales: las complicaciones del embarazo y el parto constituyen la segunda causa principal de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, a nivel mundial. En otros casos, el estrés del parto en cuerpos físicamente inmaduros puede causar fístulas obstétricas, un desgarro entre la vagina y el recto de una niña que se traduce en fugas permanentes de orina y heces. Las niñas que sufren esta condición a menudo son condenadas al ostracismo y abandonadas por sus familias y comunidades.

      Según datos de 2013, el 74 por ciento de las nuevas infecciones de VIH entre los adolescentes africanos se producen en niñas, muchas de ellas en el contexto del matrimonio, donde su limitado peso en la relación y la presión de tener hijos contribuyen a la falta de uso del preservativo.

      La violencia doméstica es otro riesgo del matrimonio, perpetrada por el marido de la joven o sus parientes políticos, e incluye tanto la violencia psicológica, física y sexual, como la violación marital. Aunque no todos los matrimonios infantiles están marcados por la violencia doméstica, el riesgo aumenta cuando hay grandes diferencias de edad entre una niña y su marido.

      Muchos países no penalizan la violación dentro del matrimonio, e incluso cuando se trata de un delito, las niñas novias tienen poca capacidad para buscar ayuda. En general, la limitada información acerca de sus derechos, la falta de acceso a servicios –especialmente de asistencia legal y refugios de emergencia—, el divorcio discriminatorio, la herencia y las leyes de custodia, y el rechazo de sus propias familias, pueden atrapar a muchas en matrimonios abusivos sin posibilidad de escapar.

      Los conflictos armados aumentan el riesgo de las niñas a ser blanco del matrimonio infantil y otros abusos. Por ejemplo, el matrimonio forzado de niñas es una devastadora táctica de guerra utilizada por grupos extremistas como el Estado Islámico (también conocido como ISIS) y el nigeriano Boko Haram. Human Rights Watch entrevistó a niñas Yazidi en Irak que contaron historias desgarradoras de cómo fueron capturadas y separadas de sus familias para luego ser compradas y vendidas como esclavas sexuales. Una joven que logró escapar describió haber sido llevada a un salón de bodas con 60 niñas y mujeres, donde los combatientes de ISIS les dijeron que se olvidaran de sus parientes porque de ahora en adelante se iban a casar con ellos e iban a parir sus hijos.

      Los factores ambientales también juegan su papel. Las familias pobres que viven en zonas de alto riesgo de desastres naturales, incluso como resultado del cambio climático, como en Bangladesh, citaron la inseguridad resultante como un factor que empuja a casar a sus hijas a edades muy tempranas. Por ejemplo, la inundación de los cultivos o la pérdida de la tierra pueden profundizar la pobreza de una familia, por lo que muchos padres dijeron sentir presión para acelerar el matrimonio de una hija a raíz de un desastre natural o en previsión de uno.

El camino a seguir

Mientras que los daños causados por el matrimonio infantil son inquietantes, los beneficios de poner fin a la práctica son transformadores y de largo alcance. La lucha contra el matrimonio infantil es una forma estratégica de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos, que van desde la salud, la educación, el trabajo, la libertad ante la violencia y la participación en la vida pública.

      Pero el matrimonio infantil es complejo y varía ampliamente en todo el mundo. Los gobiernos comprometidos a cumplir con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el matrimonio infantil para el año 2030 necesitarán emplear un enfoque holístico e integral que se adapte a contextos locales y comunidades diversas.

      Y mientras que la tasa de matrimonios infantiles ha comenzado a caer en algunos lugares, ha crecido en otros. Por ejemplo, grupos de la sociedad civil reportan una incidencia cada vez mayor del matrimonio infantil entre los refugiados sirios en Jordania.

      La adopción y la aplicación de marcos jurídicos nacionales coherentes que respeten las normas internacionales de derechos humanos es fundamental. Esto incluye hacer que la edad mínima para contraer matrimonio sea de18 años, evitando lagunas tales como excepciones de consentimiento de los padres, garantizando que las leyes exijan el consentimiento libre y pleno de ambos cónyuges, lo que requiere una prueba de edad antes de la expedición de las licencias de matrimonio, e imponiendo sanciones a cualquiera que amenace o perjudique a cualquiera que se niega a casarse.

      Los gobiernos deberían garantizar que estas protecciones no se vean socavadas por leyes y tradiciones religiosas o consuetudinarias, y deberían entablar conversaciones regularmente con los líderes religiosos y comunitarios.

      Aprender acerca de qué tipos de intervenciones funcionan, y para quién, también es clave. Sólo alguna de las numerosas intervenciones que han proliferado se han monitoreado o evaluado de manera adecuada para saber qué merece ser replicado y ampliado. En una revisión de 2013, el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer, con sede en Washington, encontró que sólo 11 de 51 países con una prevalencia del matrimonio infantil superior al 25 por ciento habían evaluado iniciativas que luchan contra el matrimonio infantil.

      Un análisis de 23 programas entre 150 encontró evidencias que apoyan la eficacia de: 1) el empoderamiento de las niñas con información y redes de apoyo; 2) garantizar el acceso de las niñas a una educación de calidad; 3) la participación y la educación de los padres y miembros de la comunidad sobre el matrimonio infantil; 4) proporcionar incentivos económicos y apoyo a las familias de las niñas; 5) establecer y aplicar un marco legal fuerte, como una edad mínima para contraer matrimonio.

      El Population Council, una organización internacional de investigación y acción, llevó a cabo un riguroso estudio de varios años que descubrió que, en Tanzania y Etiopía, el ofrecimiento a familias de incentivos económicos, como ganado, a cambio de mantener a sus hijas solteras y escolarizadas llevaba a niñas de entre 15 y 17 años (dos tercios y el 50 por ciento, respectivamente) a tener menos probabilidades de estar casadas en comparación con las de una comunidad que no participaba en el programa.

      En Etiopía, en las comunidades en las que a las niñas de 12 a 14 años les proporcionaban material escolar gratuito, éstas eran un 94 por ciento menos propensas a casarse que en un grupo comparable. Las comunidades que participaron en programas de sensibilización sobre el valor de la educación de las niñas y los perjuicios del matrimonio infantil también tenían menos niñas casadas.

      Un mensaje particularmente poderoso al que las comunidades y los padres responden es la información sobre los daños de la maternidad temprana. En consecuencia, el acceso a información sobre salud reproductiva y sexual es clave para que los adolescentes comprendan sus cuerpos, promuevan el respeto y la conducta consensuada en las relaciones y prevengan embarazos no deseados.

      Sin embargo, mientras que los gobiernos no tienen problema en promover intervenciones que, en general, cuentan con un amplio apoyo público, como la distribución de material escolar, muchos se muestran reacios a introducir programas que podrían desencadenar una reacción violenta. Evitan ofrecer educación sexual integral en las escuelas o a través de otros mecanismos comunitarios, así como garantizar que los adolescentes, además de las mujeres adultas, obtengan información completa sobre los métodos anticonceptivos y el acceso asequible a servicios de salud, incluyendo el aborto seguro y legal.

      La campaña para terminar con el matrimonio infantil no puede tener éxito sin una mayor aceptación de la sexualidad de las adolescentes y su derecho a tomar sus propias decisiones informadas sobre sus cuerpos, sus relaciones y su actividad sexual.

      Gobiernos y donantes pueden unirse alrededor de la idea de que una niña de 12 años de edad debería estar en la escuela en lugar de un matrimonio. Países como Canadá, Holanda, el Reino Unido y Estados Unidos han sido los principales donantes en la lucha contra el matrimonio infantil. Pero el reto estará en ver si pueden asegurar que las intervenciones contra el matrimonio infantil no sean esfuerzos independientes desconectados de otras acciones para empoderar a las mujeres y las comunidades pobres y promover la educación y la salud.

      Los gobiernos, ya sea como donantes o como ejecutores, deben abordar algunas preguntas difíciles si van a hacer un progreso genuino. ¿Incluyen sus programas de educación un compromiso especial para niñas casadas? ¿Incluyen los planes de acción nacionales sobre la violencia de género y ” mujer, paz y seguridad” esfuerzos/medidas para acabar con el matrimonio infantil? ¿Incorporan sus programas de capacitación policial sobre violencia de género la vigilancia de los métodos de lucha contra el matrimonio infantil, como el enjuiciamiento de los funcionarios locales que firman los certificados de matrimonio de niñas menores de edad?

      Esta coordinación es crucial para asegurar que las oportunidades críticas no se pierdan en la asignación de recursos y programas que se llevará a cabo a lo largo de la amplia agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

      Los esfuerzos para acabar con el matrimonio infantil también significa que los donantes deben presionar a los gobiernos para cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional para eliminar esta práctica. Los tratados internacionales de derechos humanos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien existe una creciente evidencia de la eficacia de una serie de enfoques a nivel comunitario, la cooperación del gobierno, la policía y las iniciativas a nivel nacional son la clave en cuanto a escala y sostenibilidad.

      Con demasiada frecuencia, las organizaciones no gubernamentales y los donantes apoyan programas innovadores, pero funcionarios del gobierno local socavan su impacto al ignorar o incluso al facilitar el matrimonio infantil (por ejemplo, cambiando la edad de un certificado de nacimiento o matrimonio a cambio de sobornos) o la policía local deja de aplicar las leyes que hacen que el matrimonio infantil sea un delito.

      Del mismo modo, se pierden oportunidades clave cuando los trabajadores de salud del gobierno no pueden hablar con los adolescentes sobre la sexualidad y la anticoncepción, o maestros y directores de escuelas   públicas no son obligados ni alentados a contactar con las niñas que abandonan la escuela para casarse.

      Uno de los paralelismos más sorprendentes en toda la investigación de Human Rights Watch sobre el matrimonio infantil es ver cómo las niñas que se casaron jóvenes desesperadamente anhelan un futuro mejor para sus hijas.

      Kalpana T., entrevistada por Human Rights Watch en el sur de Nepal, no está segura de su edad, pero dijo que se casó después de haber tenido tres o cuatro períodos menstruales, y ahora tiene tres hijas menores de 5 años. Ella nunca fue a la escuela.

“Mis hermanas y yo teníamos que trabajar por dinero en los campos de los patrones en cuanto éramos lo suficientemente mayores como para conocer el trabajo”, dijo. “Tuve que casarme porque mis padres querían que lo hiciera. Yo no quiero esto para mi hija. Soy ignorante y no sé cómo funciona el mundo…No sé cómo contar dinero. Quiero que mi hija tenga educación y tenga una vida mejor que la que tengo ahora”.

      La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el matrimonio infantil podría aumentar las posibilidades de que las hijas de Kalpana T. tengan más oportunidades que su madre. Pero antes de que este noble objetivo pueda conducir a un cambio significativo, tanto para las niñas en la aldea de Kalpana T. como en otros lugares del mundo, es imprescindible una gran cantidad de coordinación, una disposición para abordar temas socialmente sensibles y un compromiso sostenido, además de recursos.

Fuente:
https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285069
(28/01/2016)

EE UU: Las plantaciones de tabaco
no son lugar para adolescentes.
El gobierno y las compañías
no les dan la protección adecuada

Diciembre 8, 2015

(Washington, DC) – El gobierno y las compañías tabacaleras de Estados Unidos no están protegiendo adecuadamente a los adolescentes del trabajo peligroso en el cultivo del tabaco, dijo hoy Human Rights Watch en un informe y video.

      El informe de 73 páginas, “Teens of the Tobacco Fields: Child Labor in United States Tobacco Farming” (“Un trabajo que intoxica: adolescentes en las plantaciones de tabaco”), documenta los daños que sufren los jóvenes de 16 y 17 años que trabajan largas jornadas en las plantaciones de tabaco de EE.UU. al exponerse a la nicotina, los pesticidas tóxicos y el calor extremo. Casi todos los adolescentes entrevistados reportaron haber sufrido síntomas consistentes con la intoxicación aguda por nicotina – náuseas, vómitos, dolores de cabeza o mareos – mientras trabajaban en los campos de tabaco.

      “Los adolescentes son considerados demasiado jóvenes para comprar legalmente un paquete de tabaco pero mientras trabajan en las plantaciones de tabaco de EE.UU. están expuestos a la nicotina”, dijo Margaret Wurth, investigadora sobre derechos del niño de Human Rights Watch y coautora del informe. “El gobierno y las empresas tabacaleras de EE.UU. deberían proteger a todos los menores de 18 años del trabajo peligroso en las plantaciones”.

      El cultivo de tabaco en EE.UU. pone a los niños en riesgo de sufrir intoxicaciones por nicotina y los expone a pesticidas debido a los químicos tóxicos con los que son tratadas las cosechas, así como a padecer dolores, enfermedad por calor y lesiones crónicas por llevar a cabo movimientos repetitivos.

      Algunas tabacaleras y grupos de cultivadores con sede en EE.UU. tomaron medidas en 2014 para prohibir el trabajo infantil de los menores de 16 años en los campos de tabaco, pero excluyeron de sus políticas a los adolescentes más mayores. Sin embargo, estos adolescentes siguen siendo vulnerables a los efectos nocivos del trabajo, señaló Human Rights Watch.

      Para el informe, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación de campo en julio de 2015, en el este de Carolina del Norte, y entrevistó a 26 adolescentes de 16 y 17 años, así como a padres, expertos en temas de salud de trabajadores agrícolas y de adolescentes y cultivadores de tabaco. Aparte de la exposición habitual a la nicotina, muchos de los entrevistados dijeron que habían trabajado en o cerca de campos que estaban siendo rociados con plaguicidas, o que habían entrado en campos que habían sido tratados recientemente, sintiéndose repentinamente enfermos con dolores de cabeza, náuseas, dificultad para respirar, ardor en los ojos y picor en la nariz y la garganta.

      Casi todos los adolescentes que hablaron con Human Rights Watch trabajaban 11 o 12 horas diarias en condiciones de calor extremo, sin equipamiento de protección adecuado, sin acceso consistente a baños ni ningún lugar donde poder lavarse las manos. Muy pocos habían recibido algún tipo de capacitación sobre seguridad o educación de salud sobre los peligros del cultivo de tabaco.

      “Inés”, de 17 años, dijo que cayó gravemente enferma un día después de haber trabajado en una plantación tabacalera. “Me sentía un poco mal en el trabajo, como que me pasaba algo”, dijo. “Y entonces, por la noche, es cuando empezó todo… Empecé a sentir un fuerte dolor de estómago. Era tan fuerte que lloré por la noche. Mi madre me iba a llevar a la sala de emergencias porque me sentía muy mal. Entonces empecé a vomitar y creo que vomité tres o cuatro veces ese día. Fue muy doloroso”.

      El informe parte de una investigación publicada por Human Rights Watch en 2014 que documentaba el trabajo infantil peligroso en las plantaciones de tabaco de EE.UU. Ese informe incluía entrevistas con 141 trabajadores infantiles, de entre 7 y 17 años, en cuatro estados del país. Durante casi dos años, Human Rights Watch se reunió y mantuvo correspondencia con ejecutivos de ocho grandes compañías que compran tabaco a haciendas en EE.UU. y les instó a fortalecer sus políticas de trabajo infantil.

      En 2014, las dos principales compañías tabacaleras estadounidenses – Altria Group y Reynolds American – anunciaron que prohibirían la contratación de menores de 16 años en las plantaciones de tabaco. Este cambio se produjo después de promesas similares por parte de dos asociaciones de cultivadores de tabaco.

      “Prohibir que los menores de 16 años trabajen en el cultivo de tabaco es un importante primer paso”, dijo Wurth. “Pero los jóvenes de 16 y 17 años siguen siendo muy vulnerables a los efectos de la nicotina y los pesticidas. Ellos también merecen ser protegidos”.

      Otras tabacaleras prohíben que los menores de 18 años lleven a cabo una serie de labores especialmente riesgosas en las plantaciones, pero ninguna compañía cuenta con las políticas suficientes para proteger a todos los menores de 18 años del trabajo peligroso, señaló Human Rights Watch.

      Las leyes y regulaciones de EE.UU. ofrecen menos protección que la mayoría de las políticas de las tabacaleras sobre el trabajo infantil en el cultivo de tabaco. Bajo el derecho laboral de EE.UU., es legal contratar a niños de apenas 12 años para que trabajen una cantidad ilimitada de horas fuera del horario escolar en una plantación tabacalera de cualquier tamaño con permiso de los padres, y no existe ninguna edad mínima para que trabajen en haciendas pequeñas o plantaciones que sean propiedad o estén operadas por miembros de la familia.

      Los adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos nocivos del trabajo porque sus cerebros todavía están en desarrollo. Investigaciones médicas han demostrado que la corteza prefrontal – la parte del cerebro utilizada para planificar, resolver problemas y controlar los impulsos – sigue desarrollándose a lo largo de la adolescencia hasta los 20 o 25 años. La corteza prefrontal es susceptible a los estimulantes, como la nicotina. Mientras que los efectos a largo plazo de la absorción de la nicotina a través de la piel son inciertos, la exposición a esta sustancia durante la adolescencia se ha asociado con trastornos del estado de ánimo y problemas en el futuro de memoria, atención, cognitivos y de control de los impulsos. La exposición a los pesticidas durante la infancia se ha relacionado con el cáncer, problemas de salud reproductiva, depresión y otros problemas.

      Bajo el derecho internacional, EE.UU. tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para eliminar el trabajo peligroso para aquellos menores de 18 años, incluyendo cualquier labor que pueda suponer un daño a su salud o seguridad. A su vez, las tabacaleras tienen la responsabilidad de actuar para prevenir y eliminar graves problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro.

      El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha reconocido los riesgos para los niños que trabajan en las plantaciones de tabaco, pero no ha hecho nada para cambiar las regulaciones del país y acabar con el trabajo infantil peligroso en los campos.

      Un proyecto de ley presentado por el senador Richard Durbin y el representante David Cicilline prohibiría que menores de 18 años trabajen en contacto directo con el tabaco, pero todavía no ha sido sometido a votación ni en el Senado ni en el Congreso.

      “El gobierno de EE.UU. tiene que hacer mucho más para proteger a los trabajadores infantiles de los peligros del cultivo de tabaco”, dijo Wurth. “El gobierno y el Congreso de EE.UU. deberían tomar medidas urgentes para prohibir que todos los menores de 18 años desempeñen trabajos peligrosos en las plantaciones tabacaleras”.

Fuente:

https://www.hrw.org/es/news/2015/12/08/eeuu-las-plantaciones-de-tabaco-no-son-lugar-para-adolescentes

(10/12/2015)

Siria: Se teme por la vida de defensor
de la libertad de expresión

Noviembre 23, 2015

(Beirut) – Bassel Khartabil, un defensor del derecho de libertad de expresión que se encuentra retenido en condiciones que equivalen a desaparición forzada, podría ser castigado con la pena de muerte, según señalaron hoy 30 organizaciones locales e internacionales. Su esposa ha recibido versiones no confirmadas de habría sido condenado a muerte por un Tribunal Militar de Campaña. Su paradero debe ser dado a conocer inmediatamente, y se debería disponer su liberación incondicional, sostuvieron las organizaciones.

      El Servicio de Inteligencia Militar detuvo a Khartabil el 15 de marzo de 2012. Permaneció incomunicado ocho meses, durante los cuales sufrió además torturas y otros maltratos. Se encuentra procesado ante un Tribunal Militar de Campaña por sus actividades pacíficas en defensa de la libertad de expresión. Un juez militar interrogó a Khartabil durante algunos minutos el 9 de diciembre de 2012, pero no tuvo más novedades sobre el estado de la causa, según indicó a los familiares. En diciembre de 2012, Khartabil fue trasladado a la prisión de Adra en Damasco, donde permaneció hasta el 3 de octubre de 2015, cuando fue transferido a un lugar no informado. Desde entonces, no se tienen noticias.

      La información obtenida por su esposa a través de presuntas fuentes de Inteligencia Militar sugieren que, desde su desaparición, ha sido juzgado por un Tribunal Militar de Campaña en la dependencia de la policía militar en Al-Qaboun, y que dicho tribunal le impuso la pena capital. Los Tribunales Militares de Campaña en Siria son tribunales de excepción, cuyos procedimientos secretos a puertas cerradas no cumplen con los estándares internacionales sobre juicio justo. Los acusados no cuentan con representación legal, y las decisiones de los tribunales son vinculantes e inapelables. Distintas personas que han sido llevadas ante estos tribunales y que fueron posteriormente liberadas han señalado que los procedimientos no son más que un simulacro, y que a menudo duran apenas unos minutos.

      Khartabil es un desarrollador de software que ha aplicado su experiencia técnica para promover la libertad de expresión y el acceso a la información a través de Internet. Ha recibido numerosas distinciones, como el Premio a la Libertad Digital 2013 otorgado por Index on Censorship, en reconocimiento al uso de tecnología para promover un Internet libre y abierto. Su detención y posterior reclusión hasta la actualidad serían una consecuencia directa de su labor pacífica y legítima, aseveraron las organizaciones.

      Los reclamos a favor de su liberación han sido publicados por esta organización desde que fue detenido, y fueron replicados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en abril de 2015.

Las autoridades de Siria deberían:

  1. Informar inmediatamente el paradero de Bassel Khartabil y concederle el acceso a un abogado y a su familia;
  2. Asegurar que no sufra torturas ni otros maltratos;
  3. Disponer su liberación inmediata e incondicional;
  4. Liberar a todas las personas que están detenidas en Siria por ejercer sus derechos legítimos de libertad de expresión y asociación.

Lista de firmantes:

  1. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)
  2. Amnistía Internacional (AI)
  3. Arab Foundation for Development and Citizenship (AFDC)
  4. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
  5. Centre for Democracy and Civil Rights in Syria
  6. Electronic Frontier Foundation (EFF)
  7. EuroMed Rights (EMHRN)
  8. Fraternity Foundation for Human Rights
  9. Front Line Defenders (FLD)
  10. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
  11. HIVOS Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries
  12. Human Rights Watch (HRW)
  13. Index on Censorship
  14. Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
  15. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
  16. Iraqi Association for the Defence of Journalists’ Rights (IJRDA)
  17. Metro Centre to Defend Journalists in Iraqi Kurdistan
  18. PAX for Peace
  19. PEN International
  20. Rethink Rebuild Society
  21. Sisters Arab Forum for Human Rights (SAF)
  22. Syrian American Council (SAC)
  23. Syrian Association for Citizenship
  24. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  25. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  26. Syrian Observatory for Human Rights
  27.      Syrian Women Association
  28. The Day After Association (TDA)
  29. Violations Documentation Center in Syria (VDC)
  30. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Fuente:

https://www.hrw.org/es/news/2015/11/23/siria-se-teme-por-la-vida-de-defensor-de-la-libertad-de-expresion

(28/11/2015)

México: Hay evidencias de
ejecuciones extrajudiciales
en Apatzingán y Tanhuato
(Resumen)

Octubre 28, 2015

(Nueva York) – Existe evidencia de que en dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles, miembros de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones ilegales, señaló hoy Human Rights Watch.

Al menos ocho civiles murieron en la ciudad de Apatzingán el 6 de enero, luego de que miembros de la Policía Federal dispersaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana, y 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato el 22 de mayo, cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal. En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos.

“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante Sigue leyendo

Brasil: Donde los presos mandan
(Resumen)

Octubre 20, 2015

  • El estado de Pernambuco tiene las prisiones más hacinadas de Brasil

El estado brasileño de Pernambuco ha entregado el control de sus abarrotadas prisiones a reclusos designados discrecionalmente como “llaveros”, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El sistema penitenciario de Pernambuco alberga a un número de internos tres veces superior a su capacidad oficial, en condiciones peligrosas, insalubres y que no cumplen estándares regionales e internacionales.

El informe de 31 páginas, “The State Let Evil Take Over’: The Prison Crisis in the Brazilian State of Pernambuco” (El estado permitió que reinara el mal: La crisis penitenciaria en el estado brasileño de Pernambuco), documenta cómo las autoridades penitenciarias han cedido el control de los centros de detención a “llaveros” que venden drogas y espacios para dormir a otros detenidos y utilizan “milicias” violentas para hacer valer su autoridad, según señalaron exdetenidos, familiares y dos funcionarios públicos entrevistados por Human Rights Watch.

“En las cárceles de Brasil existe un grave problema de Sigue leyendo

Para los derechos humanos,
la opinión de la mayoría
no siempre es importante

Kenneth Roth
Director Ejecutivo

Si la mayoría de la gente siempre quisiera hacer lo correcto, las democracias no tendrían que preocuparse por los derechos humanos. Pero como no se puede confiar en el gobierno de la mayoría sin restricciones, el propósito de los derechos humanos es, al menos en parte, ser un freno a la extralimitación de la mayoría.

Esto no significa que la opinión pública pueda serles indiferente a las agrupaciones de derechos humanos. La acción de avergonzar, la herramienta central del movimiento de derechos humanos, no funciona si la denuncia pública del mal comportamiento de los gobiernos se recibe con aprobación en vez de condena. Así que el movimiento de derechos humanos debe seguir prestando atención al desarrollo y el mantenimiento de una opinión pública favorable. Esto es cierto incluso en las dictaduras, que nunca pueden depender exclusivamente de la coerción para conservar el poder. ¿Quién puede discutir la idea, propuesta por otros autores en esta serie, de que a las agrupaciones de derechos humanos les conviene saber qué piensa el público sobre las cuestiones de interés?

Pero ese claro planteamiento también puede llevarnos por mal camino. A menudo, el público pertinente para fines de avergonzar a un gobierno no es el público en general, sino un subconjunto de la población. A menos que una encuesta profundice hasta llegar a este subgrupo particular, puede desviar la atención de los hechos y argumentos más importantes.

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UE: cinco pasos para enfrentar
la crisis de refugiados

Cómo salvar vidas y proteger a las personas

(Brussels) – La Unión Europea (UE) y sus 28 Estados miembros deben actuar de inmediato para hacer frente a la crisis de derechos humanos, resultado de años de mala gestión de la migración y el asilo político, dijo hoy Human Rights Watch. En medio de la crisis humanitaria en las islas griegas, un sistema de asilo disfuncional en Hungría, miles de recién llegados en busca de protección y numerosas muertes en las fronteras de la UE, es necesario que se tomen medidas enérgicas en la cumbre de la UE el próximo 14 de septiembre de 2015.

“Europa está demostrando una asombrosa falta de voluntad política y de humanidad a la hora de lidiar con esta crisis de refugiados y migrantes”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa Occidental y Asia Central de Human Rights Watch. “Los líderes de la UE deberían guiarse por el imperativo de proteger vidas y garantizar un trato humano”.

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Venezuela: Críticos bajo amenaza

Interrogatorios, detenciones y procesos penales

(Nueva York) – El gobierno del Presidente Nicolás Maduro y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional están utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a personas que los critican, señaló hoy Human Rights Watch. Además de las detenciones arbitrarias y los procesos penales contra políticos de oposición, que han recibido amplia cobertura, durante el último año diversas autoridades venezolanas han iniciado, o amenazado con iniciar, acciones penales contra decenas de críticos menos conocidos.

            El 24 de julio de 2015, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al empresario venezolano Fray Roa Contreras, un día después de Sigue leyendo

Texas, reconoce a tus niños

El Departamento de Servicios de Salud de Texas se niega a expedir certificados de nacimiento a algunos niños nacidos en el estado de padres indocumentados. Una demanda que fue presentada en una corte federal por alrededor de dos decenas de inmigrantes pide que se ponga fin a esta práctica.

Michael Garcia Bochenek

El Departamento de Servicios de Salud de Texas se niega a expedir certificados de nacimiento a algunos niños nacidos en el estado de padres indocumentados. Una demanda que fue presentada en una corte federal por alrededor de dos decenas de inmigrantes que pide que se ponga fin a esta práctica.

         La cuestión aquí no es si estos niños son ciudadanos estadounidenses o no. Lo son. Estados Unidos, al igual que casi todos los países de las Américas, otorga ciudadanía automática a los nacidos en su territorio.

           La cuestión es si estos niños estarán destinados a Sigue leyendo

México a un año de la masacre

José Miguel Vivanco

Director Ejecutivo, Division Americas de HRW

A un año de que soldados mexicanos asesinaran a 22 personas en una bodega vacía en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, la aparición de un documento oficial donde se presentan instrucciones para el uso de la fuerza por parte de militares ha suscitado un debate serio y legítimo en el país sobre si los soldados estaban autorizados a matar.

            Es un hecho irrefutable que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas utilizan frecuentemente la fuerza letal durante operativos de seguridad pública. Según estadísticas oficiales, entre 2007 y 2012, murieron en total 2.959 “presuntos agresores” durante presuntos incidentes de “agresiones contra personal militar”, además de 158 militares. Esto equivale a 18,7 muertes de civiles por cada militar muerto.

            En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de violaciones del derecho a la vida, y expresó consternación por la impunidad “sistemática y endémica” de estas muertes.

            El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se conoció por primera vez cuando fue divulgado recientemente por la organización mexicana de derechos humanos Centro Prodh, tiene fecha del 11 de junio, es decir, más de dos semanas antes de que se produjeran las muertes en Tlatlaya. El oficio imparte instrucciones a las tropas mexicanas en la zona de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

            La difusión de este documento, que el gobierno reconoce como auténtico, ha generado especulaciones sobre si “abatir delincuentes” en verdad significa “matar” a presuntos delincuentes. Este fue el significado que le atribuyó a la expresión el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, y el día siguiente de los asesinatos de Tlatlaya, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo que los soldados habían “abatido a los delincuentes”.

            Como se trata de un documento de 12 páginas que también menciona la necesidad de asegurar que los operativos respeten los derechos humanos y que el uso de la fuerza sea proporcional, queda un margen de debate sobre si esto evidencia una política de disparar a matar. Sin embargo, no existe ningún margen de debate posible sobre la necesidad de asegurar que el gobierno realice, de una vez por todas, investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer la posible responsabilidad penal de los mandos jerárquicos en las ejecuciones en Tlatlaya. Y tal investigación debería tomar en cuenta el documento difundido recientemente.

            También es irrefutable que, aunque ha transcurrido un año desde las muertes de Tlatlaya, las víctimas y sus familiares todavía están esperando que se haga justicia. La investigación a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), iniciada recién tres meses después de las ejecuciones, todavía tiene inconsistencias en aspectos básicos, como la cantidad de homicidios que pretende perseguir penalmente. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que al menos 12 personas fueron ejecutadas ilegalmente, unos pocos soldados han sido acusados por la muerte de sólo ocho civiles. Y nadie ha sido condenado por las ejecuciones.

            La Comisión de los Derechos Humanos concluyó además que agentes del Ministerio Público del Estado de México golpearon y amenazaron a tres testigos sobrevivientes para obligarlas a afirmar que los militares no eran responsables de las muertes. Recién este mes, el Ministerio Público acusó a siete policías ministeriales por estas golpizas, según la prensa mexicana. Ninguno de ellos se encuentra detenido. Y a pesar de una recomendación de la CNDH que atribuye responsabilidad por el encubrimiento del crimen a la Secretaría de la Defensa, la PGR aún no ha identificado a todos los militares implicados.

            Si bien los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares tienen derecho a defenderse cuando sean atacados, el derecho internacional establece criterios muy concretos para determinar si el uso letal de la fuerza es legítimo. Siempre que resulte posible, los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares deben emplear la fuerza de manera que no sea letal, antes de recurrir a armas de fuego. Y cuando el uso de armas de fuego sea inevitable, deberían ejercer la moderación y sus actos deben ser proporcionales a la gravedad del riesgo que enfrentan. El objetivo principal de un operativo de seguridad pública no puede ser, bajo ninguna circunstancia, matar a presuntos delincuentes en vez de asegurar su aprehensión.

           El aniversario de las ejecuciones de Tlatlaya debería ser un llamado de atención para el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La obligación del gobierno de terminar con la impunidad de violaciones de derechos humanos y de combatir eficazmente la delincuencia organizada no pierde urgencia con el transcurso del tiempo; por el contrario, el incumplimiento de esta obligación se hace más patente a medida que pasa el tiempo.

Fuente

https://www.hrw.org/es/news/2015/07/14/mexico-un-ano-de-la-masacre

(28/07/2015)

Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas

(Los Ángeles) – Miles de familias en Estados Unidos han quedado desintegradas en los últimos años debido a medidas de detención y deportación por delitos vinculados con drogas, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Distintas leyes y políticas desproporcionadamente severas sobre delitos relativos a drogas pueden permitir que se deporte a residentes legales permanentes e inmigrantes no autorizados por igual.

El informe de 93 páginas, “A Price Too High: US Families Torn Apart by Deportations for Drug Offenses” [Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas], documenta evidencias de que EE. UU. destina habitualmente a residentes legales y otros inmigrantes que tienen estrechos vínculos con familias estadounidenses a procedimientos de deportación por delitos vinculados con drogas. A menudo, estos ilícitos se cometieron hace décadas, o son de tan poca gravedad que no se aplicaron penas de prisión o estas fueron ínfimas. Hubo un fuerte incremento de deportaciones, sobre todo luego de condenas por tenencia de drogas, de hasta un 43 por ciento entre 2007 y 2012, según datos del gobierno estadounidense obtenidos por Human Rights Watch a través de un pedido planteado al amparo de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

“Aun cuando numerosos estados de EE. UU. están legalizando y despenalizando Sigue leyendo

México logra un gran avance en la administración de medicamentos para el tratamiento del dolor

(México) – La introducción por parte de México el 15 de junio de 2015 de un nuevo sistema para la prescripción y dispensación de analgésicos fuertes que necesitan receta médica especial mejorará significativamente la atención de salud para las personas con enfermedades avanzadas, señaló hoy Human Rights Watch.

            “Esta es una muy buena noticia para los pacientes y sus familias”, dijo Diederik Lohman, director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Mejorará significativamente el acceso a medicamentos esenciales que han estado fuera del alcance de decenas de miles de personas que han estado sufriendo innecesariamente”.

            Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios sugieren que más de la mitad de las 600.000 personas que Sigue leyendo

México debe investigar asesinatos en Michoacán

28 de mayo de 2015

(Nueva York) – México debería efectuar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en las que murieron 43 personas el 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán, señaló hoy Human Rights Watch. Durante un enfrentamiento armado de tres horas entre civiles y policías federales en el municipio de Tanhuato murieron 42 civiles y un policía, según fuentes oficiales.

El Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, señaló que los policías actuaron en respuesta a disparos emitidos por los civiles. Sin embargo, que 42 civiles hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito, observó Human Rights Watch.

            “Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”.

            El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló en declaraciones a los medios que 42 policías se presentaron en Tanhuato con la intención de investigar la supuesta toma de un rancho por “delincuentes” armados. Rubido afirmó que los policías respondieron a disparos efectuados desde un vehículo, al cual persiguieron hasta que ingresó al rancho. Una vez que los policías llegaron al rancho, otras personas comenzaron a dispararles desde el interior, señaló Rubido. Más de una hora después, aproximadamente otros 60 policías se presentaron en el lugar, incluidos varios que efectuaron disparos contra el rancho desde un helicóptero.

            Funcionarios del gobierno mexicano, incluidos Galindo y Rubido, negaron expresamente que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales. Tres sobrevivientes se entregaron y fueron detenidos, y se decomisaron al menos 38 armas, afirmó Rubido.

            La agencia de noticias Associated Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos de los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro. Pobladores de las inmediaciones indicaron que la mayoría de los disparos provenían del helicóptero policial, según trascendió en los medios.

            El procurador general de justicia del estado de Michoacán señaló a periodistas que el caso estaba siendo integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), pero que su procuraduría estaba practicando las primeras diligencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también está investigando lo sucedido.

            En junio de 2014, personal militar abrió fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en el interior de una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, provocando la muerte de 22 de ellos. Un soldado resultó herido. Los relatos de testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.

            Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron reiteradamente con bolsas y amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a que confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las muertes, según la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercera testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido, según el informe.

            La PGR recién intervino en la investigación tres meses después. La PGR ha consignado a siete soldados y a un teniente, pero solamente en relación con el asesinato de ocho personas. Asimismo, si bien la CNDH declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional había encubierto el crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los militares involucrados en el encubrimiento, según le señaló un abogado que interviene en la causa a Human Rights Watch.

            “Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”, indicó Wilkinson.

Fuente (280515):

http://www.hrw.org/es/news/2015/05/28/mexico-debe-investigar-asesinatos-en-michoacan

Kurdistán iraquí: Desplazan, excluyen y detienen a miembros de la población árabe

Miles de árabes han sido confinados a “zonas de seguridad” en distintas regiones del norte de Irak por las fuerzas del Kurdistán iraquí que desde agosto de 2014 han recuperado regiones dominadas anteriormente por el grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS. Durante meses, distintas fuerzas kurdas impidieron que miembros de la población árabe que habían sido desplazados por los combates regresaran a sus hogares en zonas de las provincias de Ninewa y Erbil, sin embargo, permitieron que kurdos regresaran a esas regiones e incluso se instalaran en viviendas de pobladores árabes que debieron escapar. En enero de 2015 se frenaron algunas restricciones, luego de que Human Rights Watch se comunicara con el gobierno regional kurdo con respecto a este tema, pero todavía subsisten otras.

Residentes locales de la comunidad kurda dijeron a Human Rights Watch que ciudadanos kurdos iraquíes o soldados del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) han destruido decenas de viviendas de residentes árabes en las zonas en cuestión y que el GRK presuntamente pretende incorporar al territorio autónomo kurdo. Diversos residentes árabes de una de las zonas circundadas indicaron que fuerzas del GRK detuvieron a 70 hombres árabes durante extensos períodos y sin acusarlos por ningún delito concreto.

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