Amnistía Internacional

Por Bettina Cruz* &
Rosa Marina Flores Cruz**
12 de noviembre de 2022

En México, la historia de las energías renovables va de la mano de prácticas coloniales de despojo y violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el Istmo de Tehuantepec, la zona estrecha del territorio mexicano que separa al Océano Pacífico del Atlántico, los pueblos indígenas que habitamos la región hemos vivido por más de una década las consecuencias de la imposición de este modelo. En esta región, la energía eólica se ha vuelto símbolo del ideal de desarrollo “sustentable” en las administraciones gubernamentales locales, estatales y federales, y se ha convertido en la bandera para hablar de desarrollo e inversión. Más, la instalación de alrededor de más de 2000 aerogeneradores ha generado fuertes impactos en las dinámicas de la vida cotidiana.

En las comunidades receptivas de los proyectos se viven los efectos del capital privado sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales. Se han establecido “enclaves eólicos” en puntos clave (por sus características políticas y económicas), provocando el incremento en el encarecimiento de servicios y viviendas, el alza en la prostitución y la entrada de cadenas de supermercados, comida rápida y restaurantes para cubrir con las necesidades de los trabajadores foráneos de las empresas (en detrimento del mercado local).

La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en las Américas, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, dijo Amnistía Internacional hoy. 

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública. Nos preocupa que Ecuador y México estén avanzando hacia una militarización que pone en riesgo estos principios”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.