Amnistía Internacional

27 de abril de 2022

• Se necesitan con urgencia políticas económicas alineadas con los derechos humanos para cambiar de rumbo

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado fatal durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirman Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado hoy.

Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe expone los factores que explican el número desproporcionado de muertes por COVID-19 en la región si se la compara con otras partes del mundo. Con sólo el 8,4% de la población mundial, la región ha padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19. El informe concluye que los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos más devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados.

27 de abril de 2022

Impacto económico de la COVID-19 en América Latina y el Caribe

• La región ha soportado el 28% del total de muertes por COVID-19 en el mundo, pese a que sus habitantes sólo representan el 8,4% de la población mundial.
• Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza sigue siendo 14 millones mayor que en 2019.
• Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha aumentado en 16 millones.
• América Latina y el Caribe fue la región que experimentó el descenso más drástico del empleo en 2020. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas que trabajan en el sector informal han sido las más afectadas.
• Casi el 60% de los niños y niñas que perdieron un curso escolar completo en el mundo estaban en América Latina y el Caribe.
• 44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria, de los cuales 21 millones se hallaban en situación de inseguridad alimentaria severa.

3 de mayo de 2022

En respuesta a las informaciones de que la Corte Suprema se dispone a anular el derecho al aborto en Estados Unidos, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Anular Roe vs. Wade no sólo sería el resultado de décadas de campaña de odio contra los derechos de las mujeres; también sería profundamente racista y clasista. Mujeres racializadas y mujeres pobres se verían desproporcionadamente afectadas por cualquier decisión que pusiera fin al aborto seguro y legal. Si se anula el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema estaría demostrando una total indiferencia ante las numerosas pruebas de las implicaciones de la penalización del aborto que ponen en peligro la vida de las mujeres y el consiguiente número de muertes que se producen al recurrir al aborto inseguro. Una decisión así constituiría una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura.”

16 de mayo de 2022

El miércoles 18 de mayo, está previsto que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Honduras, de lectura de sentencia contra David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos, y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, quien fue declarado culpable hace nueve meses como coautor de participar en el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en 2016.

“Conocer el castigo contra las personas que participaron en el atroz crimen contra la lideresa Indígena Berta Cáceres es un momento clave en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de su familia, que ha tenido que enfrentar más de seis años de espera. Las autoridades hondureñas deben estar a la altura de este momento y asegurar que la sentencia, incluida su ejecución, cumpla los más altos estándares de derechos humanos, garantizando que el asesinato de Berta no quede impune”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

18 de mayo de 2022

Por Erika Guevara Rosas**
y Edith Olivares Ferreto***

Han pasado 365 días desde que agentes policiales reprimieran a 93 personas, la mayoría mujeres estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes habían salido a las calles a reclamar su derecho a la educación.

Las personas estudiantes se habían congregado en la caseta de cobro del municipio de Chiapa de Corzo en Chiapas, el estado con la tasa de pobreza más alta de México, para repartir volantes con información escrita sobre su simple exigencia: que los exámenes de nuevo ingreso a la Escuela Normal se realizaran de forma presencial y no virtual, porque muchas personas que aspiran a estudiar ahí viven en zonas remotas, con poco o nulo acceso a internet o una computadora.

23 de mayo de 2022

Por Agnes Callamard**
y Erika Guevara Rosas***

En febrero de 2021 murió por complicaciones de Covid-19 Aruká Juma, último integrante del pueblo indígena Juma. Tras sobrevivir al desplazamiento de sus tierras ancestrales y el exterminio de su pueblo, sucumbió a la pandemia que se propagó rápidamente entre las comunidades Indígenas de Brasil.

Se han visto escenas similares a ésta en la mayor parte de América Latina y el Caribe: el virus propagándose como un incendio descontrolado que afectaba a las personas más vulnerables porque los gobiernos no hacían lo suficiente para protegerlas. Como Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales señalaron en el informe “Desigual y Letal” el mes pasado, la región concentra el 28% de las muertes totales por COVID-19, teniendo apenas el 8,4% de la población mundial.

24 de mayo de 2022

Cifras globales

En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. Esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional al menos desde 2010.

La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado. Las cifras globales de ejecuciones y condenas a muerte excluyen, por tanto, a los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China.