Por Mario Alberto Naranjo Ricoy

Como cada mes, diciembre trae marcada una serie de efemérides que nos permiten tratar diversas problemáticas de derechos humanos a las que la comunidad internacional ha decidido poner especial énfasis dada la urgencia de darles una solución viable. En ese sentido, estas conmemoraciones son un recordatorio constante de aquellos pendientes que tenemos como sociedad global, si es que el propósito de que cada persona viva plenamente, gozando de sus derechos y libertades fundamentales, es un proyecto común a todos.

Del conjunto de efemérides, podemos agrupar algunas por la relación que guardan. Tres de ellas apuntan a diferentes aspectos de un derecho imprescindible en los tiempos que corren: el derecho humano a la salud. El 1° de diciembre está dedicado a los esfuerzos realizados para erradicar una de las enfermedades virales más graves, que sigue esperando su cura definitiva: el VIH/SIDA. El 12 de diciembre es la jornada consagrada a la cobertura sanitaria universal, propósito monumental cuyo logro implica un alto grado de cooperación internacional, así como la coordinación de muchos esfuerzos y la multiplicación de los recursos asignados a los sistemas nacionales de salud. Finalmente, el 27 de diciembre es el Día Internacional de Preparación ante las Epidemias, tarea de notable relevancia en la actualidad dada la terrible crisis causada por la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento para evitar su propagación.

Otro conjunto de efemérides puede ser agrupado dado que las tres se refieren a cuestiones que revisten una importancia trascendental para lograr el respeto a la dignidad humana. La primera de ellas es el 2 de diciembre, fecha en que se conmemora uno de los objetivos que se encuentra en la raíz misma de la lucha por los derechos y libertades fundamentales: la abolición de la esclavitud. Otra de estas conmemoraciones es el 9 de diciembre, dedicado a las víctimas de uno de los crímenes más atroces: el genocidio. El 10 de diciembre forma parte de este grupo en tanto que está destinado a los derechos humanos, doctrina filosófica, política y jurídica que constituye, sin duda alguna, uno de los factores de progreso más importantes de nuestra civilización.

Un último conjunto lo podemos formar con un par de efemérides que buscan llamar la atención en torno a dos grupos en situación de vulnerabilidad. El 3 de diciembre nos plantea el deber de ser una sociedad sensible a las necesidades de las personas que viven con algún tipo de discapacidad, desarrollando los medios para brindarles el mayor nivel de accesibilidad a toda clase de bienes y servicios, en tanto que el 18 de diciembre está dedicado a las personas migrantes, quienes enfrentan innumerables riesgos y padecen toda clase de abusos al dejar su país por diversos motivos.

1 de diciembre. Día Mundial de la lucha contra el SIDA

Según las últimas estadísticas sobre la epidemia de SIDA, proporcionadas por el programa de las Naciones Unidas destinado a la lucha contra esta enfermedad (ONUSIDA), un total de 37,7 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo en 2020. De estas, 28,8 millones tenían acceso a la terapia antirretroviral a mediados de 2021, lo que significa que casi 9 millones seguían sin recibir este tratamiento vital.^[1] En México, según datos de la Secretaría de Salud, un total de 322,987 personas habían sido diagnosticadas con VIH/SIDA desde 1983 hasta el segundo trimestre de 2021.^[2]

40 años después de que se dieran a conocer los primeros casos de este grave padecimiento, en 1981, uno de los grandes pendientes que se tienen es lograr el acceso universal a los antirretrovirales. Sin embargo, también se debe reconocer que el desarrollo de estos medicamentos ha constituido un avance importante, al grado de que las personas que viven con VIH/SIDA en la actualidad sólo necesitan de una píldora al día que les garantiza mantener una buena calidad de vida, prácticamente igual a que si no tuvieran la enfermedad. Esta situación contrasta con la experimentada por quienes se infectaron en la década de los 80 del siglo pasado, cuando ser diagnosticado como “seropositivo” era prácticamente una sentencia de muerte al no existir ningún tipo de tratamiento.

Pero el reto mayor sigue siendo contar con una vacuna que sirva de cura y como medida de prevención, lo que hasta ahora no se ha conseguido. Los gobiernos, las autoridades sanitarias del mundo, la comunidad médico-científica y la iniciativa privada de la industria farmacéutica deben continuar sus esfuerzos y conjuntar sus recursos para que pronto se logre este objetivo.

2 de diciembre. Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

La esclavitud es reducir a un ser humano a la condición de cosa o instrumento que es propiedad de alguien más, negando con ello su calidad de persona y obteniendo un beneficio a su costa. El filósofo alemán Friedrich Hegel teorizó sobre esta forma de dominación absoluta en la antigüedad clásica y en su célebre pasaje acerca de “la dialéctica del amo y el esclavo” consideró que esta relación afectaba a ambos términos, no sólo al esclavo, pues el amo también quedaba con su conciencia alienada y su ser degradado. Justamente, el pensamiento político moderno se rebeló contra esta situación normalizada durante cientos de años y, predicando la igualdad y la libertad de todos, dio comienzo a un proceso histórico de emancipación que perdura hasta nuestros días.

No obstante, actualmente se considera que 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la llamada “esclavitud moderna”, noción que abarca una serie de prácticas y situaciones de explotación como la trata de personas, la prostitución forzada, el reclutamiento de niños  con fines bélicos, el trabajo doméstico en condiciones de servidumbre y el matrimonio forzado.

La comunidad internacional ha levantado la voz y tomado diversas medidas para acabar con la esclavitud moderna y el trabajo forzoso. En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Más recientemente, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, instrumento que es legalmente vinculante y que, hasta ahora, sólo ha sido ratificado por 50 países. Es preciso que los gobiernos del mundo actúen en ese sentido con éste y otros instrumentos jurídicos internacionales con el fin de fortalecer el combate en contra de este flagelo.

3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. Sin embargo, la cifra aumenta a 20,838,108 (16.5% de la población mexicana) si se considera a las personas que declararon vivir con algún tipo de limitación para realizar actividades de la vida diaria.^[3]

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay más de 1,000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Además, la OMS señala que el número de personas con discapacidad está aumentando drasticamente debido a las tendencias demográficas y al aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, por lo que es probable que casi todas las personas enfrenten algún tipo de discapacidad –temporal o permanente– a lo largo de su vida.^[4]

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la discapacidad puede entenderse como “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.^[5] De esta definición se deriva que la discapacidad es un fenómeno complejo producto de la interacción entre las características del organismo del individuo y las de la sociedad en la que vive y se desenvuelve. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el factor social es el que debe ser modificado y adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad, mediante ajustes razonables, con el fin de que puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales.

Algunos de los principales derechos de las personas con discapacidad son: a la vida; igualdad ante la ley y no discriminación; accesibilidad al transporte, la comunicación y la información;  reconocimiento de su personalidad jurídica; acceso a la justicia en igualdad de condiciones; libertad y seguridad de la persona; protección contra la tortura y otros tratos degradantes; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; respeto a su integridad personal; libertad de desplazamiento y nacionalidad; inclusión y participación en la comunidad; movilidad personal con el máximo de independencia; libertad de expresión y acceso a la información; acceso a una educación inclusiva en todos los niveles; acceso al más alto nivel posible de salud, así como a la habilitación y rehabilitación; trabajo y empleo en igualdad de condiciones; nivel de vida adecuado y protección social; particupación en la vida política y pública; acceso a los servicios de cultura, recreación y deporte, entre otros.^[6]  

9 de diciembre. Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen

Dentro de los crímenes más graves y de mayor trascencendia para la comunidad internacional se encuentra el genocidio. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (artículo 2) como el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 6) –instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que sanciona éste y otros delitos-, lo definen como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.^[7]

En la historia abundan ejemplos de genocidio. Las acciones de las autoridades del Imperio Turco Otomano durante la Primera Guerra Mundial (1914–1918), que fueron parte de una política de limpieza étnica de la población bajo su control, cometidas en contra de minorías cristianas de origen griego, asirio y armenio, y que incluyeron masacres, deportaciones masivas y marchas forzadas que dejaron como saldo cientos de miles de muertos de estos pueblos, fueron constitutivas del delito de genocidio. Y se podría continuar a través del tiempo y las latitudes citando muchos casos más que clasificarían dentro de este crimen atroz: Camboya de 1975 a 1979, Ruanda en 1994, Boznia y Herzegovina en 1995, Sudán del Sur desde 2003 a la actualidad, etcétera.

Los gobiernos y Estados del mundo tienen el deber de llevar a cabo medidas de prevención del genocidio, con el fin de mantener a las poblaciones a salvo de esta amenaza y evitar que los ejemplos sigan multiplicándose. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a los Estados para que puedan ejercer su responsabilidad y crear las capacidades para proteger a las poblaciones en riesgo, antes de que estallen las crisis y los conflictos. En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas cuenta con Asesores Especiales para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger, quienes trabajan para impulsar y coordinar esfuerzos nacionales e internacionales de protección de las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a su comisión. La acción de estos asesores es cautelosa, dada la naturaleza del problema que enfrentan, pero por el bien de todos es de desearse que esté dando frutos.

10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos

Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos al “…conjunto de prerrogativas [libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones éticas] inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”.^[8]

Esta definición sintetiza una doctrina que tiene su corazón en el reconocimiento de la “dignidad de la persona” y  que hunde sus raíces en el pensamiento político de la Ilustración que inspiró las Revoluciones burguesas del siglo XVIII, e incluso (llegando aún más lejos en el tiempo) en la reivindicación de los “derechos naturales” de la población indígena de América en el siglo XVI, por parte de teólogos como Francisco de Vitoria, Bartolomé de Las Casas y Alonso de la Vera Cruz, a su vez inspirados por la filosofía medieval de Tomás de Aquino, según las consideraciones de Mauricio Beuchot.^[9]

Ya en la época contemporánea, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,^[10] que junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos^[11] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,^[12] ambos de 1966, son considerados la “carta internacional de derechos fundamentales”.^[13] Estos acontecimientos son un parteaguas en la historia global y del derecho internacional, pues marcaron el inicio de un nuevo desarrollo y ampliación del marco jurídico de los derechos humanos, que paulatinamente se han ido difundiendo e incorporando al orden constitucional de los Estados nacionales particulares.

En la actualidad, existen numerosos instrumentos jurídicos internacionales que dan cuenta de y buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas de edad, las personas con discapacidad, las poblaciones LGBTI, las personas que viven con VIH o SIDA, las personas privadas de la libertad, las personas en situación de calle, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, entre otros grupos de atención prioritaria dadas sus condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior constituye un gran avance, de manera que en la actualidad se cuenta con un corpus legislativo robusto en todas las materias mencionadas. Sin embargo, aún quedan grandes pendientes por resolver; algunas problemáticas se han agudizado y es preciso atenderlas en un mundo que aún no termina de salir de la pandemia de COVID-19. La comunidad internacional no debe cejar en su empeño de hacer efectivas, ahora y siempre, las máximas prerrogativas de la especie humana, base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

12 de diciembre. Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal

La salud es un derecho humano universal y esencial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “la cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca todo el espectro de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.^[14]

La Cobertura Sanitaria Universal es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sin embargo, según la misma OMS, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. Además, cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (lo que implica vivir con US$ 1,90 al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Igualmente, más de 930 millones de personas (alrededor del 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud. Otro obstáculo más es el hecho de que, actualmente, se padece de un déficit de 18 millones de trabajadores de la salud, entre trabajadores sanitarios y asistenciales (especialistas en medicina, cirugía, enfermería y cuidados), para garantizar la cobertura sanitaria universal.^[15]

Garantizar la CSU requiere de estrategias adecuadas y de sistemas de salud pública sólidos que sólo son posibles mediante un aumento consistente de la inversión pública y privada, así como con sistemas de financiación bien diseñados.  Además, es fundamental adoptar el enfoque de la atención primaria de salud y enfoques que abarquen la totalidad del ciclo vital, entre otras medidas. Aquí, la comunidad internacional y los Estados tienen una gran labor por delante pues las deficiencias son muchas, tal y como lo ha dejado claro la pandemia por COVID-19.

18 de diciembre. Día Internacional del Migrante

El mundo enfrenta una gran crisis migratoria derivada de las desigualdades económicas, la violencia regional y las transformaciones estructurales derivadas del proceso de globalización, entre otros factores. Nunca se habían alcanzado los niveles actuales de personas desplazadas, migrantes y en condiciones de movilidad. Tampoco se conocían todas las modalidades que ahora se conocen. En ese sentido, la migración se ha intensificado y extensificado, “diversificándose en sus orígenes, destinos, modalidades migratorias y perfiles de los sujetos involucrados”.^[16]

La complejidad del fenómeno migratorio contemporáneo requiere de la renovación de los enfoques de estudio y análisis, de las teorías y de los conceptos. También requiere de políticas públicas y sobre todo de acuerdos internacionales que sean sensibles a la realidad que enfrentan las personas migrantes. Ser migrante o persona en situación de movilidad es una de las condiciones de mayor vulnerabilidad pues significa quedar desarraigado y desprotegido, aislado de las garantías que debe proveer el propio país.

En un mundo en constante integración, es inconcebible que se sigan afirmando en el discurso público posiciones a favor del cierre de fronteras, la construcción de muros y las deportaciones masivas. México es un país atravesado por uno de los flujos migratorios más grandes a nivel mundial. En su toma de decisiones y en los acuerdos que alcancen con Estados Unidos, principal destino de este flujo, las autoridades deben privilegiar un enfoque de derechos humanos que salvaguarde la integridad y la dignidad de todas y cada una de las personas en situación de movilidad, independientemente de la nacionalidad que tengan.

27 de diciembre. Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias

La pandemia causada por el COVID-19 ha dejado una huella indeleble en la situación mundial pues sus repercusiones han afectado todos los planos de la vida y han detenido el desarrollo económico y social. En ese sentido, ha constituido una experiencia colectiva de la que debemos sacar todas las lecciones posibles. Sobre todo considerando que, como señalan algunos expertos, no será la última pandemia que debamos enfrentar de manera conjunta. Una de las principales lecciones es la profunda necesidad de intensificar la cooperación internacional en el terreno de la investigación científica, los servicios sanitarios y la distribución equitativa de los insumos farmacéuticos, entre éstos las vacunas. Entre otras medidas, es preciso generar acuerdos para que las patentes médicas se liberen lo antes posible, cuando así se requiera, anteponiendo el interés colectivo de la humanidad al interés privado. También, se deben generar mecanismos de distribución verdaderamente eficientes –ante los escasos resultados de la iniciativa COVAX de Naciones Unidas– que permitan que los países más desfavorecidos y de menor renta accedan a las vacunas en igualdad de condiciones. De lo contrario se corre el riesgo de que la desprotección sanitaria en estas poblaciones genere nuevas variantes más resistentes y letales, como es el caso de la variante ómicron del coronavirus (SARS-CoV2), descubierta en Sudáfrica recientemente.

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