25 de noviembre de 2021
Por Luis de la Barreda Solórzano

Provoca estupefacción que el doctor José Antonio Romero, director interino del CIDE —uno de los centros de ciencias sociales más reconocidos del mundo de habla hispana, con licenciaturas y posgrados de los mejores del país—, salga con la bobada de que los alumnos han sido influenciados por los profesores con formación en el extranjero que defienden la ideología neoliberal conforme a sus intereses privados.

Se requiere un alto grado de servilismo para acusar al CIDE exactamente de lo que el Presidente acusa a la UNAM: se ha vuelto neoliberal, le imputa el director interino, es decir, se ha pasado del lado de los malos, de quienes no respaldan acríticamente los postulados del actual gobierno de la República, que ve enemigos en todos aquellos que reflexionan sobre los problemas del país con rigor, profundidad y sin encadenarse a dogmas propios de maniqueísmo de manual pedestre.

Como apunta el profesor Mauricio Tenorio, el CIDE ha jugado un importante papel en el análisis y la discusión de temas relevantes para el país: los derechos humanos, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la migración, la discriminación, el cambio climático, las políticas públicas, la justicia, el comercio, la filosofía política, la historia nacional e internacional.

Como el Presidente, el director interino del CIDE descalifica a los profesores posgraduados en universidades extranjeras, como si los estudios en otros países fueran un pecado de lesa patria. En el CIDE por primera vez se exigió a los académicos el doctorado —obtenido en México o en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera— y que su formación respondiera a estándares internacionales en sus respectivas disciplinas.

Más allá de su visión xenófoba y sectaria, el director interino ha mostrado un talante arbitrario y desprecio a la comunidad que dirige. Destituyó al doctor Alejandro Madrazo como director de la sede del CIDE en Aguascalientes después de que éste destacó las aportaciones de los investigadores que se han incorporado a la sede mediante las cátedras Conacyt, programa que se pretende desmantelar.

Posteriormente, el director interino destituyó a la doctora Catherine Andrews como secretaria académica porque no acató su orden de suspender las evaluaciones de profesores, suspensión que no se justificaba y violaba los estatutos del CIDE. El doctor Romero pretende que esas evaluaciones se lleven a cabo hasta que haya sido nombrado el director titular, cargo al que él aspira, para que participe en el proceso de evaluación.

Esa destitución ha ocurrido cuando ya está en marcha el proceso de auscultación para la designación del nuevo director general, y se comunicó a la destituida en plena sesión de evaluación de una de las comisiones. El motivo: haber incurrido en “un acto de rebeldía”.

Me entusiasma la reacción de los académicos y los estudiantes, que no han tardado en protestar contra esas arbitrariedades dirigidas contra dos de las virtudes principales del CIDE: el pluralismo y la libertad de cátedra e investigación, que para los comisarios de la denominada Cuarta Transformación son vicios que hay que coartar.

Ante tantos abusos y dislates que estamos presenciando, la sociedad parece pasmada, como si fuera insensible a los abusos de poder. Se destruye la obra del nuevo aeropuerto internacional; se eliminan las estancias infantiles, el Seguro Popular, el sistema de abasto de medicamentos, los fideicomisos que apoyaban tareas de gran importancia; se militariza el país y se exhiben corruptelas en el otorgamiento de contratos por parte de los militares; se promulga un decreto inconstitucional; se utiliza perversamente el derecho penal… sin que haya una respuesta de inconformidad proporcional al tamaño del atropello.

Pero ahora los académicos y los estudiantes del CIDE están ofreciendo una lección de dignidad, coraje y valor cívico.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/una-leccion-de-dignidad/1484416
(6/12/21)

9 de diciembre de 2021
Por Luis de la Barreda Solórzano

Acorde con su fraudulenta designación —no obtuvo la mayoría calificada en el Senado ni cumplía con los requisitos que exige la Constitución—, el logro de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es notable: la ha convertido en una institución chatarra, indigna de su denominación y de la herencia del inolvidable doctor Jorge Carpizo.

Escribo estas líneas con tristeza. Tuve el honor de colaborar en la CNDH con el doctor Carpizo, como director, el primero, del Programa Penitenciario, y posteriormente visitador general a cargo de ese programa. No fue mi única responsabilidad en el sistema nacional de ombudsman: después fui elegido presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que desempeñé durante ocho años.

Los organismos públicos de derechos humanos han dado muy importantes batallas, muchas de ellas exitosas, contra el abuso de poder en el país. Condiciones necesarias para esas luchas son la calidad profesional, la autonomía, la objetividad, la vocación, el valor y el amor por la verdad. Sin esos atributos, el defensor público de los derechos humanos no está capacitado para realizar su tarea.

Carpizo lo dijo contundentemente: un ombudsman es autónomo o no es ombudsman. El titular de un organismo público de derechos humanos que no ejerza la autonomía en todas sus actuaciones, que soslaye los atropellos por acción u omisión de la autoridad, o que encadene su actuación a prejuicios ideológicos o a banderías sectarias, traiciona la causa de los derechos humanos, cuya única bandera debe ser el combate al abuso de poder, independientemente del color político de quien lo perpetre.

Bajo la presidencia de la señora Piedra, la CNDH ha guardado ominoso silencio ante el desabasto de medicamentos, provocado por el propio gobierno federal al desbaratar el eficiente sistema de distribución con el que contaba el país; ante la cancelación del Seguro Popular, que tantas vidas salvó al ocuparse de la atención de enfermedades incosteables para los bolsillos del paciente y sus familiares; ante la eliminación de las estancias infantiles y de los fideicomisos que sustentaban programas de enorme relevancia para el país; ante la perversa utilización de la acción penal, cuyos casos más escandalosos son las persecuciones contra científicos, contra Ricardo Anaya, contra Rosario Robles y contra la sobrina política del fiscal general de la República.

La CNDH ha guardado silencio, asimismo, ante las calumnias del Presidente contra académicos y periodistas; ante los embates contra la Universidad Nacional Autónoma de México; ante el grosero atropello contra el CIDE; ante las agresiones contra los organismos autónomos y los reguladores; ante el acuerdo que sustrae a la obra pública de infraestructura del escrutinio y la defensa de los ciudadanos, y ante otros muchos desmanes.

Pero eso no es todo. Ahora está interrogando inquisitorialmente a los visitadores adjuntos que trabajaron en la espléndida recomendación sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, contra la razón y el derecho, ha desconocido esa recomendación y reabierto el caso para ajustarlo a una versión contraria a la verdad, pero que, a juicio de la señora Piedra, pueda resultar del agrado del Presidente; ha reabierto también el caso Colosio, ignorando la sólida investigación llevada a cabo por Olga Islas y Luis Raúl González Pérez; ha designado como jefe de peritos a una mujer con un antecedente de deshonestidad profesional documentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y está coaccionando al personal para que delate a familiares a fin de proceder a despedirlos por el sólo hecho del parentesco.

¡Qué desazón, qué pena, qué tristeza lo que la señora Piedra ha hecho de la CNDH!

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/que-tristeza-la-cndh/1486976
(9/12/21)