23 de diciembre de 2021
Por Luis de la Barreda Solórzano

El caso se ha difundido ampliamente. En la comunidad Joya Real, Guerrero, cuando apenas tenía 11 años, Angélica fue entregada por la cantidad de 120,000 pesos a un hombre que la compró para casarla con su hijo. Esta venta de niñas es frecuente en comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El Presidente de la República no condena esta práctica, sustentada en usos y costumbres, porque, asevera, es la excepción y no la regla, y quienes la difunden, sostiene, no conocen las tradiciones y los valores de los denominados pueblos originarios.

Consumado el matrimonio infantil, el esposo de Angélica se fue a trabajar a algún lugar de Estados Unidos. Esa ausencia fue aprovechada por el comprador, convencido de que, porque había pagado por ella, tenía derecho a su cuerpo: intentó violarla no una, sino cuatro veces. Después del cuarto intento, a sus 15 años, Angélica escapó del domicilio conyugal y se refugió con su abuela. El suegro acudió a la policía comunitaria, que detuvo a la chica, a tres de sus hermanas —ninguna mayor de ocho años— y a su abuela.

Liberadas 11 días después y detenido su agresor, Angélica recibió atención sicológica en Chilpancingo. Al disponerse a regresar a Joya Real, se encontró con el rechazo de los habitantes y las autoridades. Su domicilio fue vandalizado; la puerta de su casa, macheteada. Los vecinos la acusan de “traer mala fama a la comunidad, ya que pone en duda los usos y costumbres de la zona”, y el comisario pide que se libere al fallido violador porque, afirma, matrimonios como el de Angélica no son forzados, sino producto de un acuerdo entre los padres.

La libertad de una niña, el derecho a elegir su proyecto de vida, contra los usos y costumbres comunitarios, según los cuales las niñas pueden ser entregadas a una familia ajena a cambio del precio pactado entre las dos familias. El individuo contra la comunidad. ¿Cómo no recordar ante este caso las fustigaciones del Presidente de la República contra el individualismo, el aspiracionismo, el feminismo, la defensa de los derechos humanos, la cual, según asegura el mandatario, no es más que una coartada de los neoliberales para distraer al mundo mientras lo saquean a sus anchas?

La mejor sociedad es aquella que posibilita el surgimiento de seres humanos responsablemente autónomos e independientes, es decir, libres. Los derechos humanos son una conquista de los gobernados frente a los gobernantes, de los débiles frente a los poderosos, y también del individuo ante los dioses, ante la tradición, ante la comunidad. Son el escudo ante el abuso prepotente, que en casos extremos conduce al terror y a la esclavitud. Los derechos humanos suponen que nadie necesita mendigar la protección del grupo del que forma parte al costo de anularse dócilmente en él.

Los derechos humanos sólo pueden florecer en regímenes democráticos, pues la aportación primordial de la democracia es la invención política del individuo. El derecho a la individualidad es el derecho de cada uno a configurarse, dentro de las circunstancias que le han tocado vivir, a sí mismo. Este individualismo no es asocial: proviene de la evolución vital de la sociedad. El uso derogatorio de la palabra individualismo confunde la relación entre individuos autónomos con uno de sus peligros de abuso. El individualismo —advierte Fernando Savater— “es la base de los estados democráticos de derecho contemporáneo: no puede haber Estado de derecho sin individuos sujetos de tales derechos y a través de ellos protagonistas significativos de la acción social” (Diccionario filosófico, Planeta).

Ningún uso o costumbre que desconozca o coarte la autonomía individual es respetable. El ideal civilizatorio exige el reconocimiento de la libertad de todos. Y un elemento central para evaluar el avance de una sociedad hacia ese ideal es la vigencia efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/vender-ninas/1489483
(26/12/21)

16 de diciembre de 2021
Por Luis de la Barreda Solórzano

Aunque en México la inmensa mayoría de los delitos no son denunciados debido a la desconfianza en el Ministerio Público —se denuncia menos de uno de cada diez delitos—, de los que se denuncian apenas se esclarece uno de cada cien (sí, lectoras y lectores, leyeron bien: uno de cada cien).

Los delitos no suelen denunciarse porque el denunciante se enfrenta a un largo y difícil procedimiento con muy pocas posibilidades de éxito. De los delitos denunciados en 2020, 6.6% de los casos concluyeron con alguna forma anticipada de juicio y sólo 4.6% llegaron ante un juez. En el resto no hubo resultados.

Eso significa que la posibilidad de que un delincuente sea castigado es mínima, casi inexistente. Noventa y nueve de cada cien delitos denunciados quedan impunes. Los potenciales delincuentes lo saben, y ese conocimiento es un incentivo importante, a veces determinante, para que lleven a cabo el delito.

Mientras en los países con baja incidencia delictiva, buenas policías y eficaces sistemas de persecución del delito se castigan nueve de cada diez homicidios dolosos, en nuestro país únicamente uno de cada diez (sí, lectoras y lectores: uno de cada diez) es objeto de una condena.

Esa es la media nacional. La situación varía mucho de entidad en entidad. La impunidad del homicidio doloso en Morelos es de 99.6%; en Oaxaca, de 99.4%; en Guerrero, de 98.8%; en Chiapas, de 98.4%, y en Tabasco, de 97.2 por ciento. Es decir, en los dos primeros estados mencionados se sanciona menos de uno de cada cien homicidios dolosos y en los otros menos de tres de cada cien: allí, matar casi siempre tiene permiso. En el otro extremo se encuentran Yucatán, con 24.2%; Nuevo León, con 35.9%; Aguascalientes, con 42.2%, y Querétaro, con 48.8 por ciento. Sólo en estas cuatro entidades se castiga la mayoría de los homicidios dolosos; en Yucatán, casi ocho de cada diez.

Esos datos, que muestran el desastre de la procuración de justicia en casi toda la República, son aportados en un espléndido estudio de Impunidad Cero, realizado por el equipo de investigaciones dirigido por Irene Tello. El estudio pone de manifiesto que las fiscalías del país están rebasadas, con presupuesto insuficiente, poco personal y agobiantes cargas de trabajo, todo lo cual se traduce en una bajísima efectividad en la resolución de los casos, lo que genera y perpetúa la impunidad.

No son esos los únicos factores de ineficacia. También la propicia la falta de supervisión efectiva de la tarea de los agentes del Ministerio Público, la cual podría llevar el propio denunciante mediante un sistema que le permitiera observar en línea cómo marcha la carpeta de investigación, con la opción real de reportar las fallas o la dilación en el trámite a un superior jerárquico del agente a cargo de la carpeta. Ese superior jerárquico, además, tendría que checar continuamente, motu proprio, si el procedimiento avanza satisfactoriamente.

Si la impunidad revelada por el estudio es una grave afrenta a las víctimas y erosiona el Estado de derecho, hay algo aún peor: la fraudulenta fabricación de culpables —uno de los peores crímenes que la infamia puede soportar— a la que son tan proclives nuestros órganos de procuración de justicia, fabricación apta para arruinar la vida de los inculpados, que lo son exclusivamente porque se les eligió de chivos expiatorios.

La potestad estatal de perseguir delitos es una de las más relevantes, delicadas y devastadoras, por lo que su desempeño requiere de alta calidad profesional, equilibrio emocional y honestidad, así como de personal y presupuesto suficientes, digitalización del procedimiento y efectiva supervisión de las actividades de los agentes del Ministerio Público.

Es preciso, por una parte, abatir la escandalosa impunidad de los delitos y, por otra, desterrar la vileza de inculpar sin pruebas o con pruebas adulteradas.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/el-ministerio-fallido/1488243
(26/12/21)