Por Luis de la Barreda Solórzano

En varios países del mundo, incluyendo el nuestro, cualquier persona, incluso si es menor de edad, tiene derecho, sólo solicitándolo y mediante un sencillo trámite, a que en su acta de nacimiento se modifique su género, es decir, que el masculino se vuelva femenino o el femenino se torne masculino, con el argumento de que esa es la identidad de género con que se identifica —identidad autopercibida— y no con el sexo que le fue asignado (preguntémonos quién se lo asignó) al nacer. Esa mudanza implica que el individuo al que se concede —y todas y todos tienen derecho a ello— se haga acreedor al trato que corresponde a su nuevo género.

Tribunales internacionales y cortes supremas, comisiones de derechos humanos, legisladores y autoridades administrativas —estas últimas acatando la ley o las resoluciones judiciales— concuerdan en que ese cambio, con las consecuencias que conlleva, es un derecho humano. Y el movimiento trans se ha encargado de presentar a quienes manifiestan su desacuerdo con algunas de esas consecuencias como transfóbicos, pues la expresión de su disentimiento, acusan, es un discurso de odio contra los transexuales, por lo que debe impedirse su difusión.

Bajo esa acusación se han saboteado publicaciones, conferencias, presentaciones de libros: un discurso de odio —sentencian los saboteadores— no tiene derecho a expresarse. Estamos ante una de las manifestaciones más exitosas de censura. Un éxito notable consistió en que el libro Cuando lo trans no es transgresor. Mentiras y peligros de la identidad de género, de Laura Lecuona, que iba a publicar Siglo XXI e iba a presentarse en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no fuera publicado por esa editorial.

La obra tuvo que publicarse en edición de autora (pedidos a disentirnoesodio@gmail.com) después de que Siglo XXI decidiera posponer por tiempo indefinido su publicación, temerosos quienes tomaron esa decisión por las reacciones de quienes se oponían a que la obra se diera a luz, que habían amenazado con actos de violencia desde que se anunció la presentación.

Laura Lecuona expone los perjuicios y desventajas que la incursión de mujeres trans en sus espacios les ha infligido a las mujeres. Mujeres trans, con comportamientos típicamente masculinos —pues no es posible cambiar de sexo, el cual lo llevamos inscrito en todas nuestras células— y con pene (salvo individuos a los que se extirpó el órgano) exigen acceso a baños y vestidores de mujeres, la categoría femenina en los deportes, las cuotas de género en la política, los galardones creados para ellas, y demandan espacios en los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, las salas de hospital y las cárceles de mujeres.

La conquista de esos espacios por las mujeres trans ha dado lugar, por ejemplo, a que violadores, después de ser condenados como tales, se declaren mujeres e ingresen a una prisión femenina o a un refugio para mujeres, y allí vuelvan a violar a una mujer; a que en los baños se lesionen la privacidad y la dignidad de las mujeres al verse obligadas a orinar o cambiarse el tampón ante la complacida mirada masculina; a que en sus vestidores tengan que desnudarse ante un hombre porque éste ha pronunciado el ábrete, sésamo: “ahora soy mujer”; a que las competencias deportivas femeniles hayan perdido competitividad al admitir a hombres transformados por su sola palabra en mujeres trans, pues, como todos sabemos, en promedio, los hombres tienen mayor fuerza muscular que las mujeres, son mucho más fuertes y más veloces, tienen una ventaja de 160% al golpear, mayor densidad ósea, corazón y pulmones más grandes que les dan mayor capacidad aeróbica, por todo lo cual han existido, desde siempre, categoría femenina y categoría masculina.

Apuntar lo anterior no supone, en modo alguno, que se odie o se desprecie a quienes dicen sentir que su género autopercibido no concuerda con su sexo biológico. Simplemente es advertir de las inadecuadas repercusiones de que los espacios tradicionalmente exclusivos de las mujeres dejen de serlo.

Otro de los aspectos sumamente inquietantes tratados por Laura Lecuona es el de las infancias trans. Pero, como se me acabó el espacio, ya lo veremos en una próxima ocasión.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/transfobia-o-defensa-de-los-espacios-propios/1581392
(25/4/23)

Por Luis de la Barreda Solórzano

Más allá de la relevancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado la inconstitucionalidad de las normas en virtud de las cuales la Guardia Nacional quedaba bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la resolución permite vislumbrar que nuestro máximo tribunal cumplirá con la función que le asigna la Constitución y que le corresponde a todo tribunal constitucional en un Estado de derecho, y no estará sometida a los designios del autócrata: habemus Suprema Corte.

Los ocho ministros que han hecho posible esa determinación han estado a la altura de su delicada misión, para lo cual debieron resistir la majadera y persistente presión del titular del Poder Ejecutivo. Los votos de los tres ministros que no respaldaron la sentencia mayoritaria no resisten el menor análisis jurídico. Constituyen galimatías, no argumentos consistentes, cuyo objetivo era justificar a como diese lugar lo injustificable para no contrariar al Presidente de la República. Pero les faltó un voto para salirse con la suya.

El proyecto es de la autoría del ministro Juan Luis González Alcántara, quien llegó al alto tribunal propuesto por el titular del Ejecutivo, pero con su postura ha demostrado que asume que su lealtad no se la debe a quien lo propuso, sino a la Constitución, al Estado de derecho y al principio democrático de división de poderes. El proyecto es contundente: “Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto impugnado realiza. Se opone al artículo 21 (constitucional) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, dispone expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública”.

“Resultaría un fraude a la Constitución —sostiene el proyecto— considerar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar”. Fraude a la Constitución: más claro ni el agua. La Suprema Corte no podía, actuando con autonomía y apego a su cometido, convalidar ese fraude. Pero apenas logró echarlo abajo: fueron ocho votos, el mínimo necesario para la declaratoria de inconstitucionalidad.

De los tres votos minoritarios llama especialmente la atención el del ministro Arturo Zaldívar. Por supuesto, no es la primera vez que se inclina por un fallo indefendible jurídicamente. Lo hizo, por ejemplo, cuando votó por la consulta popular que decidiría sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, a pesar de que no se explicitó de qué delitos habría de ser inculpado cada uno de ellos y de que la procedencia o improcedencia de las acciones penales no puede, en un Estado de derecho, ser determinada en una votación.

Pero esta vez la incongruencia de Zaldívar llegó al lastimero extremo de contradecirse a sí mismo. Antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, Zaldívar aseveró: “La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional… regula la seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas; es claramente un fraude a la Constitución en sentido técnico, no retórico”. Lo que entonces le parecía fraudulento ahora le parece impecable: “El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el Presidente de la República”.

Inaudito argumento: si el jefe de la administración pública centralizada es el Presidente de la República, ¡hasta las secretarías a cargo de militares, integradas por militares y sujetas a legislación y disciplina militar se vuelven civiles!

El autócrata está iracundo. Su anatema mañanera contra los ocho ministros que lograron la declaración de inconstitucionalidad tiene el tufillo de la bilis. Quienes creemos en la auténtica división de poderes como conditio sine qua non de un sistema democrático estamos esperanzados. Repito: habemus Suprema Corte.

Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/habemus-suprema-corte/1582638
(25/4/23)