Mtro. Luis Raúl González Pérez[1]

            En medio de la pandemia de COVID-19, la necesidad de que exista claridad, certeza y transparencia en las acciones que se emprendan desde los distintos órganos y niveles de gobierno, así como el que las mismas estén sustentadas en información veraz y objetiva, se vuelve una prioridad. Las ambigüedades e imprecisiones pueden constituir, por si mismos, factores que hagan fracasar las medidas que se emprendan, no sólo para hacer efectivo el derecho a la salud mediante la atención de las personas que resulten enfermas y la prevención de los contagios, sino también para proteger y hacer vigentes, en la compatibilidad posible, los demás derechos humanos durante el desarrollo de la contingencia sanitaria, sobre todo por lo que hace a las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Mtro. Luis Raúl González Pérez[1]

            La acciones de respuesta a la pandemia del coronavirus han supuesto una afectación generalizada a la normal convivencia de las personas, así como al desarrollo de las actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional, que desafortunadamente están generando que las víctimas del COVID-19 no se limiten a quienes han visto afectada su salud, sino también a quienes por causa de la emergencia sanitaria han perdido su trabajo, cerrados sus negocios, perdido sus fuentes de ingreso, así como a aquellas personas que han visto restringido el ejercicio de algún otro derecho humano, como el relativo a la educación. De ahí que el espectro de ámbitos respecto de los cuales las autoridades deben determinar pautas de acción y planes de respuesta claros, pertinentes y exigibles es muy amplio, siendo necesario que tales cuestiones se formulen y elaboren no sólo desde perspectivas administrativas o burocráticas, sino atendiendo a las necesidades, intereses y condiciones reales de todas las personas, en particular, de aquellas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad.

Mtro. Luis Raúl González Pérez[1]

• La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica en sus términos actuales sería inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos, además de que tendría que ser concordante con normas constitucionales y con el contenido de diversos instrumentos internacionales suscritos por México.

      La reciente emisión, por parte de una instancia del Consejo de Salubridad General (CSG), de la llamada “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” (GBARMC) ha desatado diversas controversias en cuanto a su contenido, fundamento y alcances. Este documento, que pretendía constituirse como la base para que el personal de los servicios de salud tomara decisiones para priorizar la atención a determinadas personas ante la posibilidad de que los casos críticos de COVID-19 superen las capacidades y recursos con los que cuentan las instituciones públicas para su atención, en sus términos actuales sería inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos, además de que tendría que ser concordante con normas constitucionales y con el contenido de diversos instrumentos internacionales suscritos por México.

Ismael Eslava Pérez[1]

I. El derecho de protección a la salud como derecho social.

            Con motivo de la emergencia sanitaria, estoy cierto que son muchos los tópicos que como sociedad debemos reflexionar, sin embargo, uno de ellos reviste singular importancia por enfrentar una de las etapas más críticas y desafiantes derivadas de la actual situación de emergencia sanitaria: el derecho de protección a la salud, a partir de que una vida saludable es la base del bienestar y del máximo desarrollo del potencial de las personas; por ello, este derecho está vinculado directamente con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y social de los países, y con otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información, entre otros, razón por la cual el derecho a la salud es un derecho inclusivo.

            Sin embargo, el contraste existente entre el reconocimiento formal que han alcanzado en nuestro país a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 y los hechos que cotidianamente se presentan, incluida la pandemia del Covid-19, permite considerar la falta de conformidad entre lo que dispone la norma y nuestra realidad.

Ismael Eslava Pérez^[1]

I. Contextualización de los derechos de la niñez y adolescencia.

            La conmemoración del Día de la Niñez (30 de abril) es una oportunidad destacada para recordar a la sociedad mexicana que las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo que gozan de los mismos derechos que el resto de la población, y que cuentan con capacidad para comprender, opinar y participar activamente en el mundo que los rodea.^[2]

            Aunque esa afirmación puede resultar evidente, en nuestro país es todavía un objetivo más que una realidad, ya que cuando observamos nuestros entornos cotidianos encontramos que la mayoría de espacios de socialización, participación e interacción, han sido diseñados y construidos a partir de la visión de las personas adultas, quienes históricamente han asumido que sólo las familias y las escuelas son, por excelencia, los espacios sociales obligados a tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de las niñas, niños y adolescentes y donde ellas y ellos tienen un papel protagónico.

Mtra. Patricia Piñones[1]

Introducción

            A principios de marzo del año en curso, el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud llamó a que además de cuidar la salud física, es necesario atender la salud mental de las personas. Asimismo, propuso algunas disposiciones para tratar trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés que se pueden producir durante el aislamiento y/o como consecuencia de las noticias falsas que se comparten en las redes sociales u otros medios. Algunas de las recomendaciones propuestas para la población en general son las siguientes: