(Segunda y última parte)

Guadalupe Barrena

Algunos criterios internacionales

La jurisprudencia europea ha tratado en diversas ocasiones sobre los límites de la detención administrativa, particularmente frente a la práctica del Reino Unido.  En su primera decisión en 1957, comenzó reconociendo la posibilidad de que una persona fuera detenida por razones de seguridad en el contexto de una emergencia nacional. [71] De manera análoga al artículo 29 de la Constitución mexicana que prevé un procedimiento para la suspensión de garantías, los tratados de derechos humanos prevén un mecanismo para que el Estado pueda derogar temporalmente el cumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en el tratado. Haciendo uso de esos mecanismos, Irlanda declaró un estado de emergencia que le permitió detener sin orden judicial a personas que pudieran ser un riesgo para la seguridad. Esta detención careció de control judicial pero permitía la liberación inmediata si la persona detenida prometía cumplir la ley irlandesa. La Corte Europea de Derechos Humanos, en ese caso no fue llamada propiamente a decidir si era posible excluir el derecho de habeas corpus en una situación de emergencia, porque de hecho las personas podían ser liberadas  simplemente con la promesa de cumplir la ley.

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Mario Bunge

La teoría económica estándar presupone que todas las empresas son privadas. Pero de hecho en todos los países hay firmas estatales y mixtas, así como empresas cooperativas además de las privadas, y las primeras no se ajustan a las presuntas leyes del mercado, ya que no procuran maximizar sus utilidades. En efecto, la meta de la empresa estatal es servir al público, en tanto que la finalidad de la cooperativa es beneficiar a sus miembros de manera igualitaria y solidaria. Todos saben esto, salvo los profesores de economía que prefieren vivir en la Luna, lugar en que reina soberano el mercado libre, en el que nadie produce nada, pero todos venden o compran algo para beneficio mutuo.

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