(Nueva York) – El Congreso mexicano debería rechazar un proyecto de reforma constitucional que ampliaría el uso de la prisión preventiva obligatoria, señaló hoy Human Rights Watch. La reforma incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no han sido condenadas.

            El proyecto de reforma constitucional fue aprobado en el Senado el 6 de diciembre de 2018 y ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara de Diputados. La propuesta exigiría que los fiscales soliciten y los jueces ordenen de forma automática la detención de todas aquellas personas que estén siendo investigadas por un amplio espectro de delitos, incluidos los de corrupción, tenencia de armas, abuso infantil, desapariciones, robo de casa habitación y robo al transporte de carga.

            “México debería tomar medidas para eliminar la prisión preventiva automática, no para expandirla”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto de la división de las Américas de Human Rights Watch. “La prisión preventiva es justificable sólo cuando resulta verdaderamente necesaria en las circunstancias del caso concreto”. Sigue leyendo →