Human Rights Watch

07 de junio de 2021

• Priorice los derechos humanos en las próximas conversaciones sobre la gestión de la migración

Vicepresidenta Kamala Harris
La Casa Blanca
Oficina de la Vicepresidencia
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20050

Vicepresidenta Harris
De nuestra mayor consideración:

Nos comunicamos usted para instarla a que, en las reuniones sobre gestión migratoria que mantendrá en México y Guatemala próximamente, asigne una importancia central a los derechos humanos.^[1] Los lugares donde se respetan los derechos son lugares donde las personas no se ven obligadas a desplazarse ni son castigadas por hacerlo. Human Rights Watch desea instarla a que concentre sus esfuerzos en asegurar el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la independencia judicial en la región, así como el acceso de los migrantes a medidas de protección, incluyendo en Estados Unidos. Una estrategia de gestión de las migraciones que facilite que se violen derechos o que no responda a estos abusos en los países de origen frustraría el objetivo a largo plazo de reducir la necesidad de que las personas inicien viajes forzosos, irregulares y peligrosos.

09 de junio de 2021

• Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos

(Washington D.C.) – Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.

El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados. En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.

24 de junio de 2021

• Biden debería respaldar los esfuerzos internacionales para la rendición de cuentas y hacer frente a la tortura del pasado

(Washington, DC) – Estados Unidos debería reafirmar su apoyo a la justicia para las víctimas de graves crímenes internacionales en todo el mundo, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A medida que el gobierno del presidente Joe Biden renueva el compromiso del país con el multilateralismo, debe garantizar que el apoyo a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio sea un componente clave de una política exterior centrada en los derechos humanos.

El informe de 27 páginas, “Essential Proposals to the Biden Administration to Advance International Justice” (“Propuestas esenciales al gobierno de Biden para promover la justicia internacional”), esboza cinco áreas en las que EE.UU. puede demostrar un compromiso constante con la justicia para las víctimas de atrocidades. Human Rights Watch detalla las formas en que el gobierno estadounidense puede avanzar en este objetivo para países específicos como Etiopía y Myanmar. También insta al gobierno de EE.UU. a apoyar a la Corte Penal Internacional (CPI), otras instituciones internacionales o híbridas como el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana, y a los procesos nacionales, incluidos los que se llevan a cabo bajo el principio de jurisdicción universal.

• Los países deben ratificar el Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, y hacer reformas nacionales

Nisha Varia
Advocacy Director, Women’s Rights Division

El 25 de junio, entra en vigor el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Se trata de un paso fundamental para acabar con la violencia de género en el trabajo, que ha quedado abiertamente expuesta a través del movimiento mundial #MeToo.

Este tratado pionero, adoptado en 2019 por los gobiernos, empleadores y trabajadores miembros de la OIT, establece normas legales internacionales para prevenir y responder a la violencia y el acoso en el trabajo.

Seis países han ratificado el tratado hasta ahora: Argentina, Ecuador, Fiyi, Namibia, Somalia y Uruguay. Otros están en la fase final de su proceso de ratificación, como Francia, Italia y España. Hay más países que deben ratificar el tratado y modificar sus leyes y políticas nacionales para que reflejen las normas del mismo.