Es necesario acabar con los abusos sexuales cometidos por las tropas de paz de la ONU

Nuevo informe revela ausencia de justicia y protección para las víctimas

Marzo 8, 2016

(New York) – Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberían tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human Rights Watch. En su informe anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU más estrictos e investigaciones más rápidas.

Por primera vez, el Secretario General publicó formalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotaron o abusaron sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajaban para el Organismo mundial. Previamente, la relación de la ONU con los países cuyas tropas de paz eran acusadas de abusos había sido siempre privada. Este informe se realizó después de que una investigación independiente se centrara en el abuso por parte de soldados de la ONU en la República Centroafricana y recomendara mejoras al sistema de respuesta de Naciones Unidas a las denuncias de abuso por parte de su personal.

“La reputación de la ONU para proteger a la población civil está en juego”, señaló Sarah Taylor, defensora de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El informe del Secretario General pone en evidencia los abusos de los soldados, pero los países que contribuyen tropas de paz deberán cumplir con el enjuiciamiento de estos delitos”. Sigue leyendo

En Estados Unidos, los niños migrantes defienden solos sus casos de deportación sin asistencia de abogados

Marzo 15, 2016

(San Francisco) – Al no designar a abogados para representar a menores migrantes que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional, señaló hoy Human Rights Watch en un memorial de amicus (“amigos del tribunal”) presentado ante la justicia federal de apelación. El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y el estudio de abogados Covington and Burling LLP intervinieron como asesores letrados en el memorial. A su vez, alumnos de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia colaboraron con la investigación para el informe y con su redacción.

El memorial de amicus se presentó en la causa J.E.F.M. v Lynch, un juicio iniciado a nivel nacional en representación de miles de menores que impugnan la actuación del gobierno federal, el cual no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación. En los procesos inmigratorios, a diferencia de los penales, no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan afrontar ese costo.

“En audiencias de deportación en EE. UU., miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”, informó Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de Human Rights Watch. “Estas audiencias son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”. Sigue leyendo