José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo, Division Americas de HRW
A un año de que soldados mexicanos asesinaran a 22 personas en una bodega vacía en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, la aparición de un documento oficial donde se presentan instrucciones para el uso de la fuerza por parte de militares ha suscitado un debate serio y legítimo en el país sobre si los soldados estaban autorizados a matar.
Es un hecho irrefutable que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas utilizan frecuentemente la fuerza letal durante operativos de seguridad pública. Según estadísticas oficiales, entre 2007 y 2012, murieron en total 2.959 “presuntos agresores” durante presuntos incidentes de “agresiones contra personal militar”, además de 158 militares. Esto equivale a 18,7 muertes de civiles por cada militar muerto.
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de violaciones del derecho a la vida, y expresó consternación por la impunidad “sistemática y endémica” de estas muertes.
El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se conoció por primera vez cuando fue divulgado recientemente por la organización mexicana de derechos humanos Centro Prodh, tiene fecha del 11 de junio, es decir, más de dos semanas antes de que se produjeran las muertes en Tlatlaya. El oficio imparte instrucciones a las tropas mexicanas en la zona de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
La difusión de este documento, que el gobierno reconoce como auténtico, ha generado especulaciones sobre si “abatir delincuentes” en verdad significa “matar” a presuntos delincuentes. Este fue el significado que le atribuyó a la expresión el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, y el día siguiente de los asesinatos de Tlatlaya, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo que los soldados habían “abatido a los delincuentes”.
Como se trata de un documento de 12 páginas que también menciona la necesidad de asegurar que los operativos respeten los derechos humanos y que el uso de la fuerza sea proporcional, queda un margen de debate sobre si esto evidencia una política de disparar a matar. Sin embargo, no existe ningún margen de debate posible sobre la necesidad de asegurar que el gobierno realice, de una vez por todas, investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer la posible responsabilidad penal de los mandos jerárquicos en las ejecuciones en Tlatlaya. Y tal investigación debería tomar en cuenta el documento difundido recientemente.
También es irrefutable que, aunque ha transcurrido un año desde las muertes de Tlatlaya, las víctimas y sus familiares todavía están esperando que se haga justicia. La investigación a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), iniciada recién tres meses después de las ejecuciones, todavía tiene inconsistencias en aspectos básicos, como la cantidad de homicidios que pretende perseguir penalmente. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que al menos 12 personas fueron ejecutadas ilegalmente, unos pocos soldados han sido acusados por la muerte de sólo ocho civiles. Y nadie ha sido condenado por las ejecuciones.
La Comisión de los Derechos Humanos concluyó además que agentes del Ministerio Público del Estado de México golpearon y amenazaron a tres testigos sobrevivientes para obligarlas a afirmar que los militares no eran responsables de las muertes. Recién este mes, el Ministerio Público acusó a siete policías ministeriales por estas golpizas, según la prensa mexicana. Ninguno de ellos se encuentra detenido. Y a pesar de una recomendación de la CNDH que atribuye responsabilidad por el encubrimiento del crimen a la Secretaría de la Defensa, la PGR aún no ha identificado a todos los militares implicados.
Si bien los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares tienen derecho a defenderse cuando sean atacados, el derecho internacional establece criterios muy concretos para determinar si el uso letal de la fuerza es legítimo. Siempre que resulte posible, los miembros de las fuerzas de seguridad y los militares deben emplear la fuerza de manera que no sea letal, antes de recurrir a armas de fuego. Y cuando el uso de armas de fuego sea inevitable, deberían ejercer la moderación y sus actos deben ser proporcionales a la gravedad del riesgo que enfrentan. El objetivo principal de un operativo de seguridad pública no puede ser, bajo ninguna circunstancia, matar a presuntos delincuentes en vez de asegurar su aprehensión.
El aniversario de las ejecuciones de Tlatlaya debería ser un llamado de atención para el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La obligación del gobierno de terminar con la impunidad de violaciones de derechos humanos y de combatir eficazmente la delincuencia organizada no pierde urgencia con el transcurso del tiempo; por el contrario, el incumplimiento de esta obligación se hace más patente a medida que pasa el tiempo.
Fuente
https://www.hrw.org/es/news/2015/07/14/mexico-un-ano-de-la-masacre
(28/07/2015)