Por Luis de la Barreda Solórzano
28 de septiembre de 2023
Hace 30 años nacía
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el último de los
organismos públicos creados en el país para proteger los derechos
fundamentales.
Dos años antes se
había instaurado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Jorge
Carpizo, su primer presidente, advirtió al tomar posesión del cargo que la
institución sólo conquistaría la confianza de la ciudadanía con resultados y
más resultados. Y la CNDH los consiguió.
Hubo quienes
pronosticaron el fracaso de los organismos públicos de derechos humanos, ya que
carecían de fuerza coactiva para imponer sus resoluciones. No contábamos con
más arma que la palabra. Pero demostramos que ésta, apoyada en pruebas y
argumentos, y sustentada en la ley, posee una capacidad formidable como antídoto
contra el abuso de poder. Si una recomendación no tiene fisuras lógicas ni
jurídicas, al destinatario no le queda sino acatarla o ubicarse públicamente
contra la causa de los derechos humanos.
El defensor público
de los derechos humanos debe reunir ciertos requisitos indispensables: plena
autonomía no sólo de las autoridades, sino de todo grupo y persona, alta
calidad profesional, independencia de criterio, y compromiso absoluto con la
causa. Su actuación debe ser ágil —los asuntos ha de resolverlos en breve
lapso—, pues no tiene que cumplir con las formalidades que tienen que seguir
los jueces.
Ni en mis sueños
más alucinantes había imaginado que sería el presidente fundador de la CDHDF.
Otros hicieron campaña por lograr el puesto, yo no. Llegué al cargo sin
compromiso alguno con nadie. Formé un equipo de primera y el Consejo de la
Comisión fue un lujo —nunca un organismo público de derechos humanos ha tenido
consejeros de la calidad del que tuvo la primera CDHDF—. El equipo y el Consejo
se entregaron en cada batalla con el mayor coraje, palabra que proviene de un
vocablo latino que significa corazón. Para difundir nuestra tarea contamos con
el talento y la popularidad de actrices y un actor magníficos: Diana Bracho,
Dolores Heredia, Lilia Aragón, Alma Muriel y Héctor Bonilla.
Aquella CDHDF
finalizó 91% de sus expedientes en menos de un mes. No dejó rezago alguno:
concluyó 99.88% de esos expedientes. En 58% de los casos se logró que a los
quejosos se les reconocieran o resarcieran sus derechos. 78% de las
recomendaciones se cumplieron totalmente. Por recomendaciones o sugerencias de
la Comisión se llevó a cabo el primer proceso por tortura en el país, que
culminó en sentencia condenatoria, y al cual seguirían varios más por ese
delito; se instauró el primer albergue para mujeres víctimas de violencia
familiar; el Nacional Monte de Piedad redujo sustancialmente las tasas de
interés que cobraba a sus deudores, se dejó de exigir el certificado de no
gravidez a las mujeres para permitirles trabajar en una dependencia pública, se
obtuvo que se brindara atención médica de urgencia en la vía pública a
cualesquiera personas (se les negaba a indigentes), se ejerció acción penal
contra 30 agentes policiacos involucrados en ejecuciones, inculpados presos por
falsas acusaciones recobraron su libertad, se indemnizó a una mujer por la
expropiación de terrenos de su propiedad ejecutada 30 años antes, entre otros
muchos resultados.
El caso más difícil
fue el relacionado con el homicidio del conductor de TV Azteca Paco Stanley. La
Procuraduría de Justicia acusó, inventando pruebas, a una muchacha, Paola
Durante, y varios hombres. La CDHDF demostró que se trataba de una falsa
acusación y recomendó a la Procuraduría que se desistiera de la acción penal.
El procurador no aceptó la recomendación. El diario afín al gobierno
perredista, que hasta entonces nos había apoyado entusiastamente, fue el único
que respaldó al procurador. Pero nuestros argumentos habían evidenciado que los
acusados eran inocentes.
A punto de dictarse
la sentencia, el Consejo de la Judicatura, convocado por su presidente Juan
Luis González Alcántara, cambió al juez de consigna ante el que se seguía el
proceso —Rafael Guerra, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México— a otro juzgado, y en su lugar designó a Rafael Santana, juez
conocedor e independiente, quien absolvió a los acusados.
Por fortuna, la
nostalgia no es letal. Si lo fuese, yo no habría sobrevivido. Mi corazón quedó
anclado en mis días en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-cdhdf-hace-30-anos/1611165
(28/9/23)
