Artículos

Por Gabriela Frías Villegas[1]

En la película de ciencia ficción HER (2013), dirigida por Spike Lee, un hombre solitario, llamado Theodore Twombly, se enamora de Samantha, una inteligencia artificial programada para funcionar como asistente virtual y acompañante. La actriz norteamericana Scarlett Johansson dotó de voz a Samantha, quien se comporta como una mujer sumisa, amable y siempre lista para atender los deseos de Twombly.

En el momento de su estreno, hace casi diez años, la película generó una gran cantidad de debates, que plantearon preguntas como las siguientes: ¿podrá una máquina mantener una conversación compleja con un ser humano?, ¿qué pasará cuando las inteligencias artificiales sean parte de la vida de todas las personas?, ¿podrá una máquina despertar sentimientos en un ser humano?, ¿qué consecuencia puede acarrear el uso de las inteligencias artificiales?

Por Laura Elisa Pérez Gómez[1]

En un planeta de más de ocho mil millones de habitantes, cimbrando por conflictos, bajo el flagelo del cambio climático y en recuperación por la pandemia de Covid-19, resulta imperativa la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo con respeto y garantía plena a los derechos humanos de todas las personas, que no quede solo en los discursos políticos sino que se concrete con apego a los estándares más avanzados en la materia y se evalúe con base en evidencias objetivas.

Las cifras para 2022 sobre pobreza, desigualdad y carencias sobre derechos en el mundo son lacerantes[2]: el 9% de la población mundial es decir, 712 millones de personas, vivían en pobreza extrema; casi 1 de cada 10 personas enfrentó hambre, mientras que 2,400 millones experimentaron inseguridad alimentaria de moderada a grave; más de la mitad de la población mundial (53.1% en 2020) no contaba con ningún beneficio de protección social; solo 1 de cada 3 personas disponía de cobertura de servicios de salud esenciales (2021); la tasa de finalización de la educación secundaria superior se frenó alcanzando solo al 59.4% de estudiantes (2023); 2,200 millones de personas carecían de acceso a agua potable y 3,500 millones carecían de acceso a servicios de saneamiento, gestionados de forma segura; el mercado laboral mantuvo un altísimo nivel de precarización con más de 4,600 millones de personas en la informalidad (2023); la brecha en el crecimiento del ingreso per cápita entre los países más pobres y los más ricos se ha ampliado y la discriminación por edad, género, religión, raza o creencias afecta a una de cada seis personas en todo el mundo; el desplazamiento forzado global está en su punto más alto, superando los 110 millones de personas en 2023; finalmente, persiste un importante déficit de inversión anual de 4 billones de dólares para que los países en desarrollo alcancen los ODS.

Ivet Miriam Pérez Molina[1]

En marzo de 2024, tras más de 13 años desde que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo exigiera, el Congreso de la Unión mexicano aprobó por unanimidad la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) [2].

Aunque desde octubre de 2011 México incorporó el derecho a la alimentación en el artículo 4° de su Constitución Política, estableciendo que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” garantizado por el Estado, y el artículo 27, fracción XX, que establece el desarrollo rural integral y sustentable, así como el abasto suficiente de alimentos, no se había promulgado la ley reglamentaria que regula este derecho hasta este año.

Por Amilcar Páris Mandoki[1]

En el mundo de la evaluación de derechos humanos, México está silenciosamente liderando una revolución con una herramienta innovadora llamada Sistema Nacional para la Evaluación de los Derechos Humanos (SNEDH). Esta plataforma única está transformando la forma en que el país mide y promueve el respeto a los derechos humanos.

En el año 2016, cuatro entidades clave se unieron con un propósito común: La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y datos.gob.mx. Su objetivo era crear una herramienta que permitiera evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en México y facilitar el cumplimiento de las obligaciones del país bajo el Protocolo de San Salvador.

Por Israel Sandoval Jiménez[1]

Si alguien debe ser considerado dueño y ancestro de nuestro pasado, son los pueblos indígenas, la pregunta es ¿Todavía hay pueblos indígenas en el Estado Mexicano? La respuesta es simple y sencilla, -sí-, son aquellas personas que se encontraban asentadas previo a la llegada de los españoles, mismas que han sobrevivido a los embates de una conquista, de una independencia, de una revolución y a lo que se construyó como Estad       o moderno, dicha resistencia data desde hace más de quinientos años.

Los pueblos indígenas se consideran dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Se engloban dentro de esa categoría debido a que, no son mayoría en el país, porque no carecen de injerencia en la toma de decisiones y porque carecen de instrumentos o normas jurídicas que les permitan estar en igualdad de oportunidades con los demás habitantes del territorio.

Por Alma Rosa Díaz Salazar[1]

Junio, el “mes de la diversidad”, es la fecha para conmemorar o rendir una distinción al levantamiento de Stonewall, Nueva York en el año de 1969, evento que es considerado un catalizador en la liberación y visibilidad de las personas pertenecientes al grupo LGBTQI+.

En este orden de ideas, y como ya se ha discutido en diversos espacios, la lucha por el respeto, reconocimiento y aceptación de los derechos humanos de las personas referentes del grupo LGBTQI+ ha sido cruenta, en cuanto a que se ha requerido de una extensa gama de estudios, aportaciones y en general de la participación social activa para lograr los avances que hoy en día son más evidentes que en el pasado.

Dulce María Sebastián Barreda^[1]

El 7 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionó un artículo al Código Penal Federal y otro a la Ley General de Salud,^[2] ambos artículos tienen el objetivo de castigar los llamados ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).

Estos actos refieren a aquellas intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación o la identidad de una persona, pueden cambiarse o reprimirse cuando estas no se ajustan a lo esperado y deseado: es decir, la cis-heterosexualidad.^[3]