¿Por qué motivo los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014? ¿Quién los llevó? ¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?

            A diez meses de la noche triste de Iguala estas preguntas no han sido respondidas por la Procuraduría General de la República (PGR), no obstante que resultan de la mayor relevancia porque el origen de los hechos terribles que tuvieron lugar entonces es precisamente la presencia injustificada de los normalistas en esa ciudad.

            La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado un informe preliminar sobre ese suceso, y entre las insuficiencias de la indagatoria señaladas en el documento la más inquietante es la falta de respuesta respecto de las razones que llevaron a los estudiantes a Iguala, cómo se conformó el grupo, quiénes los organizaron, por qué era marcadamente mayor el número de educandos de primer año y si las autoridades de la escuela tuvieron injerencia en ese viaje.

            Los alumnos no tenían que haber sido enviados a Iguala ni a ninguna otra parte. La escuela en la que estudiaban es un internado. No iban a una práctica académica ni a un día de campo. Todo mundo sabía en el estado de Guerrero que el alcalde de Iguala y su esposa no eran hermanas de la caridad, que tenían vínculos personales no muy recomendables y que habían tenido ya conflictos con estudiantes de la normal.

            La PGR descubrió aspectos cruciales de los hechos, pero omitió aclarar esos puntos que son igualmente relevantes. Los alumnos fueron mandados a un lugar en el que se sabía que podían correr riesgo. En la reticencia del procurador para indagar acerca de ese enigma quizá influyó una consideración políticamente correcta: si quienes tomaron la decisión probablemente estaban motivados por el afán de que se llevara a cabo una protesta social, ni siquiera debía averiguarse quiénes eran ni si además de ese motivo tenían algún otro menos respetable, pues tal indagación podría dar lugar a que los celosos centinelas de la corrección política clamaran al cielo —¡vive Dios!— que se estaba criminalizando la protesta social.

            La CNDH no desmiente la versión de la PGR, sino que, por el contrario, la está avalando al menos parcialmente al instarla a que cumpla con los mandatos judiciales pendientes de ejecutar, pues tales mandatos se sustentan en la investigación de la propia PGR. Lo que sí hace la CNDH es indicar las diligencias que faltan por desahogar para aclarar hasta donde sea posible los detalles de los acontecimientos y agotar los intentos de encontrar el paradero de los desaparecidos.

            La PGR debe, entre otras cosas —sugiere el documento de la CNDH—, integrar las fichas de identificación de los estudiantes ausentes, en las que se incluyan datos tan importantes para su localización como características físicas, posible uso de un aparato terapéutico o señas particulares; investigar las versiones que apuntan a la ubicación de supuestos sobrevivientes; obtener la georreferenciación de las líneas de los teléfonos móviles desde los cuales los jóvenes hicieron llamadas previas a su desaparición; solicitar al Servicio Metereológico Nacional y a la NASA información sobre las condiciones climatológicas prevalecientes del 25 al 28 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula para dilucidar si era viable la incineración de cadáveres en ese sitio, y comparar la tierra de la bolsa recuperada del río San Juan con la de ese basurero.

            Una propuesta sumamente importante es la de que comparezcan los militares que en Iguala y Cocula eran los encargados de recibir información del acontecer cotidiano relacionado con la seguridad en la vía pública y los que con posterioridad acudieron a los lugares en que ocurrieron los hechos.

            La CNDH ha elaborado un análisis riguroso y exhaustivo, con base en el cual propone acciones pertinentes para el mayor esclarecimiento posible del crimen colectivo. Creo que sólo faltó que indicara plazos razonables y perentorios para que la PGR lleve a cabo las diligencias sugeridas. Pero es obvio que la gravedad del caso amerita que tales diligencias se lleven a cabo con la mayor celeridad y el mayor profesionalismo.

El automóvil en el que se trasladaba aquella mañana del 4 de junio de 2008 Fernando Martí –adolescente de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí– era conducido por su chofer Jorge Palma. A bordo también iba su guardaespaldas Christian Salmones.

            El vehículo fue detenido en un falso retén policiaco, a la entrada de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Se les indicó que bajaran para revisar el coche. El chofer fue asesinado. El guardaespaldas salvó la vida milagrosamente: se intentó estrangularlo, pero el intento cesó al considerar el estrangulador que ya lo había matado. A Fernando Martí se lo llevaron. Exigieron como rescate una suma altísima.

            En su primera declaración, el sobreviviente Salmones dijo que el retén estaba formado por unos 35 sujetos y que quien les marcó el alto fue una mujer güera de la que no podría hacer un retrato hablado (era muy temprano y estaba muy oscuro). Posteriormente redujo la cifra a 10 o 15 sujetos, y expresó que un hombre fue quien les hizo la señal de detenerse. El 31 de julio se encontró el cadáver de Fernando Martí en la cajuela de un coche reportado como robado.

            Lorena González desempeñaba labores administrativas en la Policía Federal. El día del secuestro de Fernando Martí regresaba con su esposo de unas vacaciones en Acapulco. Un día antes había retirado dinero de un banco HSBC en esa ciudad. Conservaba la ficha de retiro. No obstante, el 5 de septiembre fue detenida por el comandante Telésforo Tuxpan. (¿Lo recuerdan? Es uno de los miserables que armó la falsa acusación contra Paola Durante y coacusados por el homicidio de Paco Stanley). Salmones la había reconocido en una fotografía. La Procuraduría del Distrito Federal –cuyo titular era Miguel Ángel Mancera, hoy aspirante a la presidencia de la República– la vinculaba con El Apá, expolicía al que una llamada anónima señalaba como el autor del plagio.

            Posteriormente se capturó a Noé Robles, sicario de la banda de La Flor o Los Petriciolet, quien confesó, el 17 de julio de 2009, que él era el asesino de Fernando Martí. Fue también él quien trató de estrangular a Salmones. Aseguró que no conocía a Lorena González. Dos testigos relacionaron a Lorena con esa banda, pero se identificaron con sendas credenciales de elector que resultaron ser falsas y posteriormente se esfumaron.

            El 23 de septiembre de ese año se capturó a Abel Silva Petriciolet, alias El DiCaprio, jefe de la banda, quien confesó ser autor intelectual y coautor material del secuestro de Fernando Martí, y haber ordenado a Noé Robles que matara al secuestrado al recibir como pago de rescate una cantidad menor a la acordada. Sostuvo que no conocía a Lorena González.

            Los Petriciolet son responsables de más de una docena de secuestros. El padre de El DiCaprio fue integrante de la banda de Los Tiras, la cual plagió a Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de la cantante Thalía. Varios miembros de la familia –madre, tíos y sobrinos de El DiCaprio– fueron condenados por diversos secuestros.

            El defensor de Lorena González ofreció como prueba de que ella no podía haber estado en el lugar donde se llevó a cabo el secuestro las grabaciones del 4 de junio de 2008 de las casetas de la autopista México-Acapulco. Los videos fueron enviados por Caminos y Puentes Federales al juzgado, pero en ellos sólo se veían rayas y fantasmas. Inexplicablemente, el de la caseta de Tlalpan desapareció.

            El 16 de abril de 2010 terminó de descubrirse la farsa al ser capturada por la Policía Federal María Elena Ontiveros, quien aceptó ser la mujer que estuvo al frente del falso retén policiaco. Aseveró que jamás había visto a Lorena González: “Me hubiera gustado decir que no era ella, pero tenía miedo. Que me perdone por no haberlo hecho”. Sin embargo, nada cambió. Tanto Lorena como María Elena eran acusadas de ser la mujer del retén. La situación era kafkiana, pues en ese retén no había más que una mujer.

            Lorena González tuvo que esperar otros cinco años. Al fin ha quedado libre después de siete años en prisión (como Florence Cassez). Es otra de las muchas víctimas de la fabricación de culpables, esa vileza tan frecuente en nuestro país.

No podía ocurrir. Era imposible que ocurriera. Si el mayor narcotraficante del mundo volvía a escapar de una cárcel de alta seguridad —lo que nadie más había logrado—, esa escapatoria sería imperdonable, sentenció el presidente Enrique Peña Nieto tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán.

            Dada esa imposibilidad, el gobierno mexicano descartó, con orgullo nacionalista y argumentos jurídicos, que el capo de capos fuera extraditado a Estados Unidos sin que antes se le juzgara y cumpliera sus condenas en México. Los juzgados federales de California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Nuevo Hampshire tendrían que esperar un buen número de años. Al fin y al cabo, como aseguró el embajador mexicano, Eduardo Medina Mora, El Chapo estaba recluido en la prisión de El Altiplano, la más segura de México. Hasta entonces eso era cierto.

            El Departamento del Tesoro estadunidense calcula que 25% de las drogas que se consumen en su país eran introducidas por la organización de Guzmán, el cártel de Sinaloa, el cual utiliza —según la misma fuente— 280 empresas para lavar dinero: aerolíneas en Ecuador, fundaciones filantrópicas en Colombia y Uruguay, inmobiliarias en Panamá, empresas turísticas en Belice, y tiendas, gasolinerías y centros de cambio en México. La red tiene un valor de más de 3 mil millones de dólares. La revista Forbes ubicó a Guzmán entre los hombres más ricos del mundo. Su negocio no se hacía sólo en Estados Unidos, sino que se extendía a decenas de países de Europa y Asia, y en su momento de mayor auge tuvo 15 mil empleados a su servicio.

            El Chapo no podía fugarse por segunda ocasión: era imposible y sería imperdonable. Pero… a la medianoche del sábado 11 de julio nos enteramos, atónitos, de que lo imposible e imperdonable había sucedido. El narcotraficante fue visto por última vez a las 20:52 de ese día entrando al área de ducha de su celda, donde no hay cámaras de vigilancia por respeto a los derechos humanos de los presos.

            No se le volvió a ver. El enemigo público número uno se había esfumado de nuevo ahora de un reclusorio con 26 filtros de seguridad y 750 cámaras. Ni del infierno —a cuya entrada está escrito que quien llega allí debe perder toda esperanza, advirtió Dante en La Divina Comedia— ni de El Altiplano nadie había escapado jamás.

            Un túnel de mil 500 metros de longitud y a 19 de profundidad —provisto de iluminación eléctrica, ventilación, una escalera colocada en un conducto vertical de 10 metros, una motocicleta y hasta rieles para sacar escombros—, que concluía exactamente bajo la regadera del recluso, es, por una parte, una asombrosa obra de ingenieros expertos, y, por otra, simboliza el tamaño de la corrupción, la incapacidad, la negligencia y las complicidades criminales de nuestro sistema de seguridad pública y justicia penal.

            Se calcula que fue necesario extraer 2 mil 652 metros cúbicos de tierra ­—lo que sólo podía lograrse con 379 viajes en camiones de siete metros cúbicos— para hacer ese corredor. Nadie percibió nada, a pesar de que los taladros tuvieron que hacer mucho ruido al acercarse al suelo del penal y de que el personal penitenciario tiene el deber de efectuar periódicamente —para lo cual fue capacitado— estudios de radar y tomografía terrestre.

            El pasadizo no hubiera sido posible sin conocimientos de ingeniería, mucho dinero, contactos y el poder de la organización del capo. Pero todo eso no bastaba: se requerían los planos de la cárcel, los que sólo pudieron ser proporcionados por servidores públicos del sistema penitenciario federal. El fugitivo recorrió el pasillo hasta una casa en obra negra, donde no hay ninguna casa aledaña, situada a kilómetro y medio del reclusorio, desde la que se inició la galería. Nadie sospechó nada, a nadie pareció extrañarle esa construcción.

            Esta segunda fuga de El Chapo refuerza la leyenda que se ha erigido sobre su figura. Un policía le dijo a Pablo de Llano, corresponsal del diario español El País: “Ni con 10 mil toneladas de roca bajo la cárcel lo podrían encerrar. Porque El Chapo Guzmán es un fantasma”.

            Ese fantasma nos ha presentado ante el mundo como un país en el que el Estado de derecho es fantasmal.

El derecho de los niños a recibir una educación de calidad está por encima de los derechos laborales de los profesores, se argumentó en la Suprema Corte de Justicia al analizarse las demandas de amparo interpuestas por la CNTE; pero, con independencia de esa jerarquización, es indiscutible que para desempeñar cualquier trabajo se debe demostrar la aptitud requerida.

            Apuntaré lo obvio: quien aspire a un empleo de chofer debe saber conducir; quien quiera ser salvavidas tiene que saber nadar; nadie podría ser titular de un juzgado si no domina la materia de los juicios que allí se tramitan; ninguno tendría derecho a ejercer como médico en un hospital si no sabe medicina; el sacerdote con antecedentes de pederastia no es idóneo para dirigir un internado infantil.

            Increíble pero cierto: Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la resolución de la Suprema Corte de Justicia avalando la evaluación docente es un acto inhumano, pues con la evaluación se trata a los maestros como delincuentes al no darles ninguna oportunidad.

            Para obtener las plazas de profesor definitivo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana, tuve que ganar los respectivos concursos de oposición, y para ganarlos tuve que demostrar mis conocimientos en las asignaturas en las que concursé. Jamás me pasó por la mente que se me estuviera violando algún derecho ni que estuviera siendo víctima de un acto inhumano por tener que competir por las plazas con otros aspirantes .

            Es falso que con la evaluación no se les dará ninguna oportunidad a los profesores, pues se les concederán tres oportunidades, y a los que tengan definitividad no se les despedirá ni aun reprobando las tres veces, sino se les asignará a tareas administrativas. ¡Tres oportunidades! La vida no suele ofrecer tantas para otorgar sus dones más valiosos.

            Es una barbaridad la afirmación de que evaluar a los profesores y a los aspirantes es tratarlos como delincuentes, pues de lo que se trata es de que tengan los conocimientos y la capacidad pedagógica que les permitan cumplir adecuadamente su importantísima tarea. Evaluarlos es tratarlos, precisamente, como docentes que respetan su profesión.

            Un verdadero maestro se prepara y se actualiza todos los días. Para el verdadero maestro no es una carga seguir estudiando toda su vida, aun jubilado, ya sin la obligación de dar clases. Lo hace no con fastidio sino con alborozo, como poseído por el demonio de la curiosidad intelectual, por la sed de saber cada día más.

            La Suprema Corte de Justicia ha resuelto, y los gobiernos federal y estatales están obligados a hacer cumplir ese fallo. Dados sus antecedentes, la CNTE quizá apueste por boicotear la evaluación, incluso mediante la violencia. Quienes gozan de privilegios ilegítimos no suelen renunciar a ellos pacífica y resignadamente. Las autoridades sólo tienen una vía legítima para enfrentar esa probable actitud: la aplicación del derecho.

            Como en todos los trabajos del mundo, no se debe pagar a quien no se presente a trabajar. El gobierno federal y los estatales involucrados han subsidiado las manifestaciones callejeras y el ausentismo de los profesores cubriéndoles sus salarios no devengados. Eso es una forma grave de corrupción.

            La CNTE y sus panegiristas seguirían desgastando el tópico de que se está criminalizando la protesta social. Falso también: lo criminal es permitir que los líderes sindicales tengan ingresos estratosféricos, que algunos profesores dispongan de varias plazas, que las plazas docentes puedan heredarse, que se destrocen o se incendien inmuebles impunemente, que se lance una bomba a una gasolinería y el homicidio de un trabajador quede impune, que se pague a los profesores que no se presentan a las aulas, que los niños no reciban una educación de calidad aceptable.

            Recuerdo a mis profesores de primaria y secundaria —siempre en escuelas públicas—, devotos del estudio y la enseñanza, comprometidos con su tarea. Sin duda ahora también hay maestros como aquellos, de vocación insobornable. Me gustaría que salieran de su mutismo sobre el tema que nos ocupa.

Ahora ha sido la Corte Suprema de Estados Unidos la que ha dado su aval al matrimonio entre personas del mismo sexo, apenas dos semanas después de que su similar mexicana hiciera lo propio.

            Es un nuevo triunfo de la causa de los derechos humanos, y específicamente de un sector de la sociedad que históricamente ha sido discriminado, humillado e incluso perseguido. Hoy mismo, en 75 países se penalizan las prácticas homosexuales, en 45 de ellos con penas de hasta 14 años de prisión, en 12 hasta con cadena perpetua y en siete con la pena de muerte.

            Fue en sociedades democráticas, como las de los países escandinavos y el mismo Estados Unidos, donde se ganaron las primeras batallas contra la discriminación de los gays. Resulta sorprendente que en este último país, donde las libertades individuales y la privacidad personal gozan de amplísimas garantías, hace medio siglo 49 de los 50 estados criminalizaran la homosexualidad y la Asociación Psiquiátrica Americana la catalogara de enfermedad mental. Todavía a principios de este siglo las leyes de 13 estados seguían considerando delito las relaciones homosexuales.

            La Corte Suprema estadunidense anuló en 2003 esas disposiciones. La resolución respondió al recurso presentado por dos hombres que fueron multados después de que la policía irrumpió en su casa, en Texas, y los sorprendió practicando sexo anal. Por 6 votos contra 3, la Corte concluyó que tales leyes violaban los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: “La libertad implica una autonomía individual que incluye las libertades de pensamiento, de creencias, de expresión y de una cierta conducta íntima. El caso concierne a dos adultos que, con pleno y total consentimiento, mantenían prácticas comunes al tipo de vida homosexual. Su derecho a la libertad les da la plena facultad de hacerlo sin la intervención del gobierno”.

            Los magistrados que votaron en contra opinaron que se estaba alterando el orden social. “La Corte ha tomado partido —adujeron— en la guerra cultural y ha respaldado las reivindicaciones homosexuales, lo que conduce al replanteamiento de las leyes estatales contra la bigamia, el matrimonio de personas del mismo sexo, el incesto, la prostitución, la masturbación (sic), el adulterio, el bestialismo y la obscenidad”.

            Ruth Harlow, directora de la Lambda Legal Defense and Education, calificó el veredicto como el más importante en toda una generación: “Durante décadas estas leyes constituyeron un importante obstáculo en el camino hacia la igualdad y trataron a los gays como ciudadanos de segunda clase. Hoy la Corte Suprema ha terminado con todo eso”. En aquel momento un solo estado, Massachusetts, permitía las bodas entre personas del mismo sexo. De entonces a ahora las cosas han ido cambiando. Las fuerzas armadas aceptan en sus filas a gays y lesbianas, y en 36 estados se autorizaron, por vía legislativa o judicial, las bodas homosexuales.

            La decisión que ampara esas uniones en todo el país es tan relevante como la que en 1954 puso fin a la segregación racial y la que en 1967 declaró inconstitucionales las leyes que prohibían los matrimonios interraciales. Las tres históricas sentencias han reconocido la igualdad de todos ante la ley y la libertad de cada cual de decidir su vida íntima. Fue un fallo apretado: cinco votos contra cuatro. Uno de los magistrados que quedaron en minoría, Antonin Scalia, no ocultó su disgusto: en su voto particular calificó la determinación como un “golpe de Estado judicial” y dijo que la Corte de la que forma parte es una amenaza a la democracia estadounidense.

            Mucho más emotiva y elocuente fue la expresión de Bill Wooby, un ciudadano de 67 años que esperaba frente a la escalinata del alto tribunal. Recordó los años de discriminación y de lucha, recordó a los amigos muertos y lloró: “Por primera vez me siento americano”.

            En México, hace más de 50 años, escribió Xavier Villaurrutia acerca de la clandestinidad de su amor, penado no por la ley pero sí por el juicio social dominante:

“A mí mismo me prohíbo

revelar nuestro secreto,

decir tu nombre completo

o escribirlo cuando escribo”.

            La materia de ese ardiente secreto, en las sociedades democráticas, está dejando de ser estigmatizante.