Doquiera
que se les encuentre, lo que tienen ampliamente merecido son aplausos,
expresiones de gratitud, simpatía, aliento y admiración. Porque su conducta es
verdaderamente heroica. Enfrentan la pandemia trabajando en condiciones
extremadamente precarias y sabiendo que al hacerlo arriesgan su salud, su vida,
y la de los seres queridos con quienes comparten techo.
Los
médicos, enfermeros, camilleros, auxiliares de limpieza, trabajadores
administrativos y de intendencia del sector salud están librando una
desventajosa batalla contra un enemigo descomunal que, invisible, se esconde en
todas partes y ataca a sus presas con alevosía, saña y a traición. Esa batalla la
están dando en beneficio de todos.
Pero
la grandeza humana de esos héroes ha encontrado en numerosos casos actitudes de
extrema miseria moral. A la zozobra por la riesgosa precariedad en que
desarrollan su trabajo se suman las increíbles agresiones que han sufrido.
Gente baja y canalla, por llamarle con las justas palabras de Don Quijote, los
ha atacado sin otro motivo que una extraña fobia a la tarea que realizan:
salvar vidas, incluidas, llegado el caso, las de los agresores.
El
miedo al contagio no puede ser una justificación ni siquiera una atenuante. Se
ha negado a médicos y enfermeros el acceso al transporte público o la
prestación de algún servicio, se les ha amenazado con anónimos en los edificios
donde viven, se les ha rociado con cloro, se les han arrojado diversos
líquidos. A una enfermera se le gritó: “Traes el covid”, y se le escupió.
Vecinos de Iztapalapa lanzándole un objeto, estrellaron el parabrisas de una
ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias de la Secretaría de
Salud que trasladaba a un paciente contagiado de coronavirus.
En
ciudades de otros países del mundo se rinden homenajes espontáneos a los
profesionales de la salud. La gente, desde los balcones de su confinamiento,
les aplaude y los vitorea con entusiasmo cariñoso y agradecido. Es una
vergüenza que en nuestro país se estén produciendo agresiones como las
descritas en los párrafos anteriores. Pero no es el único agravio contra esos
servidores públicos. Entre cinco mil y 10 mil pesos han tenido que desembolsar
muchos de ellos para protegerse contra el COVID-19, lo que en algunos casos
representa hasta la mitad de su salario, informa la reportera Laura Toribio
(Excélsior, 14 de abril, 2020).
Cientos
de profesionales de la salud han sido contagiados y varios de ellos han muerto.
Tan sólo en los hospitales de Monclova, Tlalnepantla y Tijuana se han
registrado más de cien casos positivos. Al menos 18 estudiantes de medicina de
la Universidad Autónoma de Baja California, prestadores de servicio social o
internos, están contagiados y otros 29 están en observación. En consecuencia,
se decidió retirar a los mil 150 alumnos de medicina y enfermería que
realizaban su servicio o prácticas en las instituciones públicas de salud.
Anteriormente, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional
Autónoma de México y otras universidades tomaron decisiones similares.
No
es sostenible la aseveración del Presidente de que “México va muy bien ante el
COVID-19”. ¿Muy bien en qué? Ya desde ahora, antes de la fase 3, el personal
médico ha sido gravemente afectado y los recursos disponibles –respiradores,
camas, equipos de protección– son insuficientes. Además, no es comparable la
situación de nuestro país con la de los países que han hecho una gran cantidad
de pruebas. Tardíamente ha aclarado el doctor López-Gatell que el número de
casos confirmados se debe multiplicar por 8.5 para tener la cantidad probable
de contagiados. ¿Y el número de muertos también?
No
hay mayor urgencia en estos días difíciles y aciagos: es un imperativo ético, jurídico
y sanitario que el personal de salud sea dotado sin dilación de los recursos,
espacios, instrumentos e insumos suficientes para llevar a cabo, adecuadamente
protegido, su misión de salvar la mayor cantidad posible de vidas. Ese debe ser
el objetivo prioritario, muy por encima de cualquier otro, del país.
Ningún
proyecto gubernamental previo –Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería
de Dos Bocas–, ninguna política de austeridad, ninguna entrega de dinero en
efectivo con fines clientelares puede servir de excusa para no cumplir con esa
prioridad.
