Lo de menos es que el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 23 de abril abunde en la retórica tan cara al Presidente, incurra en lugares comunes, incluya la consabida declaración de fe contra el neoliberalismo y padezca una redacción deplorable. Lo inadmisible son sus despropósitos jurídicos. Parece claro —tenebrosamente claro— que al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, no se le dan la escrupulosidad legal ni el talento estilístico.

El documento contiene las firmas del Presidente y los secretarios de Gobernación, Hacienda y la Función Pública. Me pregunto qué habrá sentido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, como ministra de la Suprema Corte, tuvo la misión de velar por que las autoridades observaran la Constitución y las leyes que de ella emanan, si no se le habrá estremecido un poquito la conciencia, al rubricar un decreto de esa índole.

El escrito propone medidas claramente inconstitucionales, como la reducción de salarios y la eliminación del aguinaldo, y kafkianamente señala, como supuesta medida de austeridad, que desaparecerán varias subsecretarías del gobierno federal, pero los actuales subsecretarios no serán despedidos ni perderán su salario. Entonces, ¿en qué se favorecerá la austeridad? ¿Qué tareas se les van a asignar a los destituidos subsecretarios?

El texto contiene un curioso e inaudito artículo transitorio, sin precedente hasta donde sé en la historia jurídica de México, el cual informa que el decreto mismo se convertirá en una iniciativa de ley que se enviaría con carácter de estudio prioritario y atención inmediata (y se envió esa misma tarde). ¿Es que hacía falta un decreto previo para anunciar o presentar una iniciativa de ley?

Pero lo más grave es que la iniciativa presidencial propone una adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad para que el secretario de Hacienda esté facultado, con total discrecionalidad, a reorientar los recursos del presupuesto de egresos en casos de emergencia económica “para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal”.

La adición le permitiría al Presidente gobernar sin tener que tomarse la molestia de ajustar sus actos a las normas aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que es sencillamente incompatible con el Estado de derecho de un régimen democrático, en el que deben prevalecer los principios de legalidad y división de poderes. La vigencia efectiva de tales principios es esencial e imprescindible en una democracia, ya que persiguen el objetivo común de evitar que el poder se ejerza arbitrariamente como ocurre en los gobiernos autoritarios y en las tiranías de todo signo partidario o color ideológico. El principio de legalidad obliga a toda autoridad a ceñir sus actos a lo establecido en la ley. El principio de división de poderes establece que ningún poder se puede concentrar en un solo individuo.

La Secretaría de la Función Pública se apresuró a sacar un comunicado avisando que “emprenderá un conjunto de acciones estratégicas para vigilar el estricto cumplimiento del decreto presidencial”. Habrase visto: un órgano interno de control desempeñando tareas de comisario del Presidente para asegurar, vigilando la aplicación de un decreto que aún no es ley, la violación de los principios constitucionales y el Estado de derecho.

Como observa Pascal Beltrán del Río, si la iniciativa sale adelante “se consumará un golpe a la separación de poderes y se abrirá la puerta a otras reformas que rompan aún más el equilibrio político que requiere cualquier democracia” (Excélsior, 29 de abril).

La situación sanitaria y económica que estamos viviendo se pretende aprovechar para menguar aún más nuestra ya zarandeada democracia. ¿Así que en eso pensaba el Presidente cuando dijo que la pandemia le venía “como anillo al dedo” a su gobierno? Es la excusa “para desactivar poderes e imponer ideologías”, como advierte un grupo de distinguidos juristas (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna, Javier Martín Reyes y Pedro Salazar, El Universal, 27 de abril). Si prospera, la iniciativa dejará como adorno al Poder Legislativo, lo que supone “un paso más hacia la dictadura”, alerta Pablo Hiriart (El Financiero, 27 de abril).