La Academia Mexicana de Ciencias Penales manifiesta su preocupación a propósito de diversos temas cuya reciente regulación se aparta de los principios y las reglas propios del sistema penal democrático y del orden constitucional que pretendemos conservar y engrandecer.
El motivo “oficial” para la emisión de las disposiciones que cuestionamos es la inseguridad prevaleciente y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para contener la criminalidad. Por supuesto, no negamos las alarmantes características de la inseguridad que nos aqueja. Sin embargo, es indispensable que las medidas que se utilicen para enfrentarla sean aceptables en el marco del Estado de Derecho. Si éstas carecen de legitimidad ––y además de eficacia–– se atacan tanto los derechos de los ciudadanos como el buen orden social. Sigue leyendo