La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido, tiene y, desafortunadamente, seguirá teniendo fuertes impactos en la salud, el crecimiento económico y el desarrollo social en un contexto regional caracterizado por una profunda desigualdad y vulnerabilidad que vislumbra el incremento de la pobreza y pobreza extrema en varios países de las Américas.

Las medidas de aislamiento social, así como la paralización parcial de las economías y el cierre de fronteras para evitar la expansión del coronavirus, sin duda alguna, harán retroceder el proceso de mejoramiento alcanzado -hasta antes de su aparición- en la calidad de vida de la población, es decir, se afectará el desarrollo social y sus principales componentes: salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y seguridad social, entre otros, considerados como derechos sociales. Veamos el por qué.

A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha destacado que, previo a la pandemia que se vive, el desarrollo de la economía mundial se caracterizaba por su debilidad, toda vez que en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019 la tasa de crecimiento mundial fue del 2.8%, porcentaje muy menor al 3.4% del período 1997-2006. Inclusive, “…en 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%”.^[1] En este sentido, con posterioridad a la crisis financiera internacional de 2008 la mayor desde la Gran Depresión de 1929—^[2], la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto regional (PIB regional) disminuyó del 6% al 0.2% y durante el período 2014-2019 fue de[1]  0.4% que resultó ser el de menor crecimiento desde la década de 1950^[3], sin desconocer que dicho organismo prevé en la región de las Américas una caída del 5.3% del PIB para 2020.^[4]        

A la debilidad en el desarrollo económico debe sumarse la fragilidad de la salud y la deficiente prestación de servicios en la región caracterizada por la prevalencia de ciertas enfermedades cardiovasculares y diabetes; carencias en el acceso al agua y brechas en el cumplimiento de los derechos sociales.