El estatus que guardan los derechos fundamentales en nuestro sistema constitucional es consecuencia de un prolongado proceso, en el que el tiempo ha permitido que, a partir del entendimiento de nuestra verdadera naturaleza como seres con una dignidad común, inherente a nuestra condición humana, se propicie y consolide, en forma gradual, lo que podríamos llamar como una toma de conciencia sobre los derechos humanos. Conforme a esta noción, las personas con discapacidad merecen respeto a su dignidad inherente y a ejercer todos sus derechos humanos de forma integral e indivisible. Son tanto beneficiarios, como agentes de cambio, y pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, con igualdad de género y no discriminación.

La inclusión de las personas con discapacidad solo puede darse mediante el desarrollo de acciones y programas que abarquen todas las ramas del conocimiento humano, ya que limitar su atención a un modelo médico-asistencial es una clara muestra de que se tiene una visión equivocada y contraria al enfoque social y de derechos humanos.

La atención al tema de la discapacidad es transversal y abarca todos los sectores y órdenes de gobierno; comprende no solo el tema médico y, aun cuando la situación de marginación de las personas con discapacidad hace necesaria la asistencia social, ésta debe proporcionarse bajo una perspectiva de derechos humanos.

El Estado mexicano no puede pasar por alto a los millones de personas con discapacidad, que siguen viendo limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país, al negarles el acceso a la salud, la rehabilitación, el entretenimiento, la cultura, la educación, o el empleo, y la oportunidad de realizar los ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.

Sigue siendo indispensable sensibilizar y capacitar a personas servidoras públicas en el modelo de derechos humanos para hacer realidad el paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse, verdaderamente, en titulares de derechos y obligaciones, respetando sus libertades fundamentales.

Es necesario reiterar que la adopción y entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención), tanto a nivel mundial como en nuestro país, ha sido más rápida que la capacidad de la sociedad y gobiernos para hacer suyos los principios y traducirlos en actitudes y políticas públicas que respondan a su objetivo.

La persistencia del modelo médico-rehabilitador en la estructuración e implementación de la política pública dirigida a la población con discapacidad, así como la falta de mecanismos de participación y consulta para que este sector poblacional, sus familias y sus organizaciones, se involucren en los temas que directamente les afectan.

Otros rubros como accesibilidad, acceso a la salud, trabajo, educación, vida independiente, igual reconocimiento como persona ante la ley y participación política, muestran importantes rezagos.

La Federación, las entidades federativas y los municipios deben redoblar sus esfuerzos y redimensionar los programas, presupuestos y acciones que actualmente llevan a cabo para el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano.

México fue quien propuso la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, razón por la cual nuestro país debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de las personas con discapacidad y generar avances concretos en la observancia y vigencia de sus derechos.

Recordemos que la Convención tiene un carácter vinculante y es imperativa su materialización permanente y progresivamente a través de las administraciones en los tres órdenes de gobierno.

La promoción de los derechos del colectivo de personas con discapacidad se llevará a cabo con actividades como conferencias, coloquios, foros, congresos, conversatorios, entre otras. Se deben difundir los derechos de las personas con discapacidad a través de medios digitales, escritos, televisivos y radiofónicos.

El Programa Universitario de Derechos Humanos dará su mayor esfuerzo, compromiso y trabajo para generar una auténtica toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad como sujetos de derechos.

Los editores