Por Ismael Eslava Pérez*

Sumario: I. Contextualización. II. Contenido e interdependencia con otros derechos. III. Corresponsabilidad compartida para su ejercicio. IV. Consideraciones finales.

I. Contextualización.

La promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, bajo los principios de igualdad y no discriminación, perspectiva de género y derechos humanos, así como enfoque diferencial y especializado, es un compromiso ineludible e indeclinable del Estado, del gobierno y de la sociedad en general. Con la reforma constitucional de junio de 2011, se fortaleció la convicción de queel tema de la atención de los derechos humanos e inclusión de las personas con discapacidad forma parte de una Agenda Nacional en materia de Derechos Humanos, toda vez que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención) ratificada por México el 2 de mayo de 2008, se integró al parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, la igualdad, inclusión y respeto a las personas con discapacidad constituyen, hoy en día, asignaturas pendientes que no se han podido alcanzar a pesar de los avances normativos y de constituir compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia.

La discapacidad es una condición que agrava cualquier situación de vulnerabilidad que pueda presentarse en la vida y que, desafortunadamente, ha propiciado lo que se conoce como discriminación interseccional, la cual consiste en la confluencia de factores que se potencian al experimentar discriminación. En efecto, el colectivo de personas con discapacidad sigue siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el país y en el mundo, que ha enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión históricamente médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos hacia este grupo de población. De ahí la importancia de avanzar y consolidar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse -verdaderamente- en sujetos de derechos y obligaciones y se respeten sus libertades fundamentales.