Por Ismael Eslava Pérez**

SUMARIO: I. Consideraciones previas. II. Hacia un sistema de salud equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal. III. Accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de salud en todas las regiones, particularmente en las zonas rurales y remotas. IV. Un Sistema Nacional de Salud con la infraestructura, insumos y recursos humanos suficientes para brindar atención de calidad. V. Acceso a servicios de salud y trato digno y respetuoso para grupos de atención prioritaria o que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad. VI. Implementación de un programa progresivo de formación y capacitación para el personal médico y de enfermería sobre la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, responsabilidades y ética. VII. Conclusiones.

I. Consideraciones previas.

Una vida saludable es la base del bienestar y del máximo desarrollo del potencial de las personas; por ello, el derecho a la protección de la salud está vinculado directamente con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y social de los países, y la conformación de una verdadera democracia.^[1]

La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce a la salud como un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y considera que, para hacerlo efectivo, se requiere de acciones complementarias entre sí. Ello significa que el trabajo de las instancias de gobierno y del Estado no se limita a la atención de las enfermedades y el suministro de medicamentos, sino que debe dirigirse a la ejecución de medidas integrales encaminadas a contar con una infraestructura hospitalaria adecuada, capacitar de forma permanente al personal médico, de enfermería y administrativo para proporcionar un trato digno, promover el autocuidado de la salud, garantizar el acceso a la información para posibilitar la toma de decisiones por parte de las y los titulares de los derechos, entre muchas otras.

La información estadística disponible nos ofrece un panorama importante de hacia dónde enfocar el trabajo para garantizar el derecho a la protección de la salud en México. En 2018, de acuerdo con CONEVAL, 120,531 localidades rurales contaban con bajo, muy bajo o ningún acceso a servicios de salud, lo que significa que más de 9 millones de personas a nivel nacional enfrentan una situación precaria en ese ámbito.^[2]

La afiliación a un sistema, institución o programa no garantiza, de facto, el acceso efectivo al derecho a la protección de la salud, pues se requieren las condiciones para hacerlos materialmente accesibles. Al respecto, el CONEVAL ha documentado un incremento en la accesibilidad geográfica de los servicios de atención médica, pues el tiempo de traslado a las unidades y hospitales ha mostrado una reducción entre 2010 y 2016, ya que el porcentaje de hogares cuyos integrantes tardarían más de dos horas en llegar a un hospital en caso de emergencia, se redujo de 3.7% a 2.1%.^[3]

No obstante, cuando esa información se desagrega por el tipo de establecimiento en el cual se busca atención, se detectan importantes diferencias: llegar a un Consultorio Adyacente de Farmacia toma en promedio 22.8 minutos, mientras que llegar a un Hospital o Instituto implica un traslado de 53.4 minutos. Ello es indicador que ese tipo de servicios cubren un vacío importante pendiente de atender por las instituciones públicas de salud.^[4]

El gasto público en salud es un indicador que permite medir el compromiso del Estado con la realización del derecho a la protección de la salud. De 2015 a 2018, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al gasto público en salud ha disminuido progresivamente, pasando de 3% en 2015 a 2.81% en 2018 y2.50% en el presupuesto de egresos 2020,^[5] lo cual coloca a México como el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en ese sector, mientras que en Alemania, Suecia y Japón el porcentaje rebasa el 9% de su correspondiente PIB.

Una consecuencia de la falta de inversión pública en el sistema de salud es el excesivo gasto de bolsillo. Por ejemplo, del total del gasto en salud en México en 2016, el 41.4% correspondió a erogaciones directas de las familias.^[6]

En el tema de infraestructura y recursos de personal, los datos más recientes del Banco Mundial indican que en 2016, México contaba con 2.2 médicos y 2.8 enfermeras y/o enfermeros por cada 1,000 habitantes, cifras bajas en comparación con las de otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ^[7]

Nuestro país tampoco ha podido cumplir la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de asignar el 40% del personal total de salud al primer nivel de atención, ya que el promedio nacional es de 32.7%.

La falta de personal capacitado y su ineficiente distribución puede derivar en la sobrecarga de capacidades; por ejemplo, las y los médicos residentes que trabajan periodos recurrentes de 24 horas consecutivas cometen 36% más errores graves y presentan el doble de fallas en el trabajo nocturno por problemas de atención, que quienes trabajan 16 horas.^[8]

En ese rubro, merece especial atención el cumplimiento de los derechos de las y los médicos residentes quienes continuamente se enfrentan a los desafíos que impone el sistema de salud, y se perciben desprotegidos ante las situaciones de riesgo a las que continuamente están expuestos. Ellas y ellos tienen derecho a no ser objeto de vejaciones o actos contrarios a su dignidad; contar permanentemente con la supervisión y asesoría del personal médico adscrito al servicio, y a contar con asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones en el desempeño de sus actividades.

Hay que tomar en cuenta que el incremento en la disponibilidad de recursos humanos es insuficiente para garantizar el derecho a la protección de la salud, ya que éste debe acompañarse de mejoras en la productividad y eficiencia de los servicios proporcionados; en otras palabras, se requiere un enfoque integral.

Otro tema relevante es garantizar el abasto de medicamentos –un problema de hace varios años y que se agudiza en un contexto de emergencia sanitaria–, ya que su escasez constituye un peligro para la salud de las personas,[9] en especial para quienes no cuentan con recursos para adquirirlos. Para muchas familias, cualquier gasto imprevisto en salud puede convertirse en un gasto catastrófico. Al respecto, en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió,  entre otras comunicaciones, dos solicitudes de medidas cautelares a la Secretaría de Salud Federal  por desabasto de medicamentos e insumos: i) el 3 de abril dirigió un pronunciamiento a esa dependencia, a efecto de garantizar los servicios de tamizaje neonatal en las unidades del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, y ii) el 1º de mayo emitió medidas cautelares para garantizar el suministro de tratamientos antirretrovirales y, con ello, el derecho a la protección de la salud de las personas con VIH afiliadas al Seguro Popular. Lo anterior con la finalidad de que las personas estén en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a una atención médica oportuna, de calidad, con suficiencia y disponibilidad de medicamentos adecuados conforme cada tratamiento, y se evite que su estado de salud, incluso su vida, se vea comprometida.

En todos los casos, se enfatizó que como tema esencial de salud pública el abasto de medicamentos, la necesidad de transparentar los procesos administrativos de adquisición de bienes, servicios y de erradicación de la corrupción; sin embargo, tales acciones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

A continuación, se analizan cinco retos que ameritan la atención prioritaria e indispensable del Estado mexicano para garantizar el derecho a la protección de la salud.

II. Hacia un sistema de salud equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal.

Existen importantes diferencias en la accesibilidad y calidad de los servicios de salud entre los sectores público y privado, entre las instituciones públicas, en el interior de una misma institución y entre las diferentes entidades federativas. La principal consecuencia es la desigualdad en el nivel de protección del derecho a la salud de las personas, lo cual deriva en discriminación y exclusión de los sectores con mayor riesgo de vulnerabilidad.

Por ejemplo, datos del Observatorio Nacional de Inequidades en Salud (ONIS) 2019, revelan que la mortalidad por gastroenteritis infecciosa es 5.1 veces más frecuente en los municipios con mayor concentración de población en pobreza;^[10] lo mismo ocurre con la muerte por tuberculosis que es 6.8 veces más frecuente, y por desnutrición que se presenta 16.9 veces más frecuentemente en los municipios de menor ingreso.^[11]

En consecuencia, es patente la heterogeneidad en la calidad de los servicios de atención a la salud, pues ésta es altamente variable en términos de los comportamientos diagnósticos y terapéuticos del personal de salud dependiendo de la institución de que se trate. Lo anterior significa que la situación laboral, económica e incluso geográfica de los servicios de atención médica determina las posibilidades de las personas de gozar de un nivel mínimo de calidad.

La organización del sistema de salud se encuentra fragmentado en múltiples prestadores de servicios; la atención a la población está segmentada de acuerdo con su condición laboral y los componentes público y privado están desvinculados entre sí. El sistema no cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda por servicios de salud de toda la población, ni la atención cubre todos los problemas de salud ni resguarda a todas las personas.

Si bien se han implementado políticas para evitar el rechazo de las y los usuarios por parte de las instituciones de salud, se trata de una medida que, para ser efectiva, requiere que existan las instalaciones, medicamentos y personal suficiente para proporcionarles atención. El sector salud está rebasado y en algunos casos existe inadecuado aprovechamiento de infraestructura y recursos por falta de coordinación interinstitucional.

Un sistema de salud unificado debe tener como objetivo primordial la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud del país que garantice el acceso universal de la población, y que esté basado en la atención primaria de la salud con enfoque preventivo, haciendo uso óptimo de los recursos económicos y sanitarios disponibles, bajo premisas de planeación integrales.

Es fundamental fomentar el intercambio de servicios entre las instituciones prestadoras de servicios, y mejorar la inversión en infraestructura para la información de datos de salud a fin de facilitar la comunicación y la continuidad de los servicios. De manera específica, una de las propuestas para fortalecer y expandir el aseguramiento de los riesgos de salud incluye la integración del financiamiento de los sistemas para alcanzar niveles más elevados de solidaridad y equidad.

III. Accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de salud en todas las regiones, en particular en las zonas rurales y remotas.

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha observado que, para garantizar el derecho a la protección de la salud, los servicios de atención deben ser cultural y geográficamente accesibles y disponibles.^[12] En México, las autoridades han implementado diversas estrategias para acercar los servicios médicos a las comunidades aisladas y de difícil acceso, entre ellas, unidades médicas móviles y servicios de telemedicina o telesalud que operan en las unidades ambulantes y de consulta externa.

Dichos programas son fundamentales para propiciar la inclusión de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, ya que buscan eliminar barreras en la accesibilidad física y geográfica a los servicios; por ello, es indispensable fortalecerlos y mejorarlos mediante la generación de indicadores que permitan monitorear su desempeño y efectividad en la mejora de las condiciones de salud de su población objetivo. En la medida en que se cuente con más y mejor información cuantitativa y cualitativa será posible adecuar las estrategias a las necesidades de la población.

El Observatorio Nacional de Inequidades en Salud revela que existe evidencia de la desigual distribución de los recursos de salud, y un desorden territorial en dicha distribución, ya que existe alta concentración de hospitales de segundo nivel en zonas urbanas a diferencia de las rurales. De igual forma, estimó que a nivel nacional la diferencia en el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud entre el municipio con mayor porcentaje de población en pobreza y aquel con menor porcentaje de población en pobreza es de 15.33%.^[13] A lo anterior se debe agregar la concentración de unidades de diferentes instituciones en las mismas áreas geográficas y la subutilización de algunas unidades por falta de recursos humanos o equipamiento y por falta de recursos para su operación.^[14]

Es importante considerar que para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de salud se requiere un abordaje con perspectiva integral y no circunscrita a lo que es posible realizar desde los establecimientos de salud, por lo que también deben trabajarse en mejorar las condiciones de vida de la población en las distintas regiones del país, como determinantes básicos del estado de salud (acceso al agua, servicios públicos, vivienda, igualdad de género, medio ambiente limpio, nutrición).

IV. Un Sistema Nacional de Salud con infraestructura, insumos y recursos humanos suficientes para brindar atención de calidad.

Es prioritario garantizar el cumplimiento de obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, entre ellas, asegurar que las unidades cuenten con el número suficiente de personal médico, especialistas y personal de enfermería para cubrir la demanda, así como con los recursos materiales y medicamentos, sobre todo en zonas rurales, ya que la falta de esos elementos propicia casos de inadecuada atención y violaciones a derechos humanos de las y los usuarios.

De acuerdo con los instrumentos internacionales que México ha suscrito, particularmente el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, cada Estado parte se compromete a contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención a la salud.^[15] En este sentido, la disponibilidad de recursos en materia de salud es baja en el país en comparación con los estándares de la OCDE, sin soslayar la existencia de infraestructura en mal estado que requiere conservación y mantenimiento periódico, así como aquella de naturaleza hospitalaria que difiere entre el sector privado y el público.^[16]

De acuerdo con datos del CONEVAL, el sector privado contaba en 2014 con más del 69% de las unidades hospitalarias para la población afiliada a seguros privados de 3.2 millones, mientras que el Seguro Popular y el Instituto Mexicano del Seguro Social, contaban con el 18.3 y 6.3% de unidades hospitalarias, respectivamente, para otorgar atención médica a una población de 55.6 y 43.4 millones.^[17]

En un informe del Instituto Mexicano para la competitividad de 2018 se refiere que del 61% de los usuarios de servicios de salud mayores de edad que acudieron a consulta, obtuvieron sus medicinas en las farmacias estatales del sector salud, mientras que el 39% no pudieron surtir sus recetas y tuvieron que comprarlos.

Es indispensable aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de atención relativo a la prevención de enfermedades y atención ambulatoria a la morbilidad más frecuente,^[18] y mejorar su distribución con base en las necesidades de la población, priorizando a las comunidades rurales. Además, debe considerarse que la expansión de la oferta de servicios debe realizarse no sólo en atención a un criterio territorial, sino a través del diseño de una adecuada planeación de la infraestructura sanitaria de manera que se consideren los requisitos de accesibilidad, asequibilidad y calidad para toda la población, con independencia de la localidad de que se trate.

Un tema que amerita especial atención son los hospitales psiquiátricos, pues a pesar de que el marco legal vigente protege a las personas en situación de internamiento, las acciones orientadas hacia la plena vigencia de sus derechos son todavía incipientes. De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, los trastornos mentales afectan a casi el 30 % de la población en nuestro país, pero solo uno de cada cinco recibe un tratamiento.^[19]

En México existen 51 centros integrales de salud mental; 32 hospitales psiquiátricos para atender a cuatro mil pacientes y 54 villas de transición hospitalaria. Además, 19 estados cuentan con 10% de hospitales generales con al menos una cama de psiquiatría. La Universidad Autónoma Metropolitana^[20] y la Red Voz Pro salud Mental señala que actualmente el presupuesto federal para atender a personas con alguna discapacidad mental es de apenas 2 % del gasto total en salud.^[21]

Adicionalmente existen importantes brechas en el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en internamiento, y enfatiza la necesidad de crear sistemas efectivos de asistencia jurídica. De igual forma, propone la revisión integral de las leyes, reglamentos, normas técnicas y circulares aplicables a esas instancias, así como la implementación de una campaña nacional que impulse la visibilidad de los problemas que enfrentan las personas internadas en hospitales psiquiátricos y sus familias, en la lucha por el respeto a sus derechos fundamentales, acompañada de soluciones estatales, que cuenta con la participación de la ciudadanía.

V. Acceso a servicios de salud y trato digno y respetuoso para grupos de atención prioritaria o que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad.

Los grupos de atención prioritaria son aquellos que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Entre estos grupos se encuentran niñas, niños y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas que viven con VIH o Sida, personas privadas de la libertad, mujeres, personas en situación de calle, pueblos indígenas, migrantes, personas desplazadas, personas afrodescendientes, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, entre otras.  

Para los grupos de atención prioritaria resulta indispensable generar las condiciones para garantizar su acceso efectivo a la salud considerando el contexto y particularidades que los caracterizan,^[22] siendo indispensable considerar lo siguiente: i) los enfoques diferenciados al momento de la toma de decisiones, a fin de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria; ii) promover la eliminación de estigmas y estereotipos negativos sobre ciertos grupos de personas, y iii) considerar en toda política pública y programas de salud el acceso a pruebas de detección, tratamiento oportuno, acceso a medicamentos y cuidados paliativos necesarios.

De igual forma, un tema de especial preocupación son las personas que, aunque cuentan con seguridad social, no pueden acceder a sus prestaciones por la reiterada violación a sus derechos como trabajadores. Es preciso que las autoridades laborales pongan especial atención en la protección de los grupos indígenas que se desempeñan como jornaleros agrícolas, de manera particular en las mujeres embarazadas, haciendo efectiva la actuación de la “Inspección en el Trabajo” que contempla la ley en la materia, para detectar situaciones contrarias a su integridad y derechos.

Otro aspecto que se advierte como necesario, es el fortalecimiento, entre otros rubros, de la enseñanza de derechos humanos, la medicina tradicional y el desarrollo intercultural como parte de la promoción del derecho a la salud, y el desarrollo de programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual bajo una perspectiva intercultural.

En materia de accesibilidad, si bien se observa como positiva la promoción de unidades móviles que pueden adentrarse en las comunidades indígenas para la prestación de servicios de salud, es necesario consolidar servicios cercanos a las localidades. En el caso de aquellas localidades que cuenten con infraestructura es indispensable atender la carencia de personal médico, así como abastecer de material y medicamentos

Con relación a la violencia obstétrica, es deseable que las instituciones de salud fortalezcan sus estructuras institucionales para investigar, y en su caso, sancionar prácticas contrarias a los derechos de las mujeres, y generar bases de datos sobre incidencia de situaciones de violencia obstétrica y mecanismos para que las usuarias puedan inconformarse por acciones y omisiones que vulneren sus derechos.

La calidad de la atención obstétrica de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas es una consideración importante a la hora de analizar las tasas de cesárea y la mortalidad. El riesgo de infección y de complicaciones por esa cirugía son peligros potenciales, en particular en los lugares que carecen de instalaciones o de la capacidad para realizar cirugía de forma segura. Por ello, el uso excesivo de esta práctica, en condiciones en las que no esté plenamente indicada, podría exponer a las mujeres a riesgos innecesarios.

Se destaca la importancia de armonizar las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, y trabajar en la reducción de la incidencia de la mortalidad materna, mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales.

VI. Implementación de un programa progresivo de formación y capacitación para el personal médico y de enfermería sobre la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, responsabilidades y ética.

Es indispensable la generación de un programa progresivo de formación en derechos humanos y de formación médica clínica desde las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, así como la capacitación y sensibilización al personal de salud, lo que les permitirá ejercer de manera efectiva su derecho de acción en el ámbito clínico.

Se requiere mayor coordinación entre las entidades y dependencias públicas encargadas de la formación del personal médico, las instituciones académicas y las dependencias de salud que lo contratan, y que éstas a su vez observen el cumplimiento a las condiciones de trabajo.

Resulta prioritario ejecutar acciones permanentes de formación, capacitación y sensibilización para el personal de salud que interviene en la atención de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio; erradicar la discriminación y estigmatización de las personas usuarias, familiares y acompañantes de los servicios de salud mental; en materia de integración y manejo de los expedientes clínicos y, desde luego, sobre trato digno y derechos humanos, sin soslayar la importancia de instrumentar el expediente clínico electrónico que permita su utilización en todo el sistema nacional de salud.

Las temáticas abordadas son vigentes y requieren la actuación conjunta del sector público, privado y social para la construcción de un enfoque más amplio sobre la atención de la salud que responda a las exigencias de la sociedad mexicana.

VI. Conclusiones.

Primera. El primer reto que se enfrenta es contar con un sistema de salud equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal, y donde el acceso esté determinado por la necesidad y no por la situación laboral, toda vez que son múltiples las diferencias en la accesibilidad y calidad de los servicios de salud entre los sectores público y privado, entre las instituciones públicas, en el interior de una misma institución y entre las diferentes entidades federativas, particularmente en momentos de emergencia sanitaria.

Segunda. Un sistema de salud unificado debe tener como objetivo primordial la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud del país que garantice el acceso universal de la población, y que esté basado en la atención primaria de la salud con enfoque preventivo, haciendo uso óptimo de los recursos económicos y sanitarios disponibles, bajo premisas de planeación integrales.

Tercero. El trabajo de las instancias de gobierno y del Estado no se limita a la atención de las enfermedades y el suministro de medicamentos, sino que debe dirigirse a la ejecución de medidas integrales encaminadas a contar con una infraestructura hospitalaria adecuada, capacitar de forma permanente al personal médico, de enfermería y administrativo para proporcionar un trato digno, promover el autocuidado de la salud, garantizar el acceso a la información para posibilitar la toma de decisiones por parte de las y los titulares de los derechos.

Cuarta. La afiliación a un sistema, institución o programa no garantiza, de facto, el acceso efectivo al derecho a la protección de la salud, pues se requieren las condiciones para hacerlos materialmente accesibles.

Quinta. México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en ese sector, mientras que en Alemania, Suecia y Japón el porcentaje rebasa el 9% de su correspondiente producto interno bruto. Por tanto, la falta de inversión pública en el sistema de salud tiene como consecuencia un excesivo gasto de bolsillo.

Sexta. Es indispensable el cumplimiento de los derechos de las y los médicos residentes quienes continuamente se enfrentan a los desafíos que impone el sistema de salud, y se perciben desprotegidos ante las situaciones de riesgo a las que continuamente están expuestos. Ellas y ellos tienen derecho a no ser objeto de vejaciones o actos contrarios a su dignidad; contar permanentemente con la supervisión y asesoría del personal médico adscrito al servicio, y a contar con asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones en el desempeño de sus actividades.

Séptima. Se debe garantizar el abasto de medicamentos toda vez que su escasez constituye un peligro para la salud de las personas, en especial para quienes no cuentan con recursos para adquirirlos, así como transparentar los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios, sin que tales acciones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

Octava. El segundo reto es garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de salud en todas las regiones, en particular en las zonas rurales y remotas, a partir de la premisa de que los servicios de atención deben ser cultural y geográficamente accesibles y disponibles.

Novena. Las instancias de gobierno y del Estado, en su respectivo ámbito de competencia, deben implementar coordinadamente estrategias para acercar los servicios médicos a las comunidades aisladas y de difícil acceso, entre ellas, unidades médicas móviles y servicios de telemedicina o telesalud, a fin de propiciar la inclusión de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

Décima. Para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de salud se requiere un abordaje con perspectiva integral, por lo que también deben trabajarse en mejorar las condiciones de vida de la población en las distintas regiones del país.

Decima primera. El tercer reto consiste en contar con un Sistema Nacional de Salud Pública con infraestructura, insumos y recursos humanos suficientes para brindar atención de calidad, garantizando el cumplimiento de obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, entre ellas, asegurar que las unidades cuenten con el número suficiente de personal médico, especialistas y personal de enfermería para cubrir la demanda, así como con los recursos materiales y medicamentos, sobre todo en zonas rurales,

Décima segunda. Es indispensable aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de atención, y mejorar su distribución con base en las necesidades de la población, priorizando a las comunidades rurales.

Décima tercera. El cuarto reto consiste en lograr el acceso a servicios de salud y trato digno y respetuoso para grupos de atención prioritaria o que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad, a partir de tres premisas fundamentales: i) los enfoques diferenciados al momento de la toma de decisiones; ii) promover la eliminación de estigmas y estereotipos negativos sobre ciertos grupos de personas, y iii) considerar en toda política pública y programas de salud el acceso a pruebas de detección, tratamiento oportuno, acceso a medicamentos y cuidados paliativos necesarios.

Décima cuarta. Una especial preocupación se relaciona con las personas que, no obstante contar con seguridad social, no pueden acceder a sus prestaciones por la reiterada violación a sus derechos como trabajadores, como los grupos indígenas que se desempeñan como jornaleros agrícolas, de manera particular las mujeres embarazadas, para lo cual se debe hacer  efectiva la actuación de la “Inspección en el Trabajo” que contempla la ley en la materia, para detectar situaciones contrarias a su integridad y derechos.

Décima quinta. Se debe fortalecer la enseñanza de derechos humanos, la medicina tradicional y el desarrollo intercultural como parte de la promoción del derecho a la salud, y el desarrollo de programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual bajo una perspectiva intercultural.

Décima sexta. El principal desafío consiste en implementar mecanismos adecuados de equidad, solidaridad y garantía de acceso a los servicios médicos. Para ello, debe existir mayor financiamiento público y mayor articulación entre la seguridad social y los programas de acceso universal a servicios de salud.

Décima séptima. En materia de expediente clínico, es deseable el establecimiento de un expediente clínico electrónico que permita su utilización en todo el sistema nacional de salud, para que, con independencia de la institución a la que acuda al usuario, sea fácilmente consultable.

Décima sexta. El Estado mexicano debe transitar de una visión donde las políticas de salud se dirigen únicamente a paliar carencias sociales, a una encaminada a la garantía plena de los derechos humanos, para lo cual se requiere de un nuevo enfoque en la recaudación, asignación y ejercicio de los recursos públicos, que privilegie la atención de los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud Pública, priorice la atención de los sectores más vulnerables, y establezca mecanismos adecuados para asegurar la sostenibilidad financiera, el incremento progresivo de la cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Décima séptima. Privilegiar una visión humanista que ubique a las personas en el centro de la actividad estatal, motivo por el cual se requiere que la toma de decisiones migre de la perspectiva de las autoridades hacia la visión de las y los usuarios de servicios de salud, con una lógica que tenga fundamento en las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por México.

Décima octava.  El quinto reto consiste en la generación de un programa progresivo de formación en derechos humanos y de formación médica clínica desde las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, así como la capacitación y sensibilización al personal de salud, lo que les permitirá ejercer de manera efectiva su derecho de acción en el ámbito clínico.

Décima novena. Es necesario una mayor coordinación entre las entidades y dependencias públicas encargadas de la formación del personal médico, las instituciones académicas y las dependencias de salud que lo contratan, y que éstas a su vez observen el cumplimiento a las condiciones de trabajo.

Vigésima. Debe existir con carácter permanente una política pública de formación, capacitación y sensibilización para el personal de salud que interviene en la atención de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio; erradicar la discriminación y estigmatización de las personas usuarias, familiares y acompañantes de los servicios de salud mental; en materia de integración y manejo de los expedientes clínicos y, desde luego, sobre trato digno y derechos humanos, sin soslayar la importancia de instrumentar el expediente clínico electrónico que permita su utilización en todo el sistema nacional de salud. Finalmente, las autoridades del Estado mexicano deben fortalecer el sistema nacional de salud pública a partir de una perspectiva de derechos humanos, a través de la asignación de mayores recursos y la mejora en la distribución de éstos, políticas públicas integrales e interculturales con enfoque diferenciado para los distintos grupos de la población y la formación en derechos humanos del personal médico y administrativo. Todo ello con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia de los servicios de prevención, atención y rehabilitación de enfermedades y riesgos de salud. Un sistema fortalecido indudablemente permitirá responder de una manera más eficiente y eficaz a cualquier emergencia sanitaria, como l que hoy se vive con la Covic-19.

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