El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos… Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra.

            En Sobre la tiranía (Galaxia Gutenberg, 2018), el historiador estadunidense Timothy Snyder advierte que la mayor parte del poder del autoritarismo le es otorgado libremente: los individuos se anticipan a lo que querría un gobierno represivo y se ofrecen sin que nadie se los pida. Adaptados de esa manera, están mostrándole al poder lo que es capaz de hacer.

            He recordado esas líneas estremecedoras al observar, con creciente inquietud, la resignación con que en México la ciudadanía, con pocas excepciones, soporta decisiones y acciones del gobierno que, a todas luces, son absurdas, injustas y/o contrarias a los derechos humanos. En otros países con mayor cultura cívica esas medidas hubieran provocado escándalos mayúsculos.

            El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos, a pesar de las opiniones adversas de expertos en la materia y no obstante que para hacerlo ha tenido que pagar cientos de miles de millones de pesos y que aquella obra satisfaría las necesidades de los pasajeros, propiciaría progreso y generaría cientos de miles de empleos. Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra cancelada por capricho o motivos desconocidos.

            El Presidente corta el apoyo a los refugios para mujeres maltratadas y a las estancias infantiles, con lo que lesiona gravemente los derechos humanos de cientos de miles de mujeres, de unas porque les quita la posibilidad de huir del infierno del maltrato doméstico y, de otras, porque las priva de la opción de trabajar o estudiar con la certeza de que sus hijos quedaban en un ambiente seguro y atendidos por personal profesional. En otros países, todo el movimiento feminista hubiera protagonizado una gigantesca y enérgica protesta contra una medida que perjudica a muchas mujeres de una manera tan severa que puede decirse que probablemente les arruine la vida.

            El partido del Presidente avisa que presentará una iniciativa para aumentar una tercera sala a la Suprema Corte de Justicia, la que se ocuparía de asuntos de corrupción, con lo cual el número de ministros llegaría a 16. Como sabe cualquier estudiante de derecho, la Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la inmensa mayoría de los asuntos relacionados con corrupción. En realidad, con la designación de cinco nuevos ministros mediante los turbios procedimientos que hemos ya presenciado en las designaciones de otros organismos, se abre la oportunidad de contar con ministros afines y obedientes en número suficiente para rechazar acciones de inconstitucionalidad. ¿Ese aviso no debió provocar la protesta del presidente de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal e incluso el conjunto de jueces federales y locales, pues implicaba el jaque a la independencia judicial?

            El partido del Presidente anuncia una iniciativa que desaparecería a la CNDH y al resto de los organismos públicos de derechos humanos, los que serían sustituidos por una denominada Defensoría del Pueblo, iniciativa que desconoce la tarea tan importante de esos organismos han llevado a cabo en el combate a los abusos de poder y parece orientada a cancelar la autonomía del ombudsman. ¿No deberían todos los ombudsman del país, los organismos no gubernamentales de derechos humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México alzar la voz con el mayor vigor rechazando con toda contundencia tal iniciativa?

            El Presidente, tras haber sido evidenciado en cuanto a su manejo de las cifras de incidencia de homicidios por el periodista Jorge Ramos                  —¡negaba las propias cifras oficiales!—, señaló en una conferencia mañanera que si los periodistas no son prudentes y “se pasan” ya saben lo que sucede, lo cual no se debe a él, sino a “la gente”. ¿No era de esperarse que todos los reporteros allí presentes y todos los medios de comunicación unieran su reclamo indignado ante una advertencia de intolerancia autoritaria que no sólo justifica las agresiones contra los críticos del gobierno, sino que parece incitar a los agresores?

            Consciente de esa pasividad, el Presidente no reconoce límites de legalidad: ahora pretende derogar la Reforma Educativa ¡con un memorándum!