La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas propuso la celebración del día de la niñez el 20 de noviembre de 1959, fecha que coincide con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño -Convención- (1989). Sin embargo, cada Estado Nacional ha elegido un día para celebrar y fomentar la concordia en la convivencia de la niñez en el mundo a partir de promover su bienestar integral.  En México, en 1924 se estableció como el Día de la Niñez el 30 de abril, siendo Presidente de la República el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. En todo caso, tal conmemoración nos lleva a la reflexión sobre los compromisos y asignaturas pendientes con la niñez mexicana.

La ratificación de la Convención en 1990 marcó el punto de partida en nuestro país para la evolución y consolidación -paulatina- del andamiaje jurídico nacional y la observación permanente de la actuación estatal por parte del Comité de los Derechos del Niño, cuyos criterios interpretativos sobre el contenido y alcance de las disposiciones de la Convención, así como las recomendaciones puntuales dirigidas a México, son la ruta para materializar la protección más amplia a ese grupo poblacional.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales en la materia, marcaron un hito en la evolución de los derechos de las personas menores de edad al reconocerlas como titulares de derechos. De ese reconocimiento se derivan obligaciones permanentes de protección especial a cargo de las autoridades, de las personas responsables de su cuidado y de la sociedad en general. No obstante, el cumplimiento de esas normas enfrenta múltiples retos de importante complejidad.

Existe una brecha significativa entre las normas jurídicas que reconocen y protegen los derechos de la niñez y adolescencias, y las realidades a las que se enfrentan cotidianamente. Las acciones, compromisos y esfuerzos de los sectores público, social y privado para lograrlo han sido intermitentes y desiguales, y en su mayoría, carentes de un enfoque integral y preventivo, de tal forma que, aunque se registran avances en algunos aspectos, subsisten problemas que condicionan el acceso al goce y ejercicio de sus derechos.

Aún son importantes los desafíos a nivel institucional y social para lograr que se privilegie su interés superior, que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones e ideas, que se implementen mecanismos adecuados y eficientes para salvaguardar su integridad y restituir sus derechos en caso de violaciones a los mismos.

Un aspecto relevante que se presenta cuando se habla de este sector poblacional es el relativo a las desigualdades de género que, según afirma el Comité de los Derechos del Niño, se hacen más evidentes durante la adolescencia, de forma que los estereotipos, la inequidad y la discriminación contra niñas y adolescentes redunda en violaciones a sus derechos tales como el matrimonio forzado, el embarazo a temprana edad, la violencia física, mental y sexual; la servidumbre o la explotación y trata de personas, las cuales, en numerosos casos, han finalizado en la privación de la vida. También, la violencia en las redes sociales amerita la intervención urgente de las autoridades, pues el marco jurídico y las acciones de prevención encaminadas a su protección son insuficientes para frenar conductas que van desde el acoso escolar hasta la explotación sexual, e incluso la pornografía.

De igual forma, se requiere atención urgente por parte de las autoridades para construir un sistema de procuración y administración de justicia adaptado a las necesidades de niñas, niños y adolescentes, que cuente con el marco normativo adecuado, la infraestructura suficiente y el personal debidamente capacitado para resolver los casos con perspectiva de derechos humanos, de niñez y de género, garantizando la aplicación de los estándares más altos de protección a sus derechos”.

Es necesario insistir en sensibilizar a las instancias de gobierno y del Estado en la generación de acciones, programas y políticas públicas en las que se involucre a niñas, niños y adolescentes en el cumplimiento de sus derechos, a través de la educación en y para los derechos humanos; la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica; optar por técnicas de crianza positivas libres de violencia y con perspectiva de género.

El trabajo transversal entre las organizaciones internacionales, autoridades, las familias, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, permitirá generar un México más justo, incluyente e igualitario, donde las niñas, niños y adolescentes puedan sentirse libres y seguros de luchar por conseguir sus objetivos.

Desatender a nuestros niños y jóvenes es propiciar que nuestros problemas y retos actuales sean más complejos y graves en un futuro, lo cual no lo podemos permitir ni como sociedad ni como país. Lo anterior implica no sólo atender las problemáticas inmediatas o urgentes, sino iniciar acciones preventivas, dentro de las cuales la educación cobra especial relevancia. 

La educación es el medio para transformar y mejorar a la sociedad, en particular una educación en y para los derechos humanos. Un estado en el que impere realmente la justicia, difícilmente se podrá alcanzar mientras no se produzca un cambio de paradigma cultural dentro de todos los miembros de la sociedad, en la que se genere la convicción de que el cumplimiento de la ley produce sus frutos y que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno redunda en beneficio de todos.

Si hoy educamos en y para los derechos humanos, los beneficios que obtendremos mañana serán muy relevantes. La mejor inversión que podemos hacer es la que se destine a nuestras infancias y adolescencias. Sólo a través de la educación y la cultura, México alcanzará la verdadera justicia que busca y reclama la sociedad. Esto generará una transformación que permitirá superar la desigualdad existente mediante la equidad, la solidaridad y la consolidación de una sociedad respetuosa de la ley, que busque y valore la justicia. En esta tarea es indispensable la acción conjunta y coordinada de autoridades y sociedad. Nuestro futuro como país depende de ello.

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