14 de febrero de 2022
A pesar de los llamamientos urgentes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 en 2021, las empresas farmacéuticas fracasaron estrepitosamente a la hora de afrontar el reto de una crisis sanitaria y de derechos humanos global sin precedentes. Por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra la COVID-19.
El año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40% de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para finales de 2021. Sin embargo, el informe, próximamente también en español, Money calls the shots: Pharma’s response to the Covid-19 vaccines crisis (El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la COVID-19) —actualización del informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2021 Doble dosis de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19— revela que poco más del 4% de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado.
“Más de 1.200 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos bajos podrían haberse vacunado para finales de 2021 si los países de ingresos altos y los productores de vacunas se tomaran en serio sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos”, ha declarado Rajat Khosla, director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Mientras los países de ingresos altos acaparaban vacunas y restringían cruelmente el suministro a zonas más pobres del mundo, las empresas farmacéuticas fueron decisivas en la catástrofe de derechos humanos que se estaba produciendo, al dejar en la estacada a quienes más lo necesitaban. Estas empresas podrían haber marcado un hito en 2021. En cambio, dieron la espalda a quienes más necesitaban las vacunas y siguieron como siempre, anteponiendo los beneficios a las personas. Si queremos que 2022 sea el último año de esta pandemia, necesitamos cambiar el rumbo ahora para alcanzar el objetivo del 70% de vacunación para julio de este año.”
En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos ingresos de hasta 54.000 millones de dólares, y sin embargo suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos. Las empresas chinas Sinovac y Sinopharm sólo entregaron a países de bajos ingresos el 0,4% y 1,5% de sus vacunas, respectivamente.
Los registros de Johnson & Johnson y AstraZeneca en cuanto a la distribución fueron mejores: el 50% de sus existencias llegaron a países de ingresos bajos y medianos bajos (muchas de estas dosis se suministraron como “donaciones” de países de ingresos altos y no como parte de contratos de venta). Sin embargo, ambas empresas siguen negándose a compartir su tecnología y propiedad intelectual a través de iniciativas coordinadas por la Organización Mundial de la Salud y están ahora abandonando sus sistemas de precios sin ánimo de lucro.
“A pesar de los miles de millones de financiación pública, estas empresas siguen anteponiendo su propia codicia a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Es sumamente preocupante que se dé prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5,6 millones de personas a causa de la COVID-19. ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos —no sólo la de los países ricos— debe tener acceso a las vacunas?”, ha señalado Rajat Khosla.
La empresa de análisis e información de carácter científico Airfinity ha aportado otras conclusiones que incluyen, a fecha 31 de diciembre de 2021, las siguientes:
- AstraZeneca produjo algo menos de 2.400 millones de dosis de vacunas en 2021, de las cuales suministró el 1,7% a países de bajos ingresos y el 70% a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un incremento respecto a la evaluación anterior.
- Johnson & Johnson produjo algo más de 300 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyó el 20% a países de bajos ingresos y el 31% a países de ingresos medianos bajos, lo que representa un incremento significativo respecto a la evaluación anterior.
- Moderna produjo 673 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyó el 2% a países de bajos ingresos y un 23,5% a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un incremento significativo respecto a la evaluación anterior, aunque sigue siendo insuficiente.
- Pfizer/BioNTech produjo 2.400 millones de dosis en 2021, de las cuales distribuyó el 1% a países de bajos ingresos y el 14% a países de ingresos medianos bajos, lo que supone un ligero incremento respecto a la evaluación anterior, pero por debajo del objetivo del 50% fijado por Amnistía Internacional.
- Sinopharm produjo algo más de 2.200 millones de dosis en 2021, la mayoría de las cuales se suministraron a nivel nacional en China. La empresa suministró el 1,5% de las dosis a países de bajos ingresos y el 24% a países de ingresos medianos bajos, por debajo de lo requerido para una distribución equitativa de sus vacunas.
- Sinovac produjo más de 2.400 millones de dosis en 2021, la mayoría de las cuales se suministraron a nivel nacional en China. La empresa suministró el 0,4% de las dosis a países de bajos ingresos y el 20,5% a países de ingresos medianos bajos.
El informe de Amnistía también señala que estas empresas no comparten su propiedad intelectual, sus conocimientos ni su tecnología, ponen obstáculos al acceso justo a las vacunas, y presionan activamente contra la flexibilización de los derechos de propiedad intelectual.
“La lucha por las vacunas equitativas aún no ha terminado”, ha afirmado Rajat Khosla. “Seguiremos instando a las empresas farmacéuticas a que den prioridad al suministro a los países de bajos ingresos para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial antes de mediados de 2022. Todas las personas merecen la oportunidad de recibir una vacuna y, ahora que entramos en el tercer año de la pandemia, es hora de que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso inmediato a ella.”
Amnistía Internacional también exige a las empresas que compartan la propiedad intelectual mediante la expedición de licencias abiertas y no exclusivas o participando en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para apoyar el intercambio de licencias abiertas y no exclusivas, divulgar públicamente todos los términos y condiciones y fijar el precio de las dosis de manera que los beneficios no se interpongan en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.
“Los inversores también han desempeñado un importante papel en esta crisis mundial. Su falta de actuación efectiva demuestra que, mientras la COVID-19 desataba un sufrimiento inimaginable en millones de personas en todo el mundo, los inversores prosperaban, pero sin hacer nada para garantizar que sus inversiones no provocaran perjuicios en los derechos humanos a causa del enfoque basado en los beneficios que adoptan las empresas farmacéuticas”, ha añadido Rajat Khosla. “Hacemos un llamamiento a los inversores para que se responsabilicen de sus actos inmediatamente y utilicen su considerable influencia para presionarlas a fin de que eliminen los obstáculos al acceso equitativo a las vacunas y promuevan la responsabilidad y la transparencia.”
Notas para periodistas:
Coincidiendo con el informe del año pasado, Doble dosis de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19, Amnistía Internacional lanzó la “Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas ya!” en la que instaba a los desarrolladores de vacunas a entregar al menos el 50% de las vacunas producidas antes de fin de año a los países de ingresos bajos y medianos bajos. La campaña también exigía a los Estados que acaparaban vacunas a que redistribuyeran las dosis sobrantes entre los países que más las necesitaban.