26 de abril de 2022

Los inversores en empresas que fabrican vacunas contra la COVID-19 deben utilizar su influencia para garantizar que los suministros de estas vacunas vitales y necesitadas con urgencia llegan a los países de ingresos bajos y medianos bajos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con vistas a las juntas generales anuales de Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer (28 de abril) y AstraZeneca (29 de abril).

Cuando está a punto de perderse por un margen significativo el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar una tasa de vacunación del 70% en todos los países del mundo antes de julio de 2022, las empresas farmacéuticas continúan obstaculizando un acceso justo a las vacunas contra la COVID-19 con su monopolio de la tecnología, sus bloqueos y presiones para impedir el uso compartido de la propiedad intelectual, el cobro de elevados precios por las vacunas y su distribución prioritaria a países ricos.

Amnistía Internacional pide a todos los inversores institucionales —entre ellos Baillie Gifford, Bank of America, Bank of NY Mellon, BlackRock, Capital Group, Morgan Stanley, State Street, UBS, Vanguard Group y Wellington Management— que utilicen sus juntas generales anuales para exigir a AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer que asuman sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Asimismo deben votar a favor de resoluciones de accionistas dirigidas a facilitar la distribución universal de las vacunas contra la COVID-19 y preguntar al consejo de administración de cada empresa qué medidas están adoptando para alcanzar el objetivo de vacunación de la OMS.

“Las empresas farmacéuticas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, y sin embargo siguen teniendo un papel decisivo en una distribución escandalosamente desigual de las vacunas en todo el mundo. Mientras ellas y sus inversores han obtenido excelentes beneficios de las vacunas contra la COVID-19, los países de ingresos bajos han recibido una parte mínima del suministro global y han sufrido un número desproporcionado de muertes por la enfermedad”, ha afirmado Mark Dummett, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“Los inversores institucionales se han beneficiado enormemente de esta política especulativa y corta de miras, pero tienen el deber de garantizar que su dinero no contribuye a causar abusos contra los derechos humanos. Estas juntas generales anuales representan una oportunidad de oro para que cambien de rumbo y hagan valer su considerable influencia sobre estas empresas. Deben plantear sus dudas al consejo de administración de cada empresa y apoyar aquellas resoluciones del accionariado que puedan impulsar un cambio de política largamente esperado que anteponga las personas a los beneficios.”

Amnistía Internacional pide a todos los inversores institucionales en Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer que voten a favor de la resolución presentada por Oxfam América, en la que se insta a encargar informes de los accionistas sobre la transferencia de tecnología para fabricar vacunas contra la COVID-19 a fin de que fabricantes de países de ingresos bajos y medianos bajos puedan producirlas. Sería un paso importante para convencer a la junta de administración de cada una de estas empresas de que necesita cambiar de rumbo y hacer más para garantizar la distribución de vacunas a países de ingresos bajos y medianos bajos, donde las tasas de vacunación siguen siendo muy bajas.

Según Our World in Data, a fecha de 25 de abril de 2022, el 65,1% de la población mundial había recibido al menos una dosis vacunal contra la COVID-19, mientras que sólo el 15,2% de la población de los países de ingresos bajos había recibido al menos una dosis.

Amnistía Internacional pide también a los inversores institucionales que ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos sobre sus inversiones, lo que incluye vigilar de manera continua los efectos de las políticas de distribución de vacunas contra la COVID-19 de las empresas. Asimismo, deben adoptar medidas inmediatas para prevenir efectos adversos, mitigar riesgos, reparar todos los daños identificados y dar a conocer públicamente los resultados.

Información complementaria

En febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó el informe El dinero manda: La respuesta de las farmacéuticas a la crisis de las vacunas contra la COVID-19, donde se evaluaban mediante un sistema de puntuación las principales empresas fabricantes de vacunas: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna Inc. y Pfizer Inc. Pfizer y Moderna fueron las que peor puntuaron.

En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos ingresos de hasta 54.000 millones de dólares, y sin embargo suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de ingresos bajos. Los registros sobre distribución de Johnson & Johnson fueron mejores: el 50% de sus existencias llegaron a países de ingresos bajos y medianos bajos, aunque muchas de estas dosis se suministraron como “donaciones” de países de ingresos altos y no como parte de contratos de venta. La empresa sigue rehusando compartir su tecnología y propiedad intelectual a través de iniciativas coordinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está abandonando su sistema de precios sin ánimo de lucro.

Con vistas a las juntas generales anuales de abril de 2022, Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito a más de 30 inversores institucionales de fabricantes de vacunas contra la COVID-19 y les ha pedido que utilicen su gran influencia para presionar a las farmacéuticas a fin de que eliminen los obstáculos para alcanzar el objetivo de la OMS de una tasa de vacunación del 70%. La inversión total en los proveedores de vacunas que pertenecen o están gestionados por estas 10 instituciones financieras se eleva a más de 250.000 millones de dólares estadounidenses.

Fuente:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/04/covid-19-investors-in-big-pharma-must-ensure-fair-vaccine-access-for-all-countries/
(25/04/22)