El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC)^[1], en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-España) y el Grupo Especial “Seguridad Alimentaria y Nutricional: innovación en políticas públicas” (Grupo SAN) de FAO-CLACSO^[2], redes académicas conformadas en su conjunto por más de 100 universidades de la región y de España, nos unimos a los esfuerzos para garantizar la alimentación adecuada en el contexto de COVID 19, que están realizando desde los gobiernos de la región, el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y organismos de Naciones Unidas, entre otros actores políticos y sociales.

Desde la academia hacemos un llamado urgente a la acción de los gobiernos y autoridades competentes para que se adopten medidas oportunas y efectivas, guiadas por un enfoque de derechos humanos y justicia social. Igualmente, exhortamos a redoblar esfuerzos para garantizar el acceso de toda la población a una alimentación adecuada, a través del fortalecimiento de ingresos, la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos especialmente a la población más vulnerable, la implementación de programas de ayuda social y la puesta en marcha de estrategias tendientes a evitar la especulación del precio de los alimentos.

Para lograr lo señalado, debe aprovecharse la fortaleza de las bases productivas del sistema alimentario desde la protección y el apoyo al tejido productivo local, favoreciendo y primando los canales cortos de producción y consumo, la pequeña agricultura, la pesca artesanal y la protección de la agrobiodiversidad.

Ante ese contexto, las redes académicas mencionadas, acordamos dirigir las siguientes recomendaciones a los gobiernos y los parlamentos en atención a prevenir la inseguridad alimentaria asociada a la crisis sanitaria:

1. Situar la garantía del derecho a una alimentación adecuada en lo más alto de las agendas políticas nacionales:

En este nuevo escenario, el derecho a la alimentación adecuada, inocua y saludable, y la necesidad de su presencia en todas las Constituciones de los países, así como la aprobación de leyes y presupuestos que garanticen su ejercicio efectivo, resurge con más fuerza.

Se exhorta a los países de la región a poner en marcha estrategias para atender el derecho a la alimentación adecuada, basadas en un enfoque integrado e interseccional de derechos y orientadas a abordar las múltiples discriminaciones que experimentan las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, tanto urbana como rural. Esto requiere adelantar acciones para prevenir que la población caiga en niveles más graves de inseguridad alimentaria de aquellos a los que ya estaban expuestos, así como evitar que nuevos grupos poblacionales experimenten inseguridad alimentaria, buscando proponer y apoyar iniciativas locales, comunitarias y familiares que incrementen la resiliencia de estos grupos ante las emergencias de todo tipo.

Es indispensable prestar especial atención a los grupos de población cuyos indicadores de salud, derivados de problemáticas alimentarias, pueden agravar exponencialmente su situación en el contexto de la pandemia: infantes de 6 a 59 meses con anemia nutricional; niñez que sufre desnutrición crónica y aguda; mujeres gestantes con bajo peso o anemia nutricional; población adulta mayor, personas con diabetes, hipertensión u obesidad.

Asimismo, se debe asegurar el acceso al consumo mínimo de agua por persona; mantener e incrementar la cobertura de los programas públicos de nutrición suplementaria; invertir en programas y medidas para prevenir el desabastecimiento alimentario; ampliar los programas de crédito o subsidios especiales para productores campesinos, mujeres campesinas, grupos étnicos y otras poblaciones que afronten condiciones de exclusión.

Adicionalmente, entre los grupos de población vulnerable, están las mujeres, la población indígena y los migrantes, en particular los que han perdido sus fuentes de ingreso en esta situación de emergencia. Los gobiernos deben implementar medidas de coordinación y cooperación para evitar o reducir los riesgos de discriminación de estos grupos individuales y familiares, aplicando medidas de carácter compensatorio.

Todo lo anterior requiere desarrollarse en un contexto que considere amplias facilidades de acceso a la información y rendición de cuentas, así como la mejora de los mecanismos de participación, exigibilidad y acceso a los derechos de toda la población.

2. Garantizar el funcionamiento regular de la alimentación escolar:

De acuerdo con los datos de la FAO, los programas de alimentación escolar benefician actualmente a unos 85 millones de niños y niñas en la región y, para aproximadamente 10 millones, representan una de las principales fuentes de alimentación segura que reciben diariamente. Por ello, es esencial identificar mecanismos alternos para asegurar su continuidad a pesar del cierre temporal de las escuelas, la cual ha sido una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos de muchos países de América Latina y el Caribe para hacer frente a la pandemia.

Además de mantener los programas de alimentación escolar en funcionamiento, deben fortalecerse con un enfoque familiar, dado que el alimento suministrado será para el uso en el contexto del hogar, lo que implica nuevos retos, por ejemplo, un mejoramiento en las cantidades de alimentos entregadas.

3. Atender a la posible exacerbación de las cifras de sobrepeso y obesidad que puede generar el confinamiento:

Es indispensable establecer medidas para atender una posible exacerbación de las desigualdades y aumento de la inseguridad alimentaria, en términos no solo de la cantidad de alimentos disponibles, sino de su calidad nutricional (evitando los más calóricos, con más azúcares, sodio y grasas saturadas), lo que puede ahondar la doble carga de la malnutrición: obesidad y desnutrición.

4. Asegurar el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento de alimentos saludables:

Los gobiernos deben permitir y facilitar las actividades esenciales para el funcionamiento de los sistemas alimentarios, considerando la producción, el transporte, la comercialización, ventas al mayor y al detalle, el consumo y, de ser necesario y en la medida de lo posible, implementar canales sanitarios que permitan el flujo continuo de alimentos o al menos la reducción de las interrupciones.

Es necesario coordinar la colaboración entre países para mitigar las consecuencias de cadenas alimentarias deficientes que afectan a corto plazo a las poblaciones más vulnerables, pero a más largo plazo a toda la población, manteniendo el intercambio comercial que permita lograr la disponibilidad de los alimentos que constituyen la Canasta Básica de Alimentos de cada país.

También, debe velarse por garantizar el acceso físico y económico a frutas, verduras, legumbres y pescados, especialmente en poblaciones vulnerables mediante la entrega gratuita de canastas de alimentos básicos a los grupos más expuestos; subsidio a alimentos de las guías alimentarias poblacionales; así como reorganización de ferias libres o mercados tradicionales en formatos más pequeños, seguros y de fácil acceso (múltiples puntos feria).

Se destaca la relevancia del rol del Estado ante esta coyuntura, cuya acción es fundamental para evitar abusos y distorsiones en el mercado alimentario. También, será importante la utilización de nuevos canales de distribución domiciliaria, por ejemplo, a través de medios tecnológicos, procurando siempre velar por la equidad en su funcionamiento.

5. Proteger especialmente a los pequeños agricultores familiares y fortalecer procesos de agricultura urbana:

De acuerdo con las cifras de la FAO, la agricultura familiar produce entre el 57% y el 67% de los alimentos de la región, además de generar más de 60 millones de empleos. Ante los evidentes impactos de la pandemia sobre los pequeños agricultores familiares, es urgente que los Estados implementen mecanismos legales y ágiles de protección sanitaria, alimentaria y comercial, focalizados a la realidad y cultura de esta importante categoría social.

Asimismo, es necesario implementar acciones que permitan y garanticen la participación de pequeños productores locales en las compras públicas, con el fin de movilizar la economía local, favorecer los circuitos cortos de comercialización y proveer de alimentos frescos a las diferentes iniciativas de ayuda alimentaria.

Por otro lado, las estrategias que se generen en pos del fomento de circuitos cortos de producción-consumo también deben fomentar el uso de semillas nativas y de calidad. El uso de estas contribuye al cuidado y preservación de la biodiversidad, lo que a su vez propicia variedad alimentaria y calidad nutricional de los alimentos. Esto implica una revisión y ajuste de las normativas sobre la comercialización y uso de semillas, y la visibilización de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que las han protegido.

Por último, se aprecia la necesidad de fortalecer los procesos de agricultura urbana como iniciativas que favorecen el abastecimiento a las ciudades y además son escenario de construcción de tejido social. Se hace necesario apoyar la conformación de Redes de Agricultores Urbanos que facilite los procesos de participación en espacios de toma de decisiones.

6. Implementar acciones para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos:

La FAO estima que un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial no llegan a la boca del consumidor. Más allá de lo que esto supone frente a la importancia de los alimentos para la vida humana, el consumo de los recursos no renovables necesarios para su cultivo triplica el valor económico del producto, que jamás cumple su función de alimentar. Por ejemplo, los 9.8 millones de toneladas que se pierden y desperdician en el año en Colombia, eliminaría el hambre extrema del 15% que hoy sufre el país.

Si bien se han gestado políticas con estrategias para reducir este fenómeno, ante la coyuntura del COVID 19 se requiere redoblar esfuerzos y crear una fuerte relación empresa- Estado-academia enfocada a aportar en el logro de estos objetivos.

7. Incorporación efectiva del enfoque de género en políticas y programas para hacer frente al COVID 19:

Es necesario destacar la doble carga de trabajo y estrés que esta situación genera entre las mujeres, quienes deben cumplir con el teletrabajo y hacerse cargo de tareas domésticas y alimentación familiar, así como del cuidado de niños/as y adultos mayores. En ese sentido, es fundamental que los gobiernos incorporen de manera efectiva el enfoque de género en las acciones que promuevan para hacer frente a la pandemia en el ámbito alimentario.

8. Fortalecer el trabajo en alianzas:

Es momento de tomar decisiones urgentes para mitigar el impacto negativo de la pandemia en la cadena de producción y distribución de alimentos. No obstante, también se plantean importantes retos a futuro, para lo cual es necesario generar estrategias a mediano y largo plazo que permitan convertir la crisis en una oportunidad para acelerar la transformación de los sistemas alimentarios en sostenibles y saludables.

En este contexto, la academia asume la responsabilidad de compartir su conocimiento especializado, y hace un llamado para realizar un esfuerzo conjunto para una real y efectiva coordinación con las instituciones del Estado, los Parlamentos, el sector privado y la sociedad civil, en especial organizaciones comunitarias y campesinas, así como con los organismos especializados de Cooperación Internacional en la materia, tal como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para mantener vigentes las acciones para enfrentar los desafíos de la Agenda 2030, y en especial, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero” y 17 “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”.

Fuente:
http://www.oda-alc.org/wp-content/uploads/pdf/Declaracio%CC%81n-Regional-ODA-ALC-ante-COVID-19.pdf
(07/05/2020)

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