El derecho a la salud es componente central del seguimiento a la pandemia de COVID19. Esta ponencia pretende transmitir tres mensajes centrales:

• La tremenda magnitud de la emergencia en las Américas, por los desafíos exacerbados en la región ante la pandemia;
• La relevancia toral de asumir una visión integral de derechos para enfrentar la crisis, con atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad agravada; y
• La necesidad de enfatizar el cumplimiento de los principios transversales de derechos humanos, como aspectos centrales para el cumplimiento del derecho a la salud desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia.

1. Desafíos exacerbados en la región de las Américas ante la pandemia

La pandemia del COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo y con altos niveles de carencia en el disfrute de los derechos sociales, en un entorno de estancamiento económico y alta vulnerabilidad, con tendencias crecientes de pobreza, pobreza extrema e incluso hambre. De hecho, CEPAL ha vaticinado otra década perdida.

Los escenarios sobre las terribles repercusiones que están estimando diversas agencias internacionales, alertan sobre la necesidad de definir vías de salida que consideren el rediseño de políticas sociales, pero también de políticas económicas, que hagan posible nuevos horizontes para la vida y la convivencia humanas; éstas deben tener una perspectiva universal de derechos, precisamente indivisibles e interdependientes, como lo señala el tema que hoy nos convoca.

CEPAL, por ejemplo, ha estimado para la región de América Latina y el Caribe (ALC): (i) una caída de 5.3% del PIB, (ii) un aumento del desempleo en 3.4 puntos porcentuales, y (iii) un incremento de la pobreza para casi 29 millones de personas adicionales, que aumentaría el total a 215 millones de personas en la región^[1]. Aquí, es necesario advertir que estos impactos se potencian en los grupos con mayor carga de desigualdad estructural, por lo que se vuelve indispensable un enfoque interseccional en el análisis y la definición de soluciones.

• Visión integral de derechos es central para enfrentar la crisis, con atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad agravada

El abordaje requerido para rediseñar las políticas públicas que permitan retornar a una “nueva normalidad” y después avanzar hacia un entorno inclusivo y más justo que aminore las múltiples consecuencias negativas de la pandemia, precisa de políticas integrales de derechos con alcances universales, pero que partan de la condición de priorizar, en primera instancia, a los grupos en situación de vulnerabilidad agravada. Quiero destacar algunos de los focos rojos entre estos grupos, subrayando las dificultades de partida que muestran los indicadores disponibles, no sólo relativos al derecho a la salud sino, en general, respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:

1. Personas trabajadoras informales, partimos de niveles de informalidad en América Latina y el Caribe que rondan el 60%, si bien la pandemia afecta especialmente a mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes quienes, al no contar con acceso a la seguridad social, no disponen de seguros de desempleo y también sus posibilidades para la atención a su salud quedan considerablemente restringidas.
2. Mujeres, adolescentes y niñas que, en un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y mayor necesidad de cuidados requeridos por personas enfermas, sufren un incremento en la carga de trabajo doméstico y violencia intrafamiliar. En diez países de la región con datos para los últimos años (2014-2017)^[2], las mujeres de 15 años y más dedicaron cerca de 20% de su tiempo diario al trabajo doméstico y de cuidados, en comparación con sólo 7% del de los hombres. Asimismo, el 12% de las mujeres y niñas mayores a 15 años de la región sufrieron violencia de pareja en el año 2017^[3].
3. Niñas, niños y adolescentes constituyen casi la cuarta parte de la población de la región, en ellos se puede prever un menoscabo a su derecho a la alimentación adecuada, por un incremento de la desnutrición y la malnutrición por exceso de peso, a raíz del confinamiento y el estrés familiar.
4. La población joven enfrentará un escenario más adverso respecto de sus oportunidades de continuidad educativa e inserción laboral. En 2016, 21.4% de jóvenes de la región no estudiaban ni estaban empleados^[4].
5. Los pueblos indígenas^[5] y los afrodescendientes^[6], que sufren una sobrerepresentación como grupos en condición de carencia por acceso a los sistemas de salud, la vivienda y sus servicios básicos, pueden experimentar mayores impactos por contagio.
6. Las personas con discapacidad^[7], como consecuencia de las medidas de aislamiento, podrían ver disminuidas sus posibilidades para acceder a la educación y a trabajos dignos.
7. Concluyo esta sección señalando que toda la población de las Américas ha visto menoscabados sus derechos culturales, de manera directa por las dificultades para su disfrute derivadas del confinamiento, aunque probablemente también y de manera determinante, por las consecuencias que pudieran derivarse para el desarrollo cotidiano de la cultura como resultado de la medidas que tomen los Estados para la vuelta a una “nueva normalidad”.

• Aspectos centrales de atención para el cumplimiento del derecho a la salud desde la perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, considerando políticas que enfaticen el cumplimiento de los principios transversales de derechos humanos

Empiezo destacando algunos indicadores del derecho a la salud y de sus determinantes, que dramatizan el entorno ya de por sí preocupante:

• Los servicios de salud en América Latina se caracterizan por su alta fragmentación y mercantilización: de acuerdo con el último informe sobre el avance de los objetivos de desarrollo sostenible, el índice de cobertura de servicios tiene un déficit de 30%^[8]; la región presenta la proporción de población más alta del mundo que tiene que dedicar más de 10% de sus ingresos a gastos catastróficos^[9]; además, respecto de la disponibilidad deseable de médicos, sólo 5 países (de 20 con datos) superan el umbral de 23 médicos por 10 mil habitantes^[10], establecido por la OMS desde 2015.
• Invisibilidad de la salud mental en la conceptualización de los servicios de atención primaria a la salud. Según el informe 2018 de la OPS^[11], los problemas de salud mental producen más de un tercio de la discapacidad total en las Américas; sin embargo, solo 2% del presupuesto de salud de los países se destina a su prevención y tratamiento.
• Por su parte, FAO estima que la cantidad de personas con hambre en el mundo podría tener un incremento de más de 80 millones en 2020^[12]. El incremento de personas que sufrirían hambre, en 7 países importadores netos de alimentos^[13] en la región, asciende a 1.7 millones de personas. Además, más de un tercio de la población de América Latina se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (2017)^[14] y la desnutrición crónica infantil muestra un promedio de 16% (2015)^[15].
• Otros elementos condicionantes de la salud, la alimentación adecuada y el medio ambiente, corresponden al acceso a agua potable y la disponibilidad de servicios de saneamiento adecuado. En estos ámbitos son inaceptables las enormes brechas entre las áreas urbanas y rurales que alcanzan más de 13 puntos en agua y casi 24 puntos en saneamiento, en promedio para ALC en 2015^[16]. En particular, la tasa de mortalidad atribuida a la insalubridad del agua, el saneamiento inseguro y la falta de higiene, es de 16.8 muertes por 100 mil habitantes^[17].

Los organismos internacionales han advertido que todos estos impactos negativos previstos, comprometen gravemente el logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por ello, en este contexto de dificultades agravadas para el cumplimiento no únicamente del derecho a la salud, sino de todos los derechos económicos y sociales en la región interamericana, quiero finalizar enfatizando la necesidad de utilizar y promover enfoques integrales para la garantía de los DESCA, en todas las políticas que se diseñen para afrontar las consecuencias de la pandemia, en particular supervisando el cumplimiento de los principios transversales de derechos humanos que buscan asegurar que los derechos se cumplan en un entorno de igualdad sustantiva y no discriminación, participación efectiva de la población, rendición de cuentas y acceso a la información, así como garantizando la condición indispensable de contar con mecanismos accesibles para la exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos para todas las personas.

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