Laura Elisa Pérez Gómez
Resumen
La desnutrición crónica infantil muestra niveles alarmantes en la región, en un entorno en el que la garantía del derecho a la salud y a la alimentación adecuada no se ha logrado consolidar. El artículo abre la reflexión sobre la importancia de generar políticas públicas integrales, basadas en un enfoque de derechos humanos, que permitan combatir sistemáticamente la pobreza, la exclusión y la desigualdad, bajo estrategias que consideren desde las bases estructurales en las que deben asentarse los derechos económicos y sociales, los procesos de fortalecimiento de la institucionalidad en los Estados, así como la eficiencia y eficacia de las acciones específicas para generar una verdadera progresividad en el cumplimiento de los DESCA[2] en la región de las Américas.
El artículo consta de tres partes: la primera resume el contexto del tema de reflexión y los alcances del monitoreo del Protocolo de San Salvador; la segunda incluye los hallazgos derivados del análisis de los informes de nueve países, evaluados a la fecha por el GTPSS[3], referidos a la desnutrición infantil bajo la mirada del cumplimiento de los derechos sociales; y, en la tercera parte, se sintetizan los aportes del mecanismo de monitoreo para políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos y para la Agenda 2030.
Contexto de la Reunión sobre Desnutrición Infantil del CIDI/OEA y el monitoreo del Protocolo de San Salvador
Todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos han asumido ante la comunidad internacional un compromiso de erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria de las personas que viven en la región mediante la ratificación y/o adopción del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y/o la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, treinta y cuatro Estados Miembros de la OEA han reconocido la necesidad de velar por la salud y buena nutrición de los niños y niñas y de combatir la malnutrición[4].
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos, celebró el 26 de noviembre de 2019 una reunión que tuvo como objetivo central identificar retos y ventanas de oportunidad, así como iniciativas, programas y políticas que han sido efectivas en la región para disminuir la desnutrición infantil, adicionalmente, identificar líneas de cooperación regional prioritarias para la implementación de proyectos de cooperación horizontal que permiten a los países de la región transferir información, experiencias, conocimientos y prácticas que han probado ser efectivas para cumplir con el segundo objetivo de desarrollo sostenible.
En este contexto, la labor que realiza el Grupo de Trabajo para el monitoreo del Protocolo de San Salvador[5] a través del acopio de evidencia empírica que proporcionan los países, permite enmarcar la problemática vigente a partir de la identificación de los retos a los que se enfrentan los Estados parte del Protocolo, además de poder identificar estrategias y procesos que se han puesto en marcha para abordar la desnutrición infantil, bajo la mirada integral que proporcionan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región.
Algunos hallazgos derivados del monitoreo del Protocolo en nueve países evaluados
A la fecha el GT ha concluido la evaluación de veinte informes entregados en las dos primeras rondas de monitoreo; la información que se analiza aquí se deriva, en particular, de los datos presentados por nueve países en sus informes sobre el segundo agrupamiento de derechos: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay[6].
De manera genérica, el GT ha identificado que respecto al derecho a la salud, aunque se registran incrementos en la cobertura de los sistemas públicos para la población en situación de mayor vulnerabilidad, se observan problemáticas de consideración, precisamente sobre la persistencia de desnutrición infantil, principalmente en grupos indígenas y rurales, entre otros aspectos. Además, entre los indicadores del derecho a la alimentación adecuada, se destaca también la prevalencia de desnutrición, malnutrición y obesidad, aunada a la persistencia de pobreza, indigencia e incluso hambre, enfatizada en mujeres e infancia perteneciente a zonas rurales y grupos étnicos.
Las siguientes gráficas muestran datos derivados de la información presentada por los países, así como datos complementarios de fuentes internacionales autorizadas.
Gráfica 1. Prevalencia (proporción porcentual) de desnutrición crónica (altura para la edad), en la población de niños y niñas menores de 5 años
Fuente: Base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Esta primera gráfica destaca que el indicador sobre desnutrición crónica infantil muestra niveles que pueden calificarse como alarmantes en la región, ya que las niñas y niños que crecen con esta carencia se enfrentan a un horizonte de vida que reduce drásticamente sus posibilidades reales para desarrollarse apropiadamente y salir de la pobreza. Como puede observarse, para la mayoría de los países evaluados, la tasa se ubica por encima del 10% de esta población infantil.
Al considerar también sobrepeso y obesidad, el panorama regional muestra además problemáticas relacionadas con la falta de políticas para mejorar hábitos alimenticios, controlar la publicidad y el consumo de alimentos ultraprocesados, entre otros elementos:
Gráfica 2. Prevalencia de malnutrición en la población menor de 5 años
[Emaciación (adelgazamiento mórbido) = desnutrición aguda,
cuando el peso esperado para la talla se ubica por debajo
de -2 desviaciones estándar de la referencia OMS/NCHS]
Fuente: Base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Grupo de Trabajo considera necesario enfatizar una mirada de integralidad e indivisibilidad de todos los derechos, por lo que bajo esta óptica resulta indispensable revisar indicadores adicionales. En particular, el monitoreo ha permitido constatar que los datos entregados al Grupo de Trabajo sobre la inseguridad alimentaria medida a través de encuestas sobre las experiencias directas de la población, proporciona una valoración que ubica la problemática del hambre muy por encima de los datos disponibles en el repositorio de la Agenda 2030; así, la inseguridad alimentariamoderada y severa- aqueja a más del 20% de la población en varios de nuestros países (Grafica 3).
Gráfica 3. Porcentaje de personas que padecen inseguridad alimentaria y nutricional
Fuente: Base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e informes de los países al GTPSS.
Los indicadores previos están fuertemente condicionados por la pobreza y la enorme desigualdad prevalecientes en la región que se explican en parte por la fuerte tendencia decreciente de la inversión en el sector primario en todos los países evaluados, lo que particularmente aumenta la segregación de sectores rurales e indígenas (Grafica 4).
Gráfica 4. Condicionantes del contexto económico y la desigualdad estructural
Fuentes: Base de datos del Banco Mundial y base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En la siguiente gráfica se muestra cómo el monitoreo del Protocolo a través de sus indicadores, permite valorar también el cumplimiento de principios transversales del enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas. En el caso del derecho a la alimentación adecuada, se puede observar por ejemplo: la escasez de políticas destinadas a población rural adolescente y joven con perspectiva de género; la carencia de suficientes programas de divulgación y promoción del derecho que atiendan la diversidad cultural; además de una mínima cobertura de servicios de traducción en lenguas indígenas en los sistemas judiciales de los países evaluados.
Gráfica 5. Cumplimiento de principios transversales del EBDH en las políticas públicas para el derecho a la alimentación
Fuente: Informes de los países al GTPSS. Nota: Los datos corresponden a número de países.
Aportes del mecanismo de monitoreo al PSS para políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos y a la Agenda 2030
Esta sección sintetiza las ventajas que brinda la adopción del instrumento de evaluación de derechos económicos y sociales del Protocolo de San Salvador. El GTPSS tiene la certeza de que las políticas basadas en el enfoque de derechos humanos pueden constituir una oportunidad estratégica para consolidar procesos de desarrollo con equidad y avanzar hacia sociedades más justas en la región de las Américas. La recomendación consiste en poner en el corazón de todo el ciclo de políticas públicas los principios y normas de este enfoque[7].
La construcción de los más de 700 indicadores establecidos para el monitoreo de los DESCA protegidos por el Protocolo, configuran un poderoso instrumento de evaluación de políticas en clave de derechos que se encuentran íntimamente vinculadas a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Esta vinculación se deriva del hecho de que el instrumento de indicadores del Protocolo proporciona evidencias para valorar si las estrategias nacionales para ODS están alineadas con estándares de derechos humanos, en tres niveles: primero sobre la existencia de condiciones normativas y mecanismos institucionales establecidos por cada país para cumplir sus obligaciones en la materia; después mediante la evaluación de alcances, coberturas y contenidos de las estrategias, planes, programas, políticas y otras intervenciones específicas que los Estados llevan a cabo; y, finalmente, respecto de los impactos sobre el estado de realización efectiva de los derechos humanos[8].
A partir de la tercera ronda de informes que dio inicio en el tercer trimestre de 2019, se contará con elementos para empezar a medir progresividad en la garantía de los derechos, lo que permitirá, tanto al GTPSS como a los Estados, la identificación de recomendaciones y estrategias más precisas y especializadas para consolidar políticas públicas basadas en evidencia.
En conclusión, para lograr la erradicación de la desnutrición infantil, desde la mirada experta del Grupo de Trabajo es indispensable avanzar en las siguientes tareas: (i) Apropiación, liderazgo y compromiso de los Estados en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos; (ii) Inversión en todos los DESCA como derechos integrales e indivisibles considerando desde la construcción de institucionalidad, la disponibilidad de recursos humanos, programas y prestaciones sostenibles; (iii) Definición de políticas específicas para grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad que permitan avanzar en resultados tangibles de corto plazo; así como, (iv) Sinergias de los organismos al interior del Sistema Interamericano y del Sistema de protección Universal de Derechos Humanos, así como con otros agentes de cooperación. Ω
[1] Ponencia presentada en video por Laura Elisa Pérez Gómez, investigadora del PUDH-UNAM y experta independiente del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, en la reunión ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA, celebrada el 26 de noviembre de 2019 en Washington, D.C.
[2] Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
[3] Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador.
[4] Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, Nota Conceptual para la Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), 26 de noviembre de 2019.
[5] Ver: http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/
[6] Este artículo presenta hallazgos sintéticos, se pueden consultar otros elementos en la investigación realizada por el PUDH-UNAM y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires: Situación Regional del Derecho a la Alimentación Adecuada en América Latina, con base en los informes presentados por los Estados ante el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/index_publicaciones.html
[7] Ver: Pérez Gómez, Desafíos para la planeación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y el uso de indicadores para su sistematización. En: Revista Perseo del PUDH-UNAM, número 57. Noviembre, 2017.
[8] Para una argumentación detallada sobre esta vinculación véase: Pérez Gómez, Aportes de los Indicadores de Progreso del Protocolo de San Salvador para el Seguimiento al Plan de Acción de la Carta Social de las Américas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En OEA, 2016. Serie de Publicaciones sobre Desarrollo e Inclusión Social, “Equidad e Inclusión Social: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas”. Capítulo 2.