México es un país de grandes retos. Cada día enfrentamos situaciones que nos obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos y fortalecer la paz, la seguridad, la democracia, la pluralidad y el Estado de derecho. En ese escenario, la articulación entre instancias públicas resulta crucial para responder de manera más efectiva a las legítimas demandas de la sociedad. Se requiere una decidida voluntad y compromiso político para sumar esfuerzos y trabajar desde una óptica renovada en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos son la máxima prioridad.

La Universidad Nacional como institución de educación superior en la que convergen la pluralidad de ideas, pensamientos y formas de ser, contribuye día con día con su labor de enseñanza, investigación y difusión al respeto de la dignidad humana como condición sine qua non para lograr el ejercicio pleno de las libertades y derechos.

La dignidad humana es intrínseca a los derechos humanos, su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y la satisfacción progresiva de sus necesidades, en cada una de las etapas de vida. Es la dignidad humana la que obliga a mirar a cada persona en lo individual o en grupo, a partir de sus propias características, necesidades y situación personal; de ahí la importancia de considerar también el enfoque de derechos, el cual implica determinar quiénes son los titulares de los derechos, en qué consisten esos derechos, quiénes son los sujetos obligados a protegerlos y cuáles son sus obligaciones específicas al respecto.

El respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos basado en estándares de protección contenidos en los instrumentos internacionales y la educación en derechos humanos, deben ser las bases para la elaboración, implementación y seguimiento de leyes, planes, programas y políticas públicas que posibiliten la convivencia social.

Es necesario reiterar e indispensable ubicar a las personas en el centro de los derechos humanos y a estos últimos como el eje y parámetro de toda política pública. Es preciso que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad y compromiso con la sociedad.

El paradigma de los derechos humanos, base de nuestro sistema jurídico a partir de la reforma constitucional de 2011, no se satisface con el reconocimiento constitucional y legal de las prerrogativas inherentes a la persona, sino que exige la realización de acciones concretas por parte de los poderes públicos, que posibiliten el desarrollo integral de cada una de ellas, de manera que todas cuenten con idénticas oportunidades de conducirse conforme a sus convicciones, valores y aspiraciones, y realizar sus proyectos de vida.

En nuestro país, es urgente la atención a los problemas  de impunidad, corrupción, violencia, inseguridad e injusticia ante un estado débil de derecho bajo un enfoque integral, preventivo, más que reactivo, que se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, tales como la pobreza y desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades, o la carencia de opciones educativas de calidad.

La sociedad ha expresado de manera reiterada un exhorto a los diversos participantes del cambio social a transitar de las promesas y compromisos a las acciones y del ámbito normativo a la materialización del ejercicio de los derechos. Es necesario que las normas se cumplan y se apliquen, que las instituciones y autoridades hagan vigentes y preserven los derechos, que se incorporen las disposiciones y principios de los instrumentos internacionales en el actuar de los operadores administrativos.

La perspectiva de derechos humanos debe impactar también en la asignación y ejercicio presupuestario destinado a la provisión de servicios públicos que constituyen prestaciones estatales dirigidas a la satisfacción de los derechos; las autoridades deben demostrar que su presupuesto fue ejercido con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para procurar una justicia distributiva consistente en que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios para su desarrollo.

La inversión transparente y una adecuada rendición de cuentas, favorece una buena gobernabilidad y la participación de la población para incidir en el cuánto, cómo, en qué, y para qué se gastan los recursos públicos. En la medida en que los mecanismos de recaudación y distribución sean óptimos, equitativos, eficientes y efectivos, y se privilegie a los sectores donde hay mayores carencias, a los grupos indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre otros, tendremos una mejor calidad de vida.

Los derechos fundamentales, el desarrollo y la democracia son elementos prioritarios para construir mejores sociedades; para garantizar el acceso a una vida digna, para acortar las brechas de desigualdad y para establecer las obligaciones de los gobiernos en el cumplimiento de esos derechos.

El sector privado, el social y la academia se suman a las acciones del Estado para posibilitar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Las instituciones de educación superior, especialmente, son cercanas a la sociedad y sensibles a sus problemas. En las universidades se continua con las modificaciones que requieran los planes y programas de estudio; el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la oferta académica en las licenciaturas, los cursos de actualización y posgrados, para enfatizar las reformas constituciones que se han llevado a cabo en la última década.

En materia de derechos humanos, uno de los grandes retos se encuentra en el diseño de estrategias para generar metodologías idóneas que permitan la protección, defensa, promoción, educación y vigilancia de tales derechos, así como la prevención, investigación, sanción y reparación de eventuales violaciones a los mismos.

La capacitación y actualización de los operadores tendrá que ver con los métodos para la solución de conflictos entre derechos; con el dominio de las técnicas de interpretación, que además de tomar en cuenta los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, deberá reconocer el contexto social, económico y cultural de las personas, de forma que consideren la vulnerabilidad y desventajas de grupos que recurrentemente han sufrido violaciones a sus derechos.

Los programas y planes que impulsan los derechos humanos dentro de las universidades son clave para que las nuevas generaciones cuenten con las bases para incorporarlos en su quehacer cotidiano, personal y profesional.

La Universidad Nacional Autónoma de México cumple su  deber como institución de educación superior, de formar a sus educandos con un profundo sentido humanístico y de responsabilidad social,  el desarrollo de trabajos de investigación, cursos, diplomados, transversalidad con perspectiva de derechos, propuestas de políticas públicas, incidencia en procesos legislativos, entre otros de sus  objetivos.

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