1 de octubre de 2020
- La respuesta que han dado los gobiernos a la pandemia de COVID-19 no cambia las circunstancias subyacentes que dejaron vulnerables a millones de personas y tampoco mejoran su situación para enfrentar crisis futuras, advierten la Alta Comisionada para las garantías fundamentales, el director de la agencia para el trabajo y el relator sobre pobreza extrema.
Las medidas que han tomado los gobiernos para responder a la emergencia del coronavirus y a la crisis que ésta ha generado son encomiables; sin embargo, tienen dos grandes limitaciones, afirmaron este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el director general de la Organización Internacional del Trabajo y el relator especial sobre pobreza extrema.
En un artículo de opinión, Michelle Bachelet, Guy Ryder y Olivier De Schutter explicaron que esas limitaciones son, en primer lugar, el carácter temporal y de corto plazo de las provisiones; y, en segundo, que no abordan las amenazas existenciales que afrontan muchas de las comunidades más afectadas del mundo.
Por lo general, los planes de respuesta a la pandemia de COVID-19 han incluido permisos pagados, transferencias de efectivo y apoyo familiar, medidas que han ayudado en lo inmediato a capear el temporal.
No obstante, muchos de los arreglos están pensados como un respaldo al confinamiento o al periodo que tomaría la recuperación económica, por lo que “no producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis”, apunta el artículo.
Además, aunque el gasto de los gobiernos del mundo en la respuesta al COVID-19 supera los once billones de dólares, esos recursos han cubierto básicamente a los países ricos, mientras que los países en desarrollo -sobre todo los de renta baja-, no pueden implementar la respuesta a la crisis que necesita su población ni los sistemas de protección social a largo plazo que crearían resiliencia ante las crisis.
El artículo recuerda que antes del COVID-19 el 69% de la población mundial no contaba con una cobertura de seguridad social o la tenía parcial y asevera que en las emergencias como la que vivimos, la humanidad es sólo tan fuerte como su grupo más débil.
Un enfoque que no funciona
Para los autores del texto, el enfoque actual de los planes de respuesta no funciona porque es “como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio, y luego dirigirlos para que salven sólo unas pocas habitaciones del edificio en llamas”.
“Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos”, detallaron.
En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial, y en interés de todos, subrayaron.
Añadieron que es asequible brindar niveles mínimos de protección social a todas las personas del mundo.
Bachelet, Ryder y De Schutter aludieron a las promesas recurrentes respecto a “reconstruir mejor” a partir de la actual crisis y recalcaron que eso sólo se podrá hacer “si todo el mundo tiene un nivel mínimo de protección social, incluidos los más pobres y marginados”.
Insistieron en que los países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos.
Para ello, agregaron, será necesario adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción. “A más largo plazo, esta redistribución de los activos contribuirá a frenar la desigualdad y la discriminación y a apoyar la promesa del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás”.
Pero, sobre todo, reiteraron, “para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírselo”.
Fuente:
https://news.un.org/es/story/2020/10/1481682
(20/10/20)