Mara Gómez

I. Trascendencia del proceso judicial. II. El juicio y la protección a los derechos humanos. III. Conclusiones. IV. Bibliografía citada.

Trascendencia del proceso judicial

El juicio, el proceso judicial, es el trámite público más complicado que hemos creado los seres humanos para solucionar un asunto. En términos conceptuales, no existe otro trámite, ni administrativo, ni legislativo, ni de ningún otro tipo, que sea más complejo ni más difícil que un juicio.

El proceso judicial es, además, lento y costoso. Se requiere de muchos recursos para poder instituir y mantener toda la organización, personal e infraestructura que supone un tribunal, y los trámites que ahí se desarrollan, precisamente por ser difíciles y complejos, son dilatados.[16]

Es también, un mecanismo rodeado de imperfecciones derivadas sobre todo, del hecho de que se trata de una reconstrucción, en ocasiones teatralizada, de acontecimientos que sucedieron en el pasado.

El juicio no es más que un intento por descubrir qué fue lo que sucedió antes y, con base en ello, decidir cuál de los contendientes tiene la razón y en qué medida.

Esta reconstrucción se lleva a cabo escuchando diferentes versiones de los acontecimientos, narradas por distintas personas desde su propia perspectiva; a través de la presentación de opiniones de expertos en tal o cual ciencia, arte o conocimiento especializado; mediante la lectura de una gran cantidad de papeles y documentos de todo tipo, etc. Sin embargo, por más que se intente reconstruir los hechos sucedidos en el pasado, la recreación será, en el mejor de los casos, incompleta, y por lo general, considerablemente distinta de los acontecimientos originales.

Lo más delicado de esto es que justo en esa reconstrucción, notoriamente imperfecta, es en la que se tiene que basar la solución del caso y decidirse cosas tan graves como, por ejemplo, si alguien debe morir o permanecer encerrado por el resto de su vida; si un padre debe ser separado de sus hijos, o si una persona debe perder todos sus bienes.

Además, el proceso judicial cuenta con todos los problemas que derivan de la percepción y la subjetividad humanas.

Es un juez o un grupo de jueces quienes deben escuchar a las partes, conocer y entender cada una de las pruebas y alegaciones y, al final, tomar una decisión.^[17]

Pero los jueces no son más que hombres y mujeres con diversas formaciones, valores, experiencias profesionales, tendencias políticas y religiosas, e incluso, intereses personales, que nunca, por más y mejor formados que estén, por más bien intencionados que sean, o por más justos que pretendan ser, estarán exentos de mirar los hechos y argumentos a través del cristal que les provee todo ese conjunto de factores.^[18] Y lo cierto es que tampoco están libres de que su decisión, “correcta o no” (signifique eso lo que signifique),^[19] sea denostada por el foro, la academia o, incluso, por la propia población.

Nada pues, garantiza que los jueces tomen buenas decisiones, ni que el pueblo esté contento con las decisiones que toman sus jueces.^[20]

Pero todos estos inconvenientes, problemas y fallas del proceso que conduce a la decisión judicial, no lo hacen menos importante. La trascendencia de un proceso judicial deriva del peso jurídico y sobre todo social de su resultado final: la sentencia.

Lo importante es que se trata de una determinación que tiene tras de sí todo el peso de la legitimidad institucional,^[21] ya sea nacional o internacional, y sobre todo, que es vinculante para las partes y obligatoria para cualquiera.[22]

Lo fundamental es que es una decisión cuyo dictado está envuelto en numerosos elementos que intentan asegurar tanto el equilibro de los contendientes, como el que se analice con el mayor detalle posible la situación concreta planteada, a fin de tomar la mejor decisión factible.

Lo relevante de la decisión judicial es que a diferencia de cualquier otra, se trata de una resolución que resuelve en definitiva la situación expuesta; que dirime la controversia planteada; que determina qué es lo que debe hacerse y cómo, y que —por lo menos en teoría— debe cumplirse sin discusión.

Y algo sumamente significativo de los juicios y específicamente de las sentencias es que, debido a la forma en la que se dictan y a la trascendencia que tienen sobre las personas, las organizaciones y las naciones, crean certidumbre respecto de los bienes y derechos y, con ello, dan seguridad a los seres humanos.

En términos de haber hecho el mejor esfuerzo por conocer los hechos y aplicar el derecho, el juicio constituye hasta nuestros días, el mejor debate posible.[23]

 El juicio y la protección a los derechos humanos

Más allá de todo lo que hasta aquí hemos dicho, quizá lo más importante es que la sentencia, y en general, todo el proceso judicial, constituye una herramienta que resulta medular en la protección de los derechos fundamentales de los individuos y en general de las personas.[24]

Hoy día nadie podría poner en duda “… la obligación de castigar el genocidio; la de hacer punible en el derecho interno la tortura, el deber de castigar los crímenes de guerra bajo las Convenciones de Ginebra; la inaplicabilidad de la obediencia debida como defensa en caso de órdenes manifiestamente ilegales; la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; la inaplicabilidad de la defensa de delito político en caso de extradición por tales crímenes, y la obligación de extraditar o juzgar. Tomados en su conjunto, [todos estos deberes] representan una tendencia de la comunidad internacional”.[25]

Efectivamente, constituye una aspiración de la comunidad internacional contemporánea la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de todo Estado de perseguir y castigar a los culpables de ilícitos tan graves como el genocidio, la tortura o los crímenes de guerra, entre otros. De igual manera, cada vez alcanza mayor consenso internacional el que no pueda aducirse en un juicio la antigua excepción de “obediencia debida”, como una forma de justificar las graves violaciones a los derechos humanos derivadas de órdenes manifiestamente ilegales; o la defensa conocida como “delito político”, para evitar la extradición de un violador de graves derechos humanos al país en el que sí puede sometérsele a juicio.

Desde la óptica de los derechos humanos, el proceso judicial se proyecta en varias dimensiones que si bien en algún sentido pueden verse enfrentadas, en realidad tienden a complementarse y, en definitiva, resultan sumamente útiles para la defensa y protección de estos derechos.

En primer término, es posible afirmar que el juicio es, por sí mismo, un derecho humano, y uno muy especial que puede verse desde dos perspectivas:

Por un lado, el proceso judicial constituye la manifestación más clara del derecho a la justicia;[26] es decir, el derecho que tiene todo individuo a que se castigue a aquellos que violaron sus derechos fundamentales, lo que conlleva las obligaciones de investigar, procesar y finalmente castigar a los responsables, además de otras obligaciones adyacentes tales como el derecho a una indemnización que repare los daños morales y materiales ocasionados (derecho a la reparación), así como el deber de revelar a las familias y a la sociedad todo cuanto pueda establecerse sobre las violaciones a los derechos humanos; por ejemplo, los datos que obren en expedientes o archivos oficiales, o la información sobre la suerte y paradero de las víctimas mortales (derecho a la verdad).

Por otro lado, el sometimiento a un proceso judicial implica también el deber de respetar todos los derechos procesales que posee una persona conforme a la ley y que le garantizan un resultado justo y equitativo, es decir, la garantía de que se acaten unas normas mínimas tendientes a equilibrar la relación procesal; este derecho lo tienen, incluso, aquellos que han transgredido de manera manifiesta, grave, sistemática y masiva derechos humanos.

A esto se le conoce en la doctrina norteamericana como due process of law o debido proceso (usado sobre todo en el contexto de los procesos penales), o bien, garantías de enjuiciamiento, como las denominó Couture hace casi sesenta años,[27] y engloba una gran cantidad de derechos tales como el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el derecho a ser oído en juicio, el derecho a presentar pruebas, el derecho a contar con asistencia letrada, entre muchos otros.

Pero además de estas dos perspectivas, el proceso judicial constituye un mecanismo esencial para tutelar otros derechos humanos.

A través de la interposición de un procedimiento judicial es posible reclamar la violación al derecho a la libertad, al derecho al nombre, a la nacionalidad o a la personalidad jurídica, al derecho a no ser torturado, al derecho a expresarse libremente o a informarse, al derecho a reunirse, al derecho a no ser tratado de forma discriminatoria, al derecho a la propiedad privada, al derecho a trabajar, al derecho a profesar la religión que se desee, al derecho a votar y ser votado. En una palabra, a través de la interposición de un juicio es posible proteger todos y cada uno de los demás derechos humanos.[28]

De esta forma, el proceso judicial actualiza tanto el derecho a la justicia, como el derecho a un debido proceso, a más de que sirve para tutelar todos los demás derechos humanos, lo que convierte al juicio en una “herramienta de herramientas” dentro de la protección de los derechos fundamentales.

Pero hay todavía más razones para considerar al proceso judicial como un mecanismo primordial en la protección de los derechos humanos.

No sin grandes e importantes excepciones, los Poderes Judiciales y también los jueces, suelen ser las autoridades que gozan de una mayor independencia frente a las fuerzas políticas de una nación. Además, no debe perderse de vista que, por lo menos institucionalmente, en el ámbito nacional el Poder Judicial es, por definición, el garante final de los derechos de las personas y el “órgano encargado de asegurar la vigencia y el goce de los derechos humanos”.[29]

En esa medida, son los jueces quienes están en la mejor posición para incorporar, caso tras caso, las normas internacionales en materia de protección de derechos humanos al derecho interno, y además, para crear jurisprudencialmente nuevos derechos humanos o nuevas formas de proteger los derechos humanos ya reconocidos.

En efecto, son las discusiones judiciales y los pronunciamientos de los jueces —tanto nacionales como internacionales—, los que están en posibilidad de configurar, paulatinamente, el marco teórico y doctrinal que, sustentado en el trabajo de los académicos y especialistas, puede dar lugar al establecimiento jurisprudencial, tanto de nuevos derechos o nuevos principios en derechos humanos, como de mejores estándares para su aplicación.

De hecho, los jueces internacionales han creado una buena cantidad de nuevos principios[30] y suelen ser, en general, los grandes forjadores de los estándares en materia de derechos humanos; lo que no ha obstado, sin embargo, para que en algunos casos suceda que los estándares nacionales resultan más protectores que los internacionales,[31] circunstancia que si bien no suele ser la regla, sin duda es altamente loable.

Pero el proceso judicial tiene todavía más efectos positivos en lo que se refiere a la defensa y protección de los derechos fundamentales.

Cuando se está frente al sometimiento a proceso de violadores masivos de derechos humanos o de hechos que implicaron la transgresión sistemática y reiterada a los derechos fundamentales de toda una población, la investigación que supone la presentación de un caso, la compleja reconstrucción de hechos que implica un proceso judicial, la recopilación de información necesaria para ello, así como la comparecencia de las víctimas, los acusados, los peritos, etc., permite que se tenga una perspectiva distinta de lo sucedido, que se analicen en su conjunto los acontecimientos, que se desmenucen y que se debata sobre su realidad, su magnitud o la perspectiva con que debe vérseles.

El perpetrador puede darse cuenta del efecto de su conducta en sus semejantes; las víctimas tienen la posibilidad de enfrentar a sus agresores y de exponer públicamente los hechos que marcaron sus vidas; la sociedad puede comprender el impacto de un periodo político, de un régimen público, de una ideología dominante o de un proceso bélico, y el mundo entero conoce hechos que, de otra manera, quizá nunca conocería.

Este tipo de juicios permite someter al escrutinio público hechos sociales y políticos de enorme relevancia y, desde luego, hacen factible la posibilidad de procesar a quienes, en algún momento, fueron dueños de la vida y muerte de sus conciudadanos.

Cabe decir, además, que esta clase de juicios constituyen una muy importante catarsis para las sociedades que vivieron y sobrevivieron a los hechos generadores de las violaciones masivas a los derechos fundamentales,[32] pero sobre todo, tienen el poder de producir un efecto social ejemplar, que hace que disminuya de manera sustancial la posibilidad de que vuelvan a repetirse las mismas violaciones masivas a los derechos fundamentales.[33]

Aunado a todo lo anterior, un juicio es, aunque no la única, sí la mejor manera para determinar en forma definitiva, la reparación que le debe corresponder a una víctima como compensación por las violaciones a sus derechos fundamentales.

Y por último, las facultades judiciales no sólo son relevantes cuando se trata de la última y definitiva decisión de un proceso, sino que en ocasiones sirven también para dictar medidas provisionales que tienen por efecto impedir que se sigan cometiendo violaciones graves a los derechos fundamentales, o que previenen que puedan cometerse otras.[34]

Es, pues, el proceso judicial, pese a sus enormes dificultades y limitaciones, un instrumento sumamente útil en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Conclusiones

A manera de corolario de todo lo aquí expresado, conviene reiterar las ideas medulares que constatan el importante rol que juega el proceso judicial en la protección de los derechos humanos:

En primer término, el proceso judicial puede verse como la manifestación de dos derechos humanos concretos:

El derecho a la justicia, que incluye el derecho a la reparación y el derecho a la verdad, y

El debido proceso legal.

Constituye, además, un mecanismo esencial para tutelar prácticamente todos los demás derechos humanos.

Es también, la mejor manera para determinar la reparación que le debe corresponder a una víctima de violaciones a sus derechos fundamentales.

Durante su tramitación, sirve asimismo, para dictar medidas provisionales que tienen por efecto impedir que se sigan cometiendo violaciones a los derechos fundamentales, o que previenen que puedan cometerse otras.

Tratándose de juicios en contra de grandes violadores a derechos humanos:

El propio procedimiento judicial constituye, en sí mismo, una muy importante catarsis para las sociedades que vivieron y sobrevivieron esos acontecimientos;

Tiene el poder de producir un efecto social ejemplar que disminuye la probabilidad de que vuelvan a cometerse esas mismas violaciones;

Permite que el perpetrador se dé cuenta del efecto de su conducta en sus semejantes;

Otorgan a las víctimas la posibilidad de enfrentar a sus agresores y de exponer públicamente los hechos que marcaron sus vidas;

La sociedad puede comprender el impacto de un período político, de un régimen de Estado, de una ideología dominante o de un proceso bélico, y

El mundo entero conoce hechos que, de otra manera, quizá nunca podría conocer.

Aunado a todo ello, los procesos judiciales permiten que los jueces nacionales e internacionales generen y/o incorporen a su derecho, caso tras caso, mejores estándares para la protección de los derechos de los seres humanos sujetos a su jurisdicción.

En suma, si bien el proceso judicial es costoso, complejo y lento, es un mecanismo sumamente útil cuando se trata de la protección de algo tan importante como los derechos humanos, y resulta extremadamente poderoso cuando se le usa para impedir que se vuelvan a cometer violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas.

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