El juicio que sacudió al mundo: el caso de Giséle Pelicot

Por Gabriela Frías Villegas[1]

En diciembre de 2024, se dictó la sentencia de un juicio que conmocionó al mundo. Un tribunal francés condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión por drogar y violar a su exesposa, Giséle Pelicot, de 72 años, así como por reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante una década.

Caroline Darian, hija de la pareja, relata los antecedentes del caso en su libro Y dejé de llamarte papá, donde describe la aparente normalidad de una familia feliz: sus padres, ya mayores, compartían la vida con sus tres hijos adultos y sus nietos. Sin embargo, esa imagen se derrumbó cuando Dominique Pelicot fue sorprendido grabando bajo la falda de varias mujeres en un supermercado. Al revisar su teléfono y computadora, la policía descubrió cientos de videos en los que su esposa aparecía inconsciente, mientras desconocidos abusaban de ella.

Pelicot utilizaba la plataforma Coco.gg para publicar imágenes de Giséle inconsciente e invitar a extraños a su hogar con el propósito de violarla. Para anular su capacidad de reacción, la sometía a sumisión química, administrándole sustancias psicoactivas sin su consentimiento. Luego, registraba en video los abusos perpetrados por los hombres que acudían a su casa.

Uno de los aspectos más perturbadores del caso es que los agresores pertenecían a distintos niveles socioeconómicos y ejercían diversas profesiones, entre ellas maestros y carteros. Todos vivían en las cercanías del domicilio de los Pelicot.

Los derechos de las mujeres

Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. La igualdad de género fue incorporada a las Normas Internacionales de los Derechos Humanos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Posteriormente, en 1979, la Asamblea General adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada una Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres.

En 1993, se publicó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que define la violencia de género como “cualquier acto de violencia basado en el género que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”. Esta declaración reconoce que la violencia contra las mujeres puede ocurrir en cualquier ámbito, ya sea familiar, comunitario o estatal.

Por otro lado, el Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011) es el tratado más avanzado sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica en Europa. Este convenio tipifica como delitos la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso, entre otros.

Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos y garantizan la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, su salud y su capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva. Estos derechos han sido reconocidos en tratados internacionales como la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing (1995).

Los derechos sexuales garantizan que las mujeres puedan vivir su sexualidad de manera libre, segura y sin discriminación. Esto implica el derecho a decidir sobre su vida sexual sin coerción, violencia o discriminación, así como a otorgar consentimiento libre e informado en sus relaciones. También incluyen el acceso a una educación sexual integral basada en información científica y en derechos humanos, el respeto a la privacidad y autonomía corporal, considerando la identidad de género y orientación sexual, y la protección frente a cualquier forma de violencia sexual, como el abuso, el acoso y la explotación. Este conjunto de normativas y derechos busca garantizar la igualdad, la dignidad y la protección de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La violencia de género hacia Giséle Pelicot

Es evidente que los derechos de Giséle Pelicot fueron brutalmente vulnerados durante más de una década, en especial su derecho al consentimiento libre e informado, su derecho a la privacidad y su derecho a vivir libre de acoso y explotación sexual. Su caso representa uno de los ejemplos más estremecedores de cómo la violencia de género puede ocultarse incluso en el seno del hogar, perpetuada por quien debía protegerla.

El acceso efectivo a estos derechos sigue siendo un desafío en muchos países, donde persisten barreras legales, sociales y económicas que limitan la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y su seguridad. Sin un compromiso real de los Estados para garantizar la prevención, protección y sanción de la violencia de género, miles de mujeres seguirán siendo víctimas de abusos impensables, muchas veces invisibilizados por la impunidad y la indiferencia.

Aprender de casos como el de Giséle no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo ético y social. Es responsabilidad de la sociedad y de los sistemas de justicia fortalecer las leyes, eliminar la impunidad y garantizar que ninguna mujer más sea privada de sus derechos humanos fundamentales. La historia de Giséle no debe repetirse.

Referencias

[1] Investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.