3 de abril de 2023

Las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo de 2022, dijo Amnistía Internacional hoy.

Esta política ha resultado en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito. Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos, ha sido clave la coordinación, en complicidad, de los tres poderes del Estado; la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal; y la falta de adopción de medidas tendientes a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional.

“La comunidad internacional está en alerta sobre las graves consecuencias en materia de derechos humanos que está generando el régimen de excepción en El Salvador. La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en el país ha provocado la instrumentalización del proceso penal, con el que se está castigando a personas sin evidencia de que han cometido algún crimen, en su mayoría de zonas históricamente marginalizadas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La muerte de 132 personas bajo la custodia del Estado, la detención arbitraria, el procesamiento penal masivo y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz, justa y duradera. La violación sistemática de derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho no son la respuesta a los problemas que enfrenta el país. Al contrario, establecen precedentes muy peligrosos.”

El régimen de excepción se decretó el 27 de marzo de 2022 tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas, a causa del quiebre del supuesto pacto que el gobierno de Nayib Bukele mantenía con estas estructuras criminales, para lograr una baja de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes.

Amnistía Internacional considera que el carácter sistemático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción se sustenta en la forma generalizada y sostenida en el tiempo en la que están ocurriendo; en el nivel de organización y planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado; en la impunidad y la falta de rendición de cuentas; en la falta de transparencia y acceso a la información; y en la criminalización generalizada de la pobreza, como elemento discriminatorio.

La sistematicidad de las violaciones de derechos humanos podría acarrear para los agentes del Estado salvadoreño una responsabilidad penal internacional individual, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y sanción sobre estos hechos.

Procesamiento penal y encarcelamiento indiscriminado

Por más de un año se han suspendido garantías procesales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, lo cual ha permitido la detención arbitraria y el encarcelamiento de más de 66 mil personas en tiempo récord. Amnistía Internacional ha documentado alrededor de 50 casos en los que ha podido identificar un patrón de detención y encarcelamiento arbitrario a gran escala.

Entre los patrones identificados se incluyen la detención en base a supuestas denuncias anónimas, la tenencia de tatuajes o de antecedentes penales previos de cualquier tipo. Asimismo, se registra la celebración de audiencias exprés – la mayoría virtuales – donde un juez de identidad reservada puede llegar a procesar simultáneamente hasta a 500 personas sin apenas pruebas que las impliquen en la comisión de un ilícito. Además, las personas carecen de una defensa efectiva y apenas tienen conocimiento de los cargos de la acusación.

Tortura y muertes arbitrarias bajo la custodia del estado

Hasta finales de marzo de 2023, el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado había aumentado a 132. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos salvadoreñas presumen que hay un subregistro debido a los casos en los que se ha reportado exhumaciones de víctimas de fosas comunes, luego de que sus familiares lograran enterarse de su muerte meses después por particulares.

Amnistía Internacional ha documentado al menos 10 casos de muerte bajo custodia del Estado y verificó que las principales causas incluyen el sometimiento a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de agentes policiales y custodios, así como la falta de acceso a servicios de salud. Algunas personas en libertad condicional relataron haber presenciado custodios y policías matando a presos a golpizas, con la intención de que “confesaran” que eran parte de una estructura pandilleril, o como la aplicación de un supuesto castigo.

La organización constató que, en algunos casos, el Instituto de Medicina Legal y los hospitales donde las víctimas fueron atendidas antes de fallecer, extendieron certificados donde se consignaba como causa principal de la muerte hechos como: “asfixia mecánica”, “traumatismos múltiples no identificados” y “vapuleado”. Hasta la fecha, ninguno de los familiares de estas víctimas mortales ha sido notificado sobre la realización de alguna investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de sus parientes.

Amnistía Internacional documentó el caso de desaparición forzada y privación de la vida de un hombre de 45 años de edad con discapacidad mental, quien fue capturado en su casa a mediados de abril de 2022. Su familia dijo que, entre abril y junio de ese año, entregaron al centro penal el kit de limpieza y alimentación que las autoridades penitenciarias solicitan para los detenidos. En julio los delegados del centro penal les informaron que su pariente ya no se encontraba en esas instalaciones, pero sin dar detalles sobre su paradero. Durante los siguientes dos meses y medio, la familia visitó diferentes cárceles y hospitales tratando de localizarle, solicitando el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, quienes se negaron a brindar asistencia.

A mediados de septiembre, recibieron una llamada telefónica de un individuo quien les dijo que había compartido celda con su familiar. Les aconsejó acudir al Instituto de Medicina Legal, porque creía que su pariente había fallecido a causa de los golpes que los custodios le habían propinado al ingresar al centro penal.

“Nos dijeron: Su pariente vomitaba sangre por la boca y por la nariz. Creo que murió, porque se lo llevaron para el hospital y ya nunca lo regresaron”, relató la familia.

A través del Instituto de Medicina Legal, la familia logró confirmar que su pariente había fallecido 36 días después de su captura y que a inicios de julio había sido enterrado en una fosa común. A mediados de octubre lograron exhumar sus restos. A la fecha ningún funcionario estatal ha contactado a la familia para informarle sobre diligencias de investigación en torno a su muerte.

“Vemos con alarma cómo el hacinamiento y la tortura siguen cobrando la vida de personas inocentes bajo la complicidad de todas las instituciones responsables de velar por sus derechos. La deshumanización que están sufriendo miles de personas encarceladas de forma injusta es intolerable y debe ser atendida urgentemente por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Tratos crueles e inhumanos – hacinamiento carcelario

Dentro del paquete de reformas legales que acompañó el lanzamiento del régimen de excepción destacan aquellas realizadas al Código Penal y Procesal Penal que han permitido la utilización indiscriminada de la figura de la detención provisional por parte de los operadores de justicia. Esto no sólo ha representado la violación al derecho a la libertad (ya que este tipo de detención debe usarse en circunstancias muy limitadas), derecho a ser juzgado o liberado en un tiempo razonable, sino también ha provocado un serio problema de hacinamiento en las cárceles. Actualmente, El Salvador registra una población carcelaria que supera las 100,00 personas, lo cual lo coloca como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo, con más del 1.5% de su población en prisión.

Las personas detenidas arbitrariamente y puestas en libertad tras estar varios meses bajo prisión provisional, a las que Amnistía Internacional pudo entrevistar, relataron la crisis humanitaria a la que está sometida la población carcelaria. Entre las condiciones, destacan el hacinamiento extremo, en celdas con más de 100 personas, así como la falta de condiciones de salubridad y de acceso a servicios básicos como agua, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica. Dijeron que estas condiciones facilitaron la adquisición y propagación de enfermedades y, en su expresión más extrema, las muertes por falta de atención médica oportuna.

Además, relataron haber sido sometidas a maltrato verbal y físico por parte de la policía y custodios de centros penales, incomunicación con sus familiares, uso de gas pimienta adentro de las celdas, racionamiento de comida, agua, uso de baño y ducha, e imposibilidad de tener acceso al aire libre.

Organización y planificación estatal

La política de encarcelamiento masivo es producto de la planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado, cada uno ejerciendo una función clave dentro del engranaje que ha posibilitado la violación sistemática, masiva y sostenida de los derechos humanos de la población salvadoreña.

Por un lado, el Órgano Ejecutivo, a través de la Policía, la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, ha diseñado e implementado una estrategia de seguridad basada en el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria indiscriminada, y la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso la tortura.

Por su parte, el Órgano Legislativo desde hace un año continúa aprobando y extendiendo la vigencia del régimen de excepción, una medida cuya naturaleza es temporal y extraordinaria. Adicionalmente, ha promovido una serie de reformas legales que contravienen la normativa internacional de derechos humanos ratificados por el país.

Finalmente, el Órgano Judicial no está actuando de forma independiente, está violando el derecho al debido proceso, y no está combatiendo la impunidad frente a las violaciones que están ocurriendo. Tanto los órganos jurisdiccionales, como las entidades auxiliares y aquellas adscritas al Ministerio Público, están incumpliendo de forma flagrante sus deberes dentro del proceso penal.

Impunidad rampante

La negligencia y el dolo con la que están actuando las instituciones responsables de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y de perseguir y castigar delitos cometidos por funcionarios, ha generado un alto nivel de impunidad, con respecto a las violaciones a los derechos humanos que los agentes de seguridad y los operadores de justicia están cometiendo por acción u omisión, en el marco del régimen de excepción.

La reserva y obstáculos de acceso a la información y la falta de adopción de medidas tendientes a esclarecer las violaciones a derechos humanos y las circunstancias en las que ocurrieron, e individualizar responsabilidades, genera las condiciones para que la impunidad prevalezca y facilita la perpetuación y escalamiento de estos patrones de abusos.

“En ninguno de los 50 casos que hemos documentado se ha logrado verificar la existencia de procesos de investigación con respecto la actuación de funcionarios públicos. El hecho de que existan violaciones generalizadas de derechos humanos, y prácticamente ningún proceso penal abierto, evidencia el control ejercido desde el más alto nivel, para que todos los poderes del estado acaten esta política de encarcelamiento indiscriminado”, dijo Erika Guevara Rosas.

Criminalización de las personas quien viven en la pobreza y efectos colaterales

El régimen de excepción incluye medidas de seguridad que tienen un impacto desproporcionado en las personas quien viven en la pobreza. Estas medidas de facto criminalizan a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que históricamente han sufrido el flagelo de las pandillas.

Miles de familias se han visto gravemente afectadas a nivel económico, debido a la captura de la persona proveedora dentro del hogar, así como a los gastos adicionales en los que deben incurrir, tanto para intentar comprobar la inocencia de sus parientes, ejercer el derecho de defensa durante el proceso penal, e intentar garantizar el bienestar y la salud de sus familiares recluidos en las cárceles.

Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado una mayor incidencia de trabajo infantil y deserción escolar entre los menores de edad de las familias afectadas; aumento del desplazamiento forzado; un alza en los casos de desintegración familiar, y una mayor carga en las labores de cuidados en las mujeres.

Amnistía Internacional urge nuevamente al gobierno del presidente Bukele y al resto de las autoridades del Estado a adoptar las medidas necesarias para revertir el régimen de excepción, reestablecer los derechos suspendidos, investigar de manera efectiva, autónoma e independiente las dramáticas consecuencias de esta medida; y garantizar medidas de reparación a las víctimas.

“Ante la sistematicidad de las graves violaciones de derechos humanos hacemos un llamado a los mecanismos internacionales de protección para que intervengan de manera urgente para evitar una crisis mayor en El Salvador. El Estado salvadoreño debe tener la certeza de que la comunidad internacional no tolerará este tipo de políticas”, dijo Erika Guevara Rosas.

Fuente:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/
(24/4/23)