4 de septiembre de 2018
Comunicado 196/18
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la CICIG. El plazo de vigencia del acuerdo ha sido objeto de sucesivas prórrogas, cuya última extensión inició el 4 de septiembre de 2017 y finalizará, de acuerdo con esta reciente decisión, el 3 de septiembre de 2019
Desde el inicio de las actividades de la CICIG en 2007, la CIDH expresó su apoyó esta iniciativa y reconoció su rol trascendental en la lucha contra la corrupción en Guatemala a través de la desarticulación de redes criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público, así como en el apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato. A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto involucramiento de altos funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del país en actos ilícitos de corrupción, cuyos procesos judiciales aún se encuentran en trámite pendiente de resolución.
La CIDH ya había expresado su respaldo al trabajo de la CICIG en la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala y su alarmante la declaración de persona no grata y expulsión del Comisionado titular de la CICIG, Iván Velázquez, por parte del gobierno guatemalteco (Comunicado de Prensa 127/17 de 27 de agosto de 2017). Asimismo, emitió la Resolución No. 1/17 sobre derechos humanos y lucha contra la impunidad y la corrupción en la que se enfocó en la situación de Guatemala y la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales y la sujeción del ejercicio del poder al Estado de Derecho.
La CIDH reitera la fundamental importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial (Resolución No. 1/18 de marzo de 2018). En este contexto, la CIDH resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor sin ser víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos en contra su vida e integridad física. Asimismo, destaca la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos en la lucha contra la corrupción y la obligación de los Estados de garantizar las condiciones de seguridad para la realización de sus trabajos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/196.asp
(25/09/2018)