“Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe que documenta las experiencias de profesionales de la salud de todo el mundo.
El análisis que ha realizado la organización de los datos disponibles ha revelado que más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por la COVID-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real.
Resulta alarmante que Amnistía Internacional haya documentado casos en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.
“Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.
“Es especialmente preocupante ver que algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación por unas condiciones laborales que podrían poner en peligro sus vidas. Los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno no funciona, y las autoridades que los silencian no pueden decir en serio que están dando prioridad a la salud pública”.
Miles de profesionales han perdido la vida
No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID-19.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud tras haber contraído la COVID-19 en 79 países del mundo.
Según el seguimiento de Amnistía Internacional, los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).
Es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos. Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos.
Escasez de equipos de protección que salvan vidas
El personal sanitario denunció una grave escasez de equipos de protección individual (EPI) en casi la totalidad de los 63 países y territorios que estudió Amnistía Internacional.
Entre ellos figuran países que todavía no han vivido lo peor de la pandemia, como India y Brasil, y varios países de África. Un médico que trabajaba en Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.
Además de la escasez de suministros global, las restricciones comerciales podrían haber agravado el problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes.
“Si bien los Estados deben garantizar que hay suficientes EPI para quienes trabajan dentro de su territorio, las restricciones comerciales podrían agravar la escasez en países que dependen de las importaciones”, ha señalado Sanhita Ambast.
“La pandemia de COVID-19 es un problema global que exige una cooperación global”.
Represalias
En al menos 31 de los países que ha analizado Amnistía Internacional, el equipo de investigación registró informes de huelgas, amenazas de huelgas o protestas del personal sanitario y de trabajadores y trabajadoras esenciales a causa de condiciones laborales peligrosas. En muchos países, las autoridades respondieron a estas acciones con represalias.
En Egipto, por ejemplo, Amnistía documentó los casos de nueve trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron detenidos arbitrariamente entre marzo y junio por cargos imprecisos y excesivamente amplios de “difusión de noticias falsas” y “terrorismo”. Todas las personas detenidas habían expresado preocupación por problemas de seguridad o habían criticado la gestión de la pandemia por el gobierno.
Para continuar leyendo el comunicado:
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2020/07/health-workers-rights-covid-report/
(27/07/2020)