Por Luis de la Barreda Solórzano
Más allá de la relevancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado la inconstitucionalidad de las normas en virtud de las cuales la Guardia Nacional quedaba bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la resolución permite vislumbrar que nuestro máximo tribunal cumplirá con la función que le asigna la Constitución y que le corresponde a todo tribunal constitucional en un Estado de derecho, y no estará sometida a los designios del autócrata: habemus Suprema Corte.
Los ocho ministros que han hecho posible esa determinación han estado a la altura de su delicada misión, para lo cual debieron resistir la majadera y persistente presión del titular del Poder Ejecutivo. Los votos de los tres ministros que no respaldaron la sentencia mayoritaria no resisten el menor análisis jurídico. Constituyen galimatías, no argumentos consistentes, cuyo objetivo era justificar a como diese lugar lo injustificable para no contrariar al Presidente de la República. Pero les faltó un voto para salirse con la suya.
El proyecto es de la autoría del ministro Juan Luis González Alcántara, quien llegó al alto tribunal propuesto por el titular del Ejecutivo, pero con su postura ha demostrado que asume que su lealtad no se la debe a quien lo propuso, sino a la Constitución, al Estado de derecho y al principio democrático de división de poderes. El proyecto es contundente: “Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto impugnado realiza. Se opone al artículo 21 (constitucional) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, dispone expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública”.
“Resultaría un fraude a la Constitución —sostiene el proyecto— considerar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar”. Fraude a la Constitución: más claro ni el agua. La Suprema Corte no podía, actuando con autonomía y apego a su cometido, convalidar ese fraude. Pero apenas logró echarlo abajo: fueron ocho votos, el mínimo necesario para la declaratoria de inconstitucionalidad.
De los tres votos minoritarios llama especialmente la atención el del ministro Arturo Zaldívar. Por supuesto, no es la primera vez que se inclina por un fallo indefendible jurídicamente. Lo hizo, por ejemplo, cuando votó por la consulta popular que decidiría sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, a pesar de que no se explicitó de qué delitos habría de ser inculpado cada uno de ellos y de que la procedencia o improcedencia de las acciones penales no puede, en un Estado de derecho, ser determinada en una votación.
Pero esta vez la incongruencia de Zaldívar llegó al lastimero extremo de contradecirse a sí mismo. Antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, Zaldívar aseveró: “La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional… regula la seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas; es claramente un fraude a la Constitución en sentido técnico, no retórico”. Lo que entonces le parecía fraudulento ahora le parece impecable: “El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el Presidente de la República”.
Inaudito argumento: si el jefe de la administración pública centralizada es el Presidente de la República, ¡hasta las secretarías a cargo de militares, integradas por militares y sujetas a legislación y disciplina militar se vuelven civiles!
El autócrata está iracundo. Su anatema mañanera contra los ocho ministros que lograron la declaración de inconstitucionalidad tiene el tufillo de la bilis. Quienes creemos en la auténtica división de poderes como conditio sine qua non de un sistema democrático estamos esperanzados. Repito: habemus Suprema Corte.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/habemus-suprema-corte/1582638
(25/4/23)