Por Erick Moan Mota Miranda[1]
Introducción
México enfrenta desafíos significativos en materia de migración, derechos humanos y diversidad cultural, afectando a grupos vulnerables como personas migrantes, niñas y niños desplazados, personas con discapacidad, entre otros. Estos retos no solo reflejan las complejidades sociales y económicas del país, sino también las limitaciones del marco jurídico y las políticas públicas actuales para abordarlos de manera efectiva.
La migración, en particular, ha transformado las dinámicas sociales y jurídicas en México. En los últimos años, el país ha pasado de ser principalmente un país de tránsito a convertirse en un destino para miles de personas migrantes. En 2023, se registró el mayor número de entradas regulares al país en la historia, con cerca de 44 millones de personas, lo que representa un aumento del 132% desde el año 2020 (Instituto Nacional de Migración, 2023). Además, entre enero y febrero de 2023, se registraron 7.4 millones de eventos de entrada a México, de los cuales 6.1 millones fueron de personas extranjeras, un incremento del 37.5% respecto al mismo periodo de 2022 (Secretaría de Gobernación, 2023).
La diversidad cultural y la multiculturalidad en México plantean la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan y respeten las diferencias entre los diversos grupos sociales. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la discriminación y la xenofobia, lo que perpetúa la exclusión social de grupos vulnerables (García, 2020).
Este ensayo argumenta que un enfoque integral, respaldado por una sólida argumentación jurídica y un control constitucional y convencional efectivo, es crucial para garantizar la protección de los derechos humanos en un país marcado por la desigualdad y la multiculturalidad. Además, se enfatiza la importancia de un enfoque diferencial que adapte las políticas públicas a las necesidades específicas de cada grupo, reconociendo que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
Migración y los nuevos contextos en México
La migración ha transformado significativamente las dinámicas sociales y jurídicas en México. En los primeros once meses de 2023, se presentaron ante las autoridades mexicanas aproximadamente 686,732 personas en situación migratoria irregular, con un aumento significativo en comparación con años anteriores (Instituto Nacional de Migración, 2023). Las principales nacionalidades de origen de estas personas incluyen a venezolanos, hondureños y guatemaltecos (Organización Internacional para las Migraciones, 2023). Además, en los primeros nueve meses de 2023, México superó el medio millón de detenciones de personas migrantes, lo que representa un récord histórico (Human Rights Watch, 2023).
Entre enero y febrero de 2023, se registraron 70,526 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, lo que representa un aumento del 54.6% respecto al mismo periodo de 2022 (Secretaría de Gobernación, 2023). Las principales entidades federativas donde se llevaron a cabo estas detecciones fueron Chiapas, Tabasco y Coahuila (Instituto Nacional de Migración, 2023).
La argumentación jurídica en la defensa de derechos humanos
La defensa efectiva de los derechos humanos requiere una argumentación jurídica sólida que articule leyes nacionales e internacionales. El principio pro persona, establecido en la Constitución Mexicana, obliga a interpretar normas para favorecer la mayor protección posible (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). El control constitucional y convencional garantiza que las leyes sean coherentes con estándares internacionales de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019). Sin embargo, la falta de capacitación en derechos humanos limita su aplicación, afectando a grupos vulnerables (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2022).
Por ejemplo, en el contexto de la migración, la aplicación efectiva de estos principios es crucial para asegurar que las personas migrantes reciban el tratamiento justo y humano que les corresponde. Sin embargo, la realidad muestra que muchas de estas personas enfrentan barreras significativas para acceder a servicios básicos como la educación y la salud (Organización de las Naciones Unidas, 2022).
Enfoque diferencial de derechos humanos
Un enfoque diferencial permite adaptar políticas públicas a las necesidades específicas de cada grupo, reconociendo que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real. Grupos como infancias migrantes, personas con discapacidad, indígenas, y personas adultas mayores enfrentan barreras significativas para acceder a sus derechos fundamentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
Por ejemplo, las infancias migrantes enfrentan graves barreras para acceder a la educación y la salud, lo que perpetúa su exclusión social. De manera similar, las personas con discapacidad suelen ser ignoradas en los programas de atención emergente. Este enfoque no solo es una herramienta de justicia social, sino también una estrategia eficaz para promover la cohesión social y el respeto por la diversidad (García, 2020).
En 2023, la migración irregular en México ha tenido un incremento significativo, lo que destaca la necesidad de políticas efectivas para proteger a estos grupos vulnerables (Instituto Nacional de Migración, 2023). Además, el número de eventos de personas en situación migratoria irregular en el primer trimestre de 2023 fue un 42% más alto que en el mismo periodo de 2022 (Secretaría de Gobernación, 2023).
La migración y la diversidad cultural en México exigen un enfoque integral que combine argumentación jurídica, control constitucional y convencional, y un enfoque diferencial. Solo mediante la coordinación de estos elementos será posible garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, es crucial que la sociedad mexicana y sus líderes políticos reflexionen críticamente sobre las causas profundas de estos desafíos y sobre cómo las políticas actuales pueden perpetuar la exclusión social.
Se invita a los lectores a cuestionar las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad y a considerar cómo un enfoque más inclusivo y equitativo podría transformar la realidad de los grupos más vulnerables. La construcción de un México más justo no solo depende de leyes progresistas, sino de la capacidad de la sociedad para cuestionar y transformar las prácticas discriminatorias y excluyentes que han sido normalizadas. Al fomentar un diálogo crítico y reflexivo sobre estos temas, podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.
Referencias
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. México: CNDH.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). México: Gobierno de México.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Opinión Consultiva OC-21/14 sobre los derechos de los niños y niñas en el contexto de la migración. San José, Costa Rica: Corte IDH.
- García, M. (2020). La migración y los derechos humanos en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Human Rights Watch. (2023). Informe sobre la situación de los migrantes en México. Nueva York: HRW.
- Instituto Nacional de Migración. (2023). Estadísticas de migración en México. México: INM.
- Organización de las Naciones Unidas. (2022). Informe sobre la situación de los migrantes en el mundo. Nueva York: ONU.
- Organización Internacional para las Migraciones. (2023). Informe sobre las tendencias migratorias en México. Ginebra: OIM.
- Secretaría de Gobernación. (2023). Estadísticas de migración irregular en México. México: SEGOB.
[1] Alumno de la Facultad de Derecho, que realiza su servicio social en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Ensayo presentado y seleccionado en la Convocatoria de la Estancia 2025-2 en la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM. Contacto: erick.moan003@gmail.com