(EXTRACTOS)

• El Índice Global de Impunidad es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país.

• Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas, Puebla la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio. Para el Centro, la impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.

• La impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.

• Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción.

• La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.

• Sí es necesario destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia. Sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos.

• Vemos que la desigualdad sí es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo económico no están realizando una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.

• Los países que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano también cuentan con niveles bajos de impunidad.

 

Concepto de impunidad

Hoy en día, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habla de impunidad a partir de dos dimensiones: la de hecho y la de derecho. La impunidad de hecho alude a la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la justicia. En varios casos se ha traducido en la negativa de las fuerzas de seguridad de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación de registros públicos, o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, jueces, abogados y testigos. La impunidad de derecho se refiere a las leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden que ciertas personas que se han visto implicadas en las violaciones de los derechos humanos deban comparecer ante la justicia u otras instituciones que investigan los hechos. Así se dictan normas que disponen de antemano la inmunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, es decir que extienden “carta blanca” a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en el ejercicio de sus tareas violen los derechos humanos.

 

 

Resultados para México

• México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.
• México y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.
• México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
• Respecto de la primera, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial.
• El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles.
• IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
• Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice permitió evidenciar: su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
• Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el Índice retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra arriba del promedio de proporción de policías que es de 332 por cada 100 mil habitantes.
• Las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33% en el peso de la calificación de México. Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas.
• El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació en esta administración pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos.

Países con un alto nivel de impunidad

Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía figuran entre los países en que se identificaron mayores niveles de impunidad. Al analizar los datos encontramos que en estos países en la región de América Latina se detectan mayores problemas en términos de estructuras de seguridad y de impartición de justicia. En contraste, la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo territorio se extiende en dos continentes (Europa y Asia), se posiciona como el país con mayores niveles de impunidad en esa zona debido principalmente a los reportes relativos a violaciones a los derechos humanos.

México y Colombia

El Índice Global de Impunidad permite identificar que México y Colombia tienen un comportamiento similar en cuanto a indicadores de mayor impunidad en relación a la estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de justicia. Esto puede vincularse con el hecho de que en ambos países coincide, desde la década de 1970, el incremento de la corporativización del crimen organizado, vinculado al fenómeno del narcotráfico. Lo anterior afecta la capacidad del Estado para procurar seguridad y justicia, además de la generación de un clima constante de corrupción de las autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los criminales.

Con respecto a la estructura del sistema de seguridad, México y Colombia ocupan una posición similar en relación al número de policías por cada 100 mil habitantes (355 y 347 respectivamente). En cuanto a sus sistemas penitenciarios, en ambos países tampoco se registraron diferencias significativas en términos del personal penitenciario por la capacidad penitenciaria, en personal penitenciario entre reclusos en las cárceles y en la variable que indica la relación entre reclusos en cárceles entre capacidad carcelaria. Todos estos indicadores se posicionan por debajo de la media, evidenciando deficiencias sustanciales en el funcionamiento del sistema de seguridad, desde que la persona es detenida hasta que es recluida en una prisión para aguardar un juicio. El hacinamiento en las cárceles, la tortura y la falta de conocimiento de los procesos judiciales por parte de los inculpados caracterizan el sistema penitenciario de ambos países.

México y Colombia también observaron un comportamiento parecido en el funcionamiento del sistema de justicia ya que reportan cifras similares en cuanto a las personas con contactos formales en los tribunales. De igual forma, se encontraron cifras similares al considerar la variable que mide la cantidad de personas encarceladas entre el número de personas condenadas por un delito grave, aun cuando en Colombia se registra un porcentaje significativamente mayor de jueces por cada 100 mil habitantes que en México (10 y 4 respectivamente). Las diferencias significativas entre México y Colombia se encuentran en cuanto al porcentaje de personas detenidas sin sentencia (47 y 33 respectivamente), mismo que en los dos países supera el porcentaje global (23). Esto se explica porque tanto en México como en Colombia predomina el modelo de prisión preventiva, es decir, el encarcelamiento de los inculpados durante el proceso. En el caso de México, desde 2008 se empezó a impulsar una reforma penal que busca limitar la dicha medida de aseguramiento para los delitos menores.

El caso México

No es noticia nueva decir que México ocupa un lugar crítico con relación al fenómeno de la impunidad, los hechos ocurridos en la última década hablan por si mismos: la lucha contra el crimen organizado —que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones—, los niveles altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados, han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.

La última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven. Incluso los equipos de planeación de los últimos presidentes de México han desarrollado estrategias para el mejoramiento de la seguridad pública focalizando esfuerzos en dos acciones claras: la creación de más y mejores policías —la recién instaurada Gendarmería Nacional— y en la legislación de penas más severas para aquellos que cometan delitos de alto impacto, como el secuestro. A pesar de estos esfuerzos el fenómeno parece que siguiera arraigado en el sistema político dificultando así, la defensa de la justicia y por consiguiente de los derechos humanos; ante este punto es necesario cuestionarse: ¿qué situaciones ocurren al interior de la estructura judicial de México que fomentan el crecimiento de este fenómeno?

El fenómeno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. En el deber ser, los actores involucrados en el proceso de investigación y seguimiento a los delitos, así como su castigo (desde la investigación, detención, proceso, sentencia y reclusión) deberían garantizar que esto fuera así. Sin embargo, instrumentos como el presente Índice ponen en evidencia algunas de las fallas del sistema de seguridad y de justicia mexicano.

La calificación de México, a partir de las dimensiones que conforman el índice, muestra entre otros datos, fallas por una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación de la estructura judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada. Tanto la saturación como la relación pantanosa entre prisiones y juzgados tendrían su origen por un fenómeno ocurrido durante las primeras etapas del camino penal, observadas también por el índice en otras de sus dimensiones. El fenómeno es claro en México, la mayoría de los contactos formales no son presentados ante un juez. Esta situación refleja que en los primeros eslabones del proceso impere una lógica de trabajo por cumplimiento de metas, donde más personas detenidas y procesadas es igual a mejores resultados. Bajo esta premisa los cuerpos de seguridad estarían presentando un alto número de gente inocente, permitiendo además actos de corrupción que constituyen la salida cotidiana de aquellos verdaderamente responsables que sí fueron contactados por los cuerpos de seguridad y las primeras instancias judiciales.

Es de reconocerse que en la búsqueda de información para la construcción de este índice, México es uno de los países con la mayor cantidad de información documentada, escenario que favorece la medición del crecimiento del fenómeno de la impunidad; sin embargo, y pese a la preocupación mostrada por el gobierno mexicano sus acciones parecen estar mal encaminadas, prueba de ello son las declaraciones del Presidente al referirse a compromisos para impulsar “acciones y reformas para hacer efectivo el derecho humano a la justicia” para acotarlas casi de inmediato hacia la “justicia cotidiana” en un plano familiar, laboral, patrimonial o de consumo, dejando de lado la alarmante incapacidad del sistema en material penal.

Lectura de las dimensiones para México

A pesar de los esfuerzos gubernamentales frente a la reducción de la impunidad en México, el país ocupa uno de los lugares más preocupantes en el ranking del Índice Global de Impunidad. De acuerdo con los resultados, México presenta dos grandes problemáticas identificadas en: la funcionalidad de su sistema de seguridad y en la estructura de su sistema de justicia. De acuerdo con los resultados, el sistema de seguridad no lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o bajo arraigo. Esta situación es completamente diferente en los países menos impunes del ranking, los cuales sí llevan a cabo investigaciones de la mayor parte de las personas con algún tipo de contacto formal con los cuerpos de seguridad —a quienes se les imputa algún delito—.

La segunda gran problemática que genera casos de impunidad en México se sitúa en la deficiencia estructural del sistema de justicia. El índice estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México, con 4 jueces por cada 100 mil habitantes, se encuentra muy por debajo de esta cifra, lo cual es preocupante debido a que se evidencia que la labor de los jueces se ve rebasada por una excesiva carga de trabajo. En comparación con los países menos impunes, éstos cuentan con una proporción incluso por arriba del promedio —por ejemplo Croacia, que cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes— lo cual incrementa la capacidad y debida atención de éstos con respecto a los casos.

El índice ofrece más información sobre la impunidad emanada de los sistemas de seguridad y penitenciario mexicanos sobre la población encarcelada y por las omisiones de delitos. Al respecto de la funcionalidad del sistema de justicia, permite evidenciar su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; y que cuenta con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos. Esta situación, comparada con la de los países con menor impunidad se torna abismal; en éstos, la población detenida sin sentencia es menor —por ejemplo, Croacia reporta un 23%—; presentan una correspondencia de la población encarcelada por homicidios con los casos denunciados.

Respecto de la estructura de los sistemas de seguridad, retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México —355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegado al promedio de la proporción de policías, 332 por cada 100 mil habitantes, identificados en los países del ranking—. Sin embargo, también evidencia la existencia de una sobrepoblación penitenciaria, que deviene y se engarza con un déficit de personal penitenciario para cubrir los servicios mínimos que los reclusos necesitan.

Recomendaciones para México con base en el Índice Global de Impunidad

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad , México tiene dos dimensiones prioritarias a atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Respecto a la primera, el índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad, es decir, en México no se necesita invertir cada vez más en la cantidad de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. Es importante mencionar que la ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial. Respecto a la segunda dimensión, el índice permite hacer notoria la necesidad de tener más jueces dentro del sistema de justicia. Acción que sin lugar a duda impactaría inmediatamente en los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se reduciría el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también la sobrepoblación de las cárceles.

Fuente:

http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf

(22/04/2015)