Comunicado 185/20
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento al compromiso de monitorear la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), hace un llamado al Estado para redoblar sus esfuerzos en la implementación del mismo a fin de garantizar su adecuado cumplimiento y continuar promoviendo la consolidación de la paz en Colombia.
En el marco de la evaluación periódica que la CIDH realiza sobre la situación de derechos humanos en Colombia, desde 2016 ha venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del Acuerdo de Paz, enfocándose en los avances y los desafíos que persisten, en el entendido de que la implementación del Acuerdo va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en esa materia. En este sentido, la Comisión observa que a tres años de la firma del Acuerdo de Paz, se han logrado sustantivos avances en su implementación. Sin embargo, también nota la persistencia de retos importantes en la implementación de los compromisos contenidos en el Acuerdo, particularmente ante la continuidad de la violencia que se concentra en diversos territorios del país en donde la presencia de grupos armados se disputan el control territorial.
En especial, ha observado avances en el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo, como por ejemplo la continuidad en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los territorios. Al respecto, el Estado brindó información a la CIDH sobre la elaboración de una Hoja de Ruta Única que permitiría articular los diversos instrumentos de planeación para determinar el cronograma de las intervenciones públicas en los 170 municipios más afectados por la violencia. La Comisión hace un llamado al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para la implementación de la Reforma Rural Integral. La falta de acceso a la tierra ha sido una de las causas estructurales generadoras de violencia en Colombia, y la Reforma Rural representa una valiosa oportunidad para garantizar un acceso más equitativo a este derecho.
En relación con la participación política contenida en el punto 2 del Acuerdo, la Comisión destaca dentro de los avances observados la participación del partido político FARC en las elecciones locales de 2019, así como la ocupación de 9 de los 10 curules de ese partido político en el Congreso de la República. Al mismo tiempo, observa diversos desafíos como la continuidad de la violencia contra candidatas y candidatos políticos y ex integrantes de las FARC-EP, la falta de modificaciones a las normas que regulan la protesta social, y los retrasos en el establecimiento de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes.
Preocupa de igual forma a la CIDH los retos presentados en la implementación del punto 3 del Acuerdo, relacionado con el fin del conflicto armado. La Comisión ha sostenido que la violencia en Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. Sin embargo, nota con alarma que la violencia se ha enfocado en diversos territorios del país, especialmente en aquéllos que de manera histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio principalmente de líderes sociales.
Para leer el comunicado completo:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/185.asp
(26/08/2020)