Una decena de organismos civiles ha señalado que la creación de la Gendarmería Nacional en México, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, no ha sido sometida a un debate amplio e informado sobre su costo y sus funciones.
Desde luego, será plausible que se debata acerca de un asunto tan importante, siempre y cuando la discusión no se prolongue ad infinitum y sea la perfecta coartada para que las cosas, en materia de instituciones policiacas, sigan como están, lo que sería inadmisible. De lo que no hay duda es de que necesitamos policías de alta calidad profesional, que estén bien equipadas, bien pagadas y bien coordinadas, y de que urge una policía auténticamente nacional —póngasele el nombre que se le ponga—, con presencia suficiente y constante en todo el territorio de la República. Solamente así el Estado mexicano estará en condiciones de volver a tomar el control territorial y estar presente en todo momento en todos los municipios del país. Esa policía deberá jugar un papel central en las labores de inteligencia y coordinación con todas las policías del país.
Dos exigencias a la nueva policía —como a las actuales— son ineludibles: eficacia en la prevención y el combate al delito y escrupuloso respeto a los derechos humanos.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco, ha dicho con toda claridad que “la investigación de las violaciones a los derechos humanos no fue una prioridad en el anterior sexenio. Hubo una negación absoluta de esa realidad. Durante años se negaron sistemáticamente, culpando de ellas únicamente a los carteles o a las propias víctimas de estar vinculadas al crimen organizado”.
De las 27,523 desapariciones entre 2006 y 2012 reconocidas por el actual gobierno federal, la prestigiada organización humanitaria investigó 249. De éstas, descubrió que en 149 estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad: ejército, marina, policía federal, policías estatales o policías municipales.
Vivanco estima urgente que este asunto tenga prioridad en la agenda del nuevo gobierno: “Aquí hay una responsabilidad mayúscula de justicia para resolver la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas en América Latina en las últimas décadas”.
La crisis no sólo estalló en materia de desapariciones forzadas sino también en delitos tan graves como el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso, y está motivada principalmente —además de por factores sociales— por la falta de profesionalización de nuestras policías, el vacío de autoridad en amplias regiones del país y la colusión de policías y delincuentes.
La prioridad no es únicamente que las desapariciones se abatan y que las que ocurran esporádicamente se investiguen con eficacia, sino que lo mismo ocurra con los demás delitos señalados.
En cuanto al costo, por supuesto será elevado, pero nunca tanto como el que estamos pagando por la mala calidad de las policías con que hemos contado. Ω