Por Ismael Eslava Pérez*

A 33 años de que se estableciera la importante efeméride del Día Mundial del Sida (1° de diciembre), hoy debemos reconocer, como lo destacó la Asamblea General de las Naciones Unidas al anunciar la “Declaración Política sobre el VIH/SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030” en junio de 2016, que el VIH y el SIDA siguen representando una emergencia mundial que requiere una atención prioritaria a través de una respuesta que tenga en cuenta que la pobreza y la desigualdad social con frecuencia son causas de su propagación.

En consecuencia, hoy como nunca, el mundo tiene la esperanza de que los Estados nacionales den una respuesta eficaz a la epidemia, tal como se estableció en “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”. En este sentido, en la referida Declaración Política sobre el VIH/SIDA se ratificó la estrategia de “Respuesta acelerada para dar fin a la epidemia del SIDA en el 2030” conocida como 90-90-90, cuyo objetivo consistió -y hoy se hace vigente- en que el 90% de personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico; que el 90% de las personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico reciban tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento logren la supresión viral, lo que significa la disminución del VIH en el cuerpo humano hasta cargas indetectables, lo cual incluso logra evitar su transmisión.

En México, el trabajo del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), desde la Secretaría de Salud, los programas equivalentes de las entidades federativas, las organizaciones civiles  y la suma de esfuerzos de  diversas instituciones protectoras de los derechos humanos, han incidido en que la violación de derechos humanos de las personas con VIH sean denunciadas con mayor frecuencia, contribuyendo a disminuir el estigma, la discriminación y otras violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, aún hay trabajo pendiente. Al mes de marzo de 2018, 75,481 personas en el país se encontraban registradas como seropositivas a VIH (0.06% de la población nacional); tres de cada cuatro personas son hombres lo que representó el 77% (Censida 2018). Entre quienes viven con VIH, poco más de un quinto (21%) tenían entre 20 y 24 años; otro quinto (22%) tenía entre 25 y 29 años, siendo el caso que las entidades donde más residía la población que vive con VIH eran la Ciudad de México (18% del total), Veracruz (12%) y el Estado de México (8%), de acuerdo con datos de CENSIDA de 2018.^[1]

De acuerdo con datos del INEGI, en México murieron 4,573 personas durante 2020 a causa del VIH; 3,815 eran hombres y 758 mujeres. En atención al grupo de edad, las personas de 30 a 44 años registraron la mayor tasa de mortalidad. Las entidades federativas con las tasas más altas de decesos por cada cien mil habitantes se dieron en Quintana Roo, con un 10.25, Colima 9.40 y Campeche con 7.52. Las entidades con las tasas más bajas son Tlaxcala 1.04, Zacatecas 1.17 y Guanajuato con 1.41.^[2]

En 2020, aproximadamente 28% de la población fallecida no contaba con afiliación a una institución de salud. De 2010 a julio de 2021 se diagnosticaron 50,051 nuevos casos de VIH, siendo 2018 el año con mayor registro con 17,429 casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al VIH como una de las pandemias más destructivas de la historia con más de 35 millones de personas muertas en 40 años.^[3]

De acuerdo con datos de ONUSIDA, 37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020; 1,5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2020; 680,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2020; 27,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en 2020; 79,3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia y 36,3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.^[4]

La erradicación del estigma y discriminación es fundamental; no lograremos terminar con la epidemia si no eliminamos la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo, el clasismo y la xenofobia.  No se puede soslayar que los últimos reportes epidemiológicos de la Secretaría de Salud muestran, además, un incremento de casos nuevos en la población en general. Se han diagnosticado y notificado en México 328,791 casos de SIDA hasta el 15 de noviembre de 2021, de los cuales 267,736 son hombres y 61,055 mujeres. Por grupo de edad, de 25-29 años existen 55,252 casos; de 30-34 años hay 50,770 casos; de 35 a 39 años hay 39,140 casos; de 20-2r años existen 37,113 casos y de 40 a 44 años hay 28,069 casos. Por entidad federativa la Ciudad de México reporta 30,847, México 18,916, Veracruz 17,954, Jalisco 13,125 y Baja California 8,314. El número de personas con VIH que se encuentran vivas asciende a 261,439 lo que equivale al 61.27%; las personas que fallecieron ascienden a 111, 229 lo que representa el 33.83% y en situación desconocida 16,123 lo que equivale al 4.90%.^[5]

En cuanto a las categorías de transmisión, la vía sexual representó 264,079 casos; sanguínea 2,865 casos; UDI (usuarios de drogas intravenosas) 3,315 casos, perinatal 4,145 casos y no especificados 54,367 casos.  Las entidades donde la pandemia está creciendo con mayor velocidad, son las del sur-sureste de nuestro país.

En este sentido, es necesario emprender campañas de información sobre el VIH, medidas de prevención, vías de transmisión y derechos humanos relacionados con el acceso a la prueba de detección, tratamiento y confidencialidad del diagnóstico, así como la no discriminación. Garantizar la entrega completa y oportuna al usuario final de los medicamentos antirretrovirales, incluyendo a la niñez, así como avanzar en las Profilaxis Pre y Post Exposición a las poblaciones más vulnerables al VIH. Asimismo, se requiere garantizar la continuidad de los tratamientos, ya que la mayoría de las quejas de la población con VIH, se deben a la falta de abasto oportuno de medicamentos.

Es importante destacar que se requiere extender la cobertura de atención médica para quienes no tiene completo su expediente, a fin de beneficiar a las mujeres embarazadas con VIH y migrantes sin documentos, ya que suelen requerir más tiempo para los trámites respectivos, por lo que muchas de estas personas se quedan sin medicamento antes de contar con asilo o residencia legal.

No se puede soslayar el derecho de todas las personas a conocer su estado serológico para vincularlas a tratamiento, el cual es tan eficaz que permite alcanzar la indetectabilidad e impedir la transmisión del VIH, como se destacó en la Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional de Sida, según el estudio Partner 2, propiciando con ello la desestigmatización del VIH.

En este sentido, gracias a los tratamientos antirretrovirales se incrementa la esperanza de vida de quienes tienen acceso a ellos, sin embargo, aún hay personas que viven con VIH y no lo saben. Las pruebas rápidas que permiten tener resultados en cuestión de minutos no han llegado a las regiones más apartados de nuestro país.

Un aspecto adicional se relaciona con la desigualdad en el acceso a medicamentos y tratamiento del VIH. Precisamente el lema de este año es “Poner fin a las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las pandemias”, lo cual hace evidente la necesidad de terminar con las desigualdades que impulsan el sida y otras pandemias en todo el mundo.

De no terminar con las desigualdades se corre el riesgo de no alcanzar con el objetivo de acabar con el sida para el año 2030, así como de continuar con una prolongada pandemia, a cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida. Lo anterior debido a las desigualades estructurales de naturaleza económica, social y cultural que obstaculizan las soluciones de prevención y el tratamiento del VIH.

Acabar con las desigualdades es un compromiso global que en el año 2015 todos los países se comprometieron a reducir dentro de sus fronteras como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner fin a las desigualdades, poner fin al sida, y la Declaración política sobre el sida adoptada en la Reunión de alto nivel sobre el sida de las Naciones Unidas de 2021 tienen como objetivo acabar con las desigualdades.

Hacer frente a las desigualdades constituye un factor determinante para acabar con el sida, promover los derechos humanos las personas que viven con el VIH, prepara a las sociedades frente a la COVID-19 y otras pandemias, y constituye un elemento de apoyo para la recuperación económica y el desarrollo social.

Corresponde a los Estados nacionales renovar las acciones y esfuerzos para lograr la meta de terminar con esta otra pandemia, así como realizar una capacitación permanente de personas servidoras públicas sobre la normatividad que rige la prevención y atención de quienes viven con VIH y sida, a fin de sensibilizarlas del trato digno y humanitario que se debe brindar en todos los casos.

Para ello se requiere de una estrategia de respuesta rápida que incluya inversiones oportunas y suficientes; focalizarse en los lugares y poblaciones de mayor vulnerabilidad; evitar el desabasto de antirretrovirales; involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables; crear nuevas alianzas; mantenerse firme en cuanto a los derechos humanos y lograr resultados sin dejar a nadie atrás, mediante el fortalecimiento de acciones que busquen: i) mejorar la atención con las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos en materia de VIH y SIDA y con los organismos públicos encargados de la materia; ii) participar en la difusión de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA mediante cartillas, carteles y otros materiales; c) realizar actividades de análisis y debate en torno al tema, a través de conferencias y foros académicos, de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil; d) realizar estudios en materia de salud y derechos humanos a fin de generar propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con VIH y SIDA, y  e) desarrollar programas de educación y capacitación para la prevención, entre otros. El derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución General d la República, obliga al Estado mexicano y a las autoridades en la materia a proveer de los insumos necesarios para prevenir la transmisión del VIH. Por ello, hacer llegar los materiales de prevención, junto con la información respectiva, sigue siendo un reto en materia de derechos humanos. Acabar con la discriminación contra los grupos más afectados por la pandemia, como son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las poblaciones de travestis, transexuales y transgénero y las y los trabajadores del sexo, así como los usuarios de drogas inyectables, o los migrantes, sigue siendo un desafío, no sólo de recursos materiales y humanos, sino de actitud hacia dichas poblaciones.

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